MUY COMPLEJO el fin de semana para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que terminó no solo en la mira de sendas investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría, sino con sus cuentas bancarias y bienes embargados.
De un lado, el sábado la Contraloría General anunció medidas en torno a las denuncias sobre anomalías en la Empresa de Servicios de Cali (Emcali) y otros contratos.
El ente de control fiscal abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca (Impretic´s) y la Unión Temporal Windetec.
La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la Contraloría encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la Policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras. En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854 millones.
Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde Ospina, el secretario de Seguridad y Justicia, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretic´s y los miembros de la Unión Temporal.
Se ordenó, en consecuencia, el embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles de los vinculados y adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría y la Fiscalía.
“… En el caso de Emcali, las investigaciones que he venido realizando con mi equipo nos permiten anunciar la apertura de procesos de responsabilidad fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados”, advirtió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Otros casos bajo investigación tienen que ver con la contratación para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Puerto Mallarino - Fase I.
De acuerdo con la Contraloría, se evidenció el pago de lo no debido con ocasión del Contrato de Obra No. 300-AO-1215-2021 por una cuantía aproximada de presunto daño patrimonial equivalente a $176 millones. Los implicados en este caso son el gerente del Área de Abastecimiento Empresarial, el ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio Asecaf Clarificación Puerto Mallarino. El auto de apertura del proceso cuenta con medidas cautelares de embargo a 21 cuentas bancarias.
También se tomaron decisiones en el proceso de responsabilidad fiscal sobre el contrato para la Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Río Cali (barrio San Antonio). En este caso, el valor del anticipo no fue amortizado, se tienen obras inconclusas y la cuantía del presunto daño patrimonial es de $14.107 millones. En este proceso los implicados incluyen al gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de Emcali y a las empresas contratistas.
Aquí se decretaron medidas cautelares para los contratistas y gerentes de Emcali. Así mismo, se embargaron 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles a estas personas.
En tercer lugar, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal del contrato de “Atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes”, se encontró una subcontratación sin previo aval de Emcali. La cuantía aproximada del presunto daño patrimonial es por $2.418 millones.
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¿Qué dice Ospina?
El alcalde Ospina confirmó que el viernes pasado, estando en Bogotá, se percató del embargo de sus cuentas bancarias.
Sobre el caso del contrato de cámaras, Ospina dijo que “… según información (aún precaria) se debe al hecho de que como alcalde delegué a la Secretaría de Seguridad y Justicia para adelantar procesos para la adquisición de equipos y tecnología para la videovigilancia, y que en el proceso de ejecución de dicho contrato hay presuntas irregularidades”.
“Bien, comprendo el embargo, aunque claramente no adelanté el proceso contractual ni ejecuté el mismo y, según todas nuestras informaciones, se ejecutó a cabalidad y calidad… Asumo con responsabilidad el embargo de mi cuenta por la Contraloría, aspiro a que actúen con celeridad, soy respetuoso del control preventivo de la Contraloría General, que observarán que allí están registrado mis sueldos y pagos de toda la vida, y mis prestaciones sociales como exsenador de la República. Observará que no procedo como alcalde irregularmente… Que revisará lo que ha definido la Corte sobre las delegaciones y cómo no pueden endilgarme responsable por presuntas irregularidades de terceros”.
La Procuraduría General abrió ayer una indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar de la Alcaldía de Cali, por presuntas irregularidades en la firma de múltiples contratos por más de 63 mil millones de pesos con Christian Moreno Herrera, quien al parecer tendría un parentesco en cuarto grado de consanguinidad con el alcalde Jorge Iván Ospina.
El órgano de control indaga si se habría vulnerado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la suscripción de esos contratos, que habrían sido adjudicados entre 2020 y 2022 y en los que aparentemente Moreno Herrera cumplía funciones como socio o representante legal de los consorcios y uniones temporales que resultaban favorecidos.
Al parecer, esos compromisos fueron suscritos con diferentes entidades adscritas a la Alcaldía de Cali, como la secretaría del Deporte y la Recreación, así como la de Vivienda Social y Hábitat; el Departamento Administrativo de la Gestión del Medioambiente y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
Entre otras pruebas, el Ministerio Público revisará los documentos de estructuración, observaciones y contratos suscritos por la alcaldía con Moreno Herrera entre 2020 y 2022, en los que habría actuado como persona natural, socio o miembro de consorcios y uniones temporales o representante legal de empresas contratistas.
Igualmente, pedirá las delegaciones contractuales firmadas por el alcalde Jorge Iván Ospina a las entidades que otorgaron los contratos, así como solicitará información a la Registraduría Nacional relacionada con el mandatario local y el contratista Moreno Herrera.