LA DECISIÓN del gobierno Petro de otorgar estatus político a las reincidencias de las Farc de ‘Iván Márquez’, la 'Segunda Marquetalia’, abrió un fuerte debate en el Congreso por las implicaciones de reconocer dicho estatus.

Como se sabe, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, dijo la semana pasada que hubo un contacto mediante el cual se hizo una declaración conjunta, siendo esta la base de todo. “No es una declaración puramente retórica, sino que señala un compromiso bastante alto e interesante para empezar con el proceso de diálogo”, dijo.

El funcionario agregó: “El inicio de las negociaciones de paz parte de ese reconocimiento político y de la voluntad del Gobierno al solicitar el levantamiento de las órdenes de captura que había en contra del grupo de negociadores de paz que integran esa organización guerrillera, porque ya se hizo el levantamiento de esas órdenes de captura”.

A ello, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, agregó durante un debate en el Congreso de la República que “este año venimos adelantando el Plan 16.000, que implica aumentar en 11.000 soldados profesionales este año, 4.500 en 2025 y 500 en 2026 el pie de fuerza en el territorio nacional para garantizar el copamiento de las diferentes regiones, como lo ordena el presidente Gustavo Petro”.

De la misma manera, se conoció que el Gobierno abrió un proceso de negociación con las disidencias de las Farc que ya tiene un cronograma para la instalación de la primera mesa de conversaciones. La misma se daría antes de finalizar abril en un municipio de Colombia y en ella se espera determinar cuáles serían las condiciones.

Debate

Sin embargo, la decisión del Gobierno de otorgarles estatus político a las reincidencias de las Farc ha generado mucha polémica, ya que se trata de cabecillas y personal combatiente que se desmovilizaron en el año 2016 en el marco del proceso de paz con la administración de Juan Manuel Santos con esa guerrilla, pero que luego incumplieron el acuerdo y reincidieron en el delito.

Como se conoció, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, junto a otros cabecillas como Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’; Seuxis Pausias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, y Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’ regresaron a las acciones armadas en algunas de las regiones del país, en donde el Estado no ocupó los espacios dejados por la insurgencia luego de la firma de paz.

Estos subversivos establecieron un nuevo grupo armado desde el año 2019 y posteriormente se refugiaron en las regiones donde Colombia tiene zonas de frontera con Venezuela, en donde permanecieron ocultos al radar de las autoridades nacionales. Cabe destacar que algunos de los guerrilleros, como alias 'Jesús Santrich', fueron asesinados en Venezuela a causa de rencillas por temas de narcotráfico.

El Gobierno abrió una mesa de negociación con las reincidencias de las Farc, en la que se ha discutido si es posible darles estatus político, ya que el mismo Acuerdo de Paz del 2016 tiene rango constitucional, advirtiendo que todo aquel que incumpla con los beneficios y reincida en el delito perderá todos los beneficios de justicia transicional y gabelas políticas que se les ofrecieron en ese entonces.

De hecho, al comienzo de este gobierno, ante la dificultad de otorgar el estatus político, la administración Petro contempló la posibilidad de presentar al Congreso un proyecto para el sometimiento a la justicia de grupos que no tienen estatus político, donde podría estar la 'Segunda Marquetalia’.

Sin embargo, luego se fue abriendo paso a la tesis controvertida del Gobierno de que 'Márquez' y 'Santrich' pudieron haber sido víctimas de un “entrampamiento” por parte de la Fiscalía que los quería involucrar en narcotráfico y extraditarlos a los Estados Unidos. Ese argumento ha sido descartado tanto por autoridades nacionales como internacionales.

Las implicaciones

EL NUEVO SIGLO habló con ex comisionados de Paz y con congresistas sobre las implicaciones de otorgar estatus político a la 'Segunda Marquetalia’. 

El ex comisionado de Paz Víctor G. Ricardo advierte que “frente al levantamiento de las órdenes de captura de la ‘Segunda Marquetalia’, debo manifestar que, de acuerdo con la norma, se establece que otorgado el carácter político de un proceso de paz, según la Ley 148 y las leyes que la han modificado, adicionado o aclarado, pueden los grupos alzados en armas nombrar voceros o representantes, caso en el cual para adelantar los diálogos las autoridades competentes pueden solicitar el levantamiento de las órdenes de captura”.

Igualmente sostiene: “Lo que hay que analizar es no tanto el levantamiento de las órdenes de captura, sino si se cumplieron los pasos que la ley establece para poder hacerlo y en efecto el gran análisis es: ¿qué opina la gente sobre el establecimiento de los diálogos con los miembros de la 'Nueva Marquetalia'? El caso de las Farc también es conocido por la opinión pública que en el gobierno del expresidente Santos se firmó un acuerdo de paz con ellos y hubo unas disidencias que, en el caso de 'Iván Márquez', fue quien no lo suscribió”.

Además, el ex comisionado de Paz Juan Camilo Restrepo señaló: “Este es un entierro de tercera y el gobierno del presidente Petro es el sepulturero del proceso de paz que se firmó en el año 2016 en el teatro Colón. Distinto a lo que ocurrió en nuestro gobierno bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, donde honramos la palabra y les dimos cumplimiento a los acuerdos de paz. Es muy lamentable, porque este gobierno que se dice de izquierda es el sepulturero del proceso de paz con ‘las Farc’”.

Posteriormente, el senador Carlos Fernando Motoa expresa: “Se debilitan el Acuerdo de La Habana y la credibilidad del Estado colombiano. Ya en 2016 el presidente Santos había advertido: 'quien no se acoja a lo pactado en Cuba o reincida, será tratado como cualquier otro criminal', pero Petro, desoyendo a su predecesor, ofrece una segunda oportunidad que no sólo viene acompañada de un reconocimiento inmerecido de parte del Gobierno Nacional, sino del dolor de miles de colombianos que llevan décadas exigiendo verdad, reparación y no repetición. Con esta decisión el presidente Petro les dice a los sectores del Eln que se resisten a participar de la negociación en Venezuela, que al igual que los disidentes y reincidentes de las Farc, tendrán futuras oportunidades de hacer la paz, es decir, que no hay prisa. Y enviando así un mensaje equivocado al resto de la sociedad: alzarse en armas contra el Estado e irrespetar los arreglos judiciales no tiene mayores consecuencias. En últimas, se están fomentando la impunidad y la violencia”.

Al respecto, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, explica: “Pareciera que asesinar colombianos es el mayor mérito que tenga una persona como 'Iván Márquez', quien después de varios procesos de desmovilización, ajustaría el tercer perdón político si se llegara a concretar algún tipo de negociación con el gobierno Petro. Fue beneficiario de la inmunidad política cuando pasó de las Farc a la UP, luego fue beneficiario de la inmunidad política y judicial cuando suscribieron el acuerdo de La Habana, el cual desestimó y traicionó y se dedicó al narcotráfico”.

Nueve integrantes

Estos son los nueve integrantes de las reincidencias de las Farc a los que se les levantó orden de captura, según la oficina del alto comisionado para la Paz. Primero está José Aldinever Sierra, conocido como ‘Zarco Aldinever’ y exjefe del Frente 53 de las extintas Farc. También están José Vicente Lesmes, conocido como ‘Wálter Mendoza’, y Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’.

La lista la integran además Giovanny Andrés Rojas, conocido como 'Araña'; William Danilo Malaver, alias ‘Gerson González’; Luis André Figueroa, alias ‘Popeye’; Allende Perilla Sandoval, alias ‘Allende’; José Darley Malagón y Henry Quiñones Angulo.

Son los designados por esa insurgencia como integrantes del equipo negociador de paz de la ‘Segunda Marquetalia' y a quienes ya se les levantaron las órdenes de captura desde la Fiscalía.