La protección del medio ambiente es el común denominador en los partidos políticos en Colombia y de senadores y representantes a la Cámara. Con este propósito son varios los proyectos de ley dedicados a la biodiversidad, los animales, los ecosistemas, entre otros.

A estas iniciativas se suman los pedidos de ministerios, organizaciones no gubernamentales, líderes ambientales y otras entidades civiles. 

Sin duda el objetivo principal es conservar los recursos naturales y su entorno, así como reparar los daños y revertir las tendencias.

EL NUEVO SIGLO hizo una recopilación de los proyectos que buscan regular, vigilar y solucionar múltiples problemas ambientales, y entre ellos se destacan:

En primer lugar, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, radicó el proyecto de acto legislativo por medio del cual se incluye el derecho fundamental al agua.

La iniciativa busca que todas las personas tengan derecho al acceso al agua potable, de acuerdo con los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y universalidad. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará el mínimo vital de agua potable, así como la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.

Lozano también radicó ante el Congreso otro proyecto de ley por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009, para prevenir y castigar las infracciones al ambiente que impliquen daños a los ecosistemas y maltrato o tráfico de fauna silvestre. “Es fundamental que el procedimiento sancionatorio se haga de forma efectiva para eliminar los incentivos a estas conductas que atentan contra la biodiversidad”, señala el documento.

De acuerdo con lo anterior, el objeto del proyecto es erradicar el sufrimiento extremo e innecesario producido a los ejemplares de fauna silvestre rescatada o decomisada por las autoridades ambientales, en los casos que requiera ser transportada para recibir tratamientos y rehabilitación con condiciones específicas, y con carácter de urgencia a centros especializados donde recibirán atención para garantizar su bienestar.

Así mismo, la senadora Andrea Padilla Villarraga, del partido Alianza Verde, presentó el proyecto de acto legislativo que busca reglamentar la ley de Acción de Protección Animal. Este consiste en que cualquier persona podrá reclamar ante los jueces, la protección inmediata de cualquier animal, con el fin de que se proteja eficazmente ante situaciones que vulneren o pongan en peligro su vida, su salud, su dignidad, su bienestar físico o emocional. 

De otro lado, Padilla anunció la radicación de un proyecto de Ley tendiente a prohibir la exportación de ganado en pie desde Colombia.

La iniciativa, que quedó rotulada como proyecto de Ley 103 de 2022, pretende prohibir progresivamente la exportación marítima de animales en pie con fines de consumo.

Además, propone un tope máximo de exportación de 200 mil animales y a partir de ahí ir reduciendo progresivamente las cantidades hasta llegar a cero en los cinco años de expedición de la norma.

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Fracking y Escazú

Igualmente, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe radicó la iniciativa donde se crea el delito de fracking.

La ley pretende prohibir en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales y la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico. Según el texto, busca obligar al Gobierno a reformular la política pública de transición energética.

Asimismo, los 70 congresistas de distintos partidos, organizaciones ambientales y organizaciones sociales radicaron en el Congreso colombiano un proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva la explotación de yacimientos no convencionales y la técnica del fracking en el país. Ordena, además, la formulación de una “Política de transición energética justa”.

Aunque es la cuarta vez que radican en el Congreso este proyecto de ley contra el fracking, esperan que esta vez sea la vencida, ya que cuentan con un parlamento renovado, en el cual un importante número de congresistas se oponen a esta práctica de explotación petrolera.

La iniciativa busca también detener los proyectos piloto que impulsó el Gobierno anterior en Puerto Wilches, Santander, que no tenían en cuenta la oposición expresada masivamente por los habitantes, y que ponen en riesgo el agua, la salud y la biodiversidad del Magdalena Medio.

Otro de los proyectos que se ha venido trabajando desde el Gobierno anterior es el del Acuerdo de Escazú. Este pretende garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Toros y palma de cera

Otra de las iniciativas que involucra a varios integrantes de partidos políticos, quienes ya se encuentran listos en sus comisiones respectivas para debate, es el proyecto de Ley 07, por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional, como expresiones de maltrato, crueldad y violencia.

También está el proyecto de Ley 09 por medio del cual se crea el sello de certificación “carne bovina libre de deforestación”; está, asimismo, el proyecto de Ley 011 de este año, por medio del cual se crea la licencia ambiental para la construcción o ampliación y operación de cementerios y se dictan otras disposiciones a fin de controlar la contaminación y proteger el ambiente y la salud de los seres vivos.

Por la misma línea se encuentra el proyecto de Ley 013, por medio del cual se crea la política de prevención de la pérdida y  desperdicio de alimentos con el objetivo de fortalecer las medidas que allí se adoptan y hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente, la reducción del hambre y la protección estatal frente a la producción de alimentos.

También se busca la preservación de la palma de cera mediante el proyecto de ley que establece medidas para la conservación de este árbol como símbolo nacional.

Del mismo modo, cursa en el Congreso la iniciativa de la consulta previa que regula el derecho de la participación ciudadana de personas afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, para que la comunidad tenga poder de decidir sobre la ejecución de este tipo de iniciativas.