Una vez más las reformas al Congreso se ponen sobre el tapete. Dentro de los más de 180 proyectos de ley y acto legislativo que se han radicado en menos de diez días en el Senado y la Cámara que se instalaron el pasado 20 de julio, son varias las iniciativas que buscan modificar la que es, sin duda alguna, una de las instituciones más desprestigiadas dentro del aparato estatal colombiano.

Ese alud de proyectos no es una sorpresa, ya que tanto en la campaña parlamentaria como en la presidencial este fue uno de los debates más recurrentes, ya que cada aspirante planteó ante el electorado su propia fórmula para acabar con los vicios más conocidos y criticados del Congreso.

Ese no es, entonces, un tema nuevo. De hecho, ya parece una ‘costumbre’ política colombiana que en el arranque de un nuevo Legislativo se abra paso una ‘reformitis’ de la institucionalidad parlamentaria. Paradójicamente, desde que entró en vigencia la Carta del 91 han sido múltiples los intentos de modificación del Congreso pero muy pocos han salido avante. Y a ello habría que sumar que una parte importante de las reformas políticas que efectivamente pudieron ser aprobadas por senadores y representantes, terminaron luego siendo declaradas inexequibles total o parcialmente por la Corte, en la mayoría de las ocasiones por errores de trámite.

De hecho, esa fue la suerte que corrió la última gran reforma a temas relacionados con el Congreso. Como se recuerda, a finales de 2020 se aprobó un acto legislativo que ajustaba el Código Electoral pero en mayo pasado, tras más de un año esperando el fallo, el alto tribunal declaró inconstitucional el articulado debido a que se aprobó en sesiones extraordinarias, un vicio de trámite más que evidente.

Aunque esa reforma era más que todo procedimental en materia electoral, traía algunos artículos que eran claves para la escogencia del Congreso. Por ejemplo, planteaba que las listas de candidatos fueran paritarias, establecía nuevos procesos para avales y revocatorias de inscripciones o que se ampliara en una hora la jornada de votación…

Paradójicamente una de las razones de la organización electoral para impulsar ese proyecto de reforma al Código Electoral referido exclusivamente a temas procedimentales fue que así tenía mayores posibilidades de salir aprobado. Por el contrario, se pensaba que el tema se complicaría sustancialmente si se le añadían asuntos de alta controversia propios de una reforma política de fondo, como el tamaño del Congreso, el número máximo de reelecciones en cada cámara, la reingeniería a la jurisdicción electoral, la eliminación del voto preferente, el debate sobre la circunscripción nacional para escoger el Senado, la edad mínima para ser parlamentario, la discusión sobre la participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas, el régimen partidista, la ampliación de mecanismos de democracia interna en las colectividades, el voto programático, el ajuste al régimen de incompatibilidades e inhabilidades o más drasticidad en herramientas anticorrupción como la ‘silla vacía’ o las causales de pérdida de investidura…

Aunque al comienzo del mandato el gobierno Duque alcanzó a presentar una reforma con varios de estos aspectos, el proyecto se hundió porque la Casa de Nariño no tenía los votos para sacarlo adelante, ya que en los partidos de su coalición primaron los intereses de cada colectividad.

Incluso, en medio de la pandemia y ante el alud de críticas al Congreso por los altos salarios de los parlamentarios, se presentaron varios proyectos para congelar o bajar los sueldos así como para recortar los periodos vacacionales. Las iniciativas, impulsadas unas por el uribismo y otras por la entonces minoritaria coalición de izquierda, no salieron adelante en medio de un cruce de señalamientos entre esos bandos políticos.

Paradójicamente un proyecto que sí salió avante fue una polémica reforma parcial a la Ley de Garantías Electorales, que el Gobierno incluyó en la ley de presupuesto general para 2022 aprobado a finales del año pasado. Sin embargo, la misma Corte declaró inexequible esa modificación en mayo reciente.  

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Vuelve y juega

Con el arranque de este nuevo Congreso, en el que por primera vez la coalición de izquierda es mayoritaria en ambas cámaras, obviamente porque cuenta con el apoyo de partidos tradicionales como La U y los liberales, volvió a ponerse sobre el tapete la urgencia de una reforma política.

Prueba de ello es que, aduciendo que eso fue lo que prometieron en campaña, esta semana tres partidos radicaron sendos proyectos de acto legislativo, no tanto planteando la reforma política estructural que se pensaba, sino referidos única y exclusivamente al Congreso.

La propuesta del Pacto Histórico es congelar el salario de los congresistas hasta julio de 2026 y a partir de esa fecha limitarlo a 25 salarios mínimos mensuales; disminuir sus vacaciones (para lo cual el segundo tramo de cada legislatura comenzaría el 20 enero y no el 16 de marzo); limitar a tres periodos la reelección de congresistas; y ampliar las causales de pérdida de investidura para castigar el ausentismo o la obtención de cuotas o prebendas burocráticas a cambio del voto de proyectos y mociones de censura. Después presentarán iniciativas para reformar la Ley Quinta o reglamento interno del Congreso así como para crear el Sistema Integral de Rendición de Cuentas.

El Centro Democrático, ahora en oposición y minoría, también radicó un proyecto al respecto, aunque con mayor alcance que el del Pacto Histórico. El uribismo plantea una reducción del Congreso, equivalente a 30% de curules menos en el Senado y 20% en Cámara; la disminución inmediata del salario de los congresistas, primero imponiéndoles un impuesto del 20% y la congelación del sueldo a partir del 2026 en 23 salarios mínimos; y la reducción del período de vacaciones en dos meses (es decir, que se comenzaría a trabajar el 16 de enero y no el 16 de marzo).

A su turno, Cambio Radical también propuso que el segundo periodo de sesiones inicie el 16 de enero y no el 16 de marzo, llevando a que el Congreso trabaje diez y no solo ocho meses al año.

Polémica inmediata

Paradójicamente las tres iniciativas dieron lugar a amplio debate entre los parlamentarios, los analistas, prensa y ciudadanía. De un lado, se criticó fuertemente que la rebaja salarial solo pueda aplicarse a partir de 2026 (esto bajo el controvertido supuesto de que disminuir desde ahora el sueldo sería inconstitucional).

Pero también se abrió una discusión en torno a por qué se apuesta, sobre todo desde la coalición mayoritaria del gobierno petrista, a una reforma política de tan bajo alcance. Para algunos congresistas, se debería aprovechar para impulsar una reingeniería de fondo a todo el sistema político y electoral, no solo porque se cuenta con la votación suficiente para sacarla avante en Senado y Cámara, sino porque es urgente tapar los vacíos dejados por la caída de la reforma al Código Electoral y corregir las falencias que llevaron al escandaloso desfase de un millón de votos en los comicios de Senado en marzo pasado.

Tampoco faltan los que consideran que con las elecciones regionales y locales a menos de 15 meses, la prioridad no es bajar el salario de los congresistas ni reducir sus vacaciones, sino una reforma electoral exprés y muy puntual que permita corregir los principales vicios de corrupción, clientelismo y delitos contra el sufragio. Esa iniciativa, de índole legal y no constitucional, debería ser aprobada este año, enviada a control previo de la Corte y que el fallo de la misma se pueda dar antes de junio del 2023. Esto permitiría aplicarla para la cita en las urnas de octubre del próximo año.

Como se ve, una vez más el tema de la reforma política está bajo debate. Igual ha ocurrido en anteriores gobiernos y fue poco lo que finalmente se aprobó en el Congreso y entró en vigencia. Falta ver qué hará este nuevo Legislativo, pero por ahora las propuestas de cambio son claramente de muy bajo alcance, sin tocar los temas más gruesos y problemáticos.