LA AUDIENCIA de imputación de cargos contra el coronel el jefe de Seguridad de la Presidencia de la República, Carlos Feria, la cual se desarrollaría este miércoles fue aplazada.
La diligencia no fue realizada en vista de que una de las abogadas presentó ante el Juzgado 23 de Control de Garantías una incapacidad médica. Hasta ahora, se desconoce una nueva fecha para llevar a cabo dicha acción.
Como es sabido, Feria sería imputado por los delitos de peculado por uso, constreñimiento ilegal y abuso de función pública, al ser vinculado con las pruebas anómalas de polígrafo contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Estos mismos cargos van a recaer sobre el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad y el poligrafista Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.
También se supo que un juez penal de conocimiento de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento intramural en contra de tres integrantes de la Policía Nacional que habrían participado en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dos exempleadas de Sarabia.
La decisión rechazó de plano las pretensiones de los defensores de los uniformados y reafirmó que se cumplen todos los presupuestos legales para que sigan privados de la libertad el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y el patrullero Jhon Fredy Morales Cárdenas.
Adicionalmente, revocó el pronunciamiento de primera instancia que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad a otras de las posibles implicadas, la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla. En ese sentido, el juez penal de conocimiento ordenó la captura inmediata de la funcionaria para que sea puesta a disposición del INPEC y trasladada a un establecimiento carcelario.
Medidas cautelares
Medidas Cautelares para Marelbys Meza pidieron sus abogados, Iván Cancino y Víctor Mosquera, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que la mujer de 51 años se encuentra en “riesgo inminente”.
En medio de su petición, los representantes legales hacen referencia a amenazas a la integridad y vida de la exempleada doméstica, luego de hacerse públicas denuncias de interceptaciones ilegales en su contra, por ser considerada como la principal sospechosa de la pérdida de dinero en efectivo de la residencia de la exjefa del Gabinete de Gobierno de Gustavo Petro, donde trabajaba como niñera.
“La señora Marelbys Meza es una mujer de 51 años de edad, de origen humilde, que durante los últimos años de su vida se ha desempeñado como niñera y empleada doméstica de altos funcionarios del actual Gobierno de Colombia, llegando a ser una empleada de confianza”, afirmaron los abogados.
Asimismo, dijeron que ahora mismo, la exniñera de Sarabia se encuentra “frente a una grave situación que puede tener un serio impacto por acción u omisión sobre sus derechos protegidos a la vida e integridad personal, estableciéndose un escenario de irreparabilidad sobre sus derechos”.
Tras narrar la historia de Mesa, tanto Cancino como Mosquera también hicieron un llamado de atención por la designación reciente de Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social.
“A pesar de encontrarse siendo investigada por haberse valido del servicio de inteligencia de la Presidencia para forzar a la propuesta beneficiaría a practicarse una prueba de polígrafo, la señora Laura Sarabia fue designada por el presidente de la República como la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS)”, afirmaron los representantes legales.
Como se sabe, la petición de medidas cautelares para Meza fue anunciada por Cancino y Mosquera en octubre. A través de un escrito publicado por redes sociales, hicieron la confirmación, alegando que tras las denuncias por lo que vivió la exniñera de Sarabia, la mujer “teme que sean tomadas represalias en su contra y de los miembros de su familia”.