CON LAS primeras sanciones por parte de la Procuraduría a funcionarios implicados cierra este año el grave caso de corrupción que se presentó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), investigación que sigue en 2025 en la Fiscalía, la Corte Suprema, la Contraloría y el Consejo de Estado. Es el peor escándalo hasta ahora para el Gobierno y el Congreso porque los principales testigos aseguran que la Casa de Nariño, supuestamente, entregó dinero y contratos a congresistas para que le aprobaran las reformas y poder solicitar empréstitos a nivel internacional.

El caso reventó a principios de este año porque medios pusieron la lupa sobre lo que ocurría con 40 carrotanques que había adquirido la Ungrd para llevar agua a La Guajira, buscando mitigar los efectos de sequía extrema por el fenómeno del Niño que se vivió con mayor fuerza en los últimos meses del 2023, pero que llevaban meses parqueados en un batallón en este departamento al sol y al agua sin prestar servicio alguno.

El entonces director de la Ungrd, Olmedo López, explicó en medios que “no se han usado porque están pendientes sus pólizas todo riesgo”. No obstante en febrero de este año, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones por la contratación de los carrotanques, y fue entonces que el por esos días subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, tal vez porque las irregularidades era tan evidentes, decidió decir a la revista Semana que como parte de la corrupción que se generó en este y otros contratos, le entregaron plata a congresistas para que, supuestamente, ayudaran a la aprobación de las reformas de la Administración Petro.

Pinilla dijo que le hizo llegar por medio de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, $3.000 millones al por esos días presidente del Senado, Iván Name, y que él (Pinilla) viajó a Montería para entregar al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, en su apartamento $1.000.

En lo que pareció un efecto dominó tras la confesión de Pinilla, Olmedo López aceptó que participaron en graves hechos de corrupción en la Ungrd aprovechando la contratación para llevar agua a La Guajira.

López dijo que dio instrucciones a Pinilla de buscar recursos en dicha contratación con el fin de entregar plata a por los menos una decena de congresistas. Sostuvo que actuó en ese sentido porque supuestamente recibió órdenes en un cónclave en la Casa de Nariño en noviembre del 2023, en el que según él participaron altos funcionarios del Gobierno, algunos de ellos ministros.

A continuación, cómo se han desarrollado las investigaciones y cuáles son las principales consecuencias derivadas de este reprobable hecho.

1. Primeros sancionados

En fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años a Olmedo López; y de 20 años a Sneyder Pinilla por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques. La entidad sancionó también con destitución e inhabilidad general por 10 años al exsubdirector general, Víctor Andrés Meza Galván.

2. Privados de la libertad

Los exfuncionarios con medida de aseguramiento intramural por solicitud de la Fiscalía son Olmedo López; Sneyder Pinilla; Sandra Ortiz; Luis Barrero Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd; y Pedro Rodríguez Melo, exasesor de la Dirección de esta entidad.

También están privados de la libertad el empresario Luis López Rosero, quien prestó el nombre de tres empresas suyas para una licitación amañada para la compra de los 40 carrotanques, y el abogado Edgar Riveros Rey.

3. ¿Quiénes han renunciado?

Olmedo López fue el primer funcionario en renunciar el 29 de febrero, un día después de que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, anunciara que presentaría una denuncia en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de los carrotanques.

Mientras que Pinilla renunció el 6 de marzo y Sandra Ortiz hizo lo propio el 16 de mayo, señalando que es inocente y dejaba el cargo para concentrarse en su defensa.

Igualmente, el pasado 26 de julio dimitió Carlos González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Olmedo López dijo que en la oficina de éste cuando estaba al frente del Dapre (Departamento Administrativo de Presidencia) se hizo la reunión en la que, supuestamente, altos funcionarios del Gobierno le dieron instrucciones para entregar plata y contratos a algunos congresistas.

En tanto, el pasado 4 de diciembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, renunció después de que medios dieran a conocer la declaración que su exasistente en el ministerio, María Benavides, entregó a la Fiscalía. La exfuncionaria dijo que Bonilla presionó la entrega de tres contratos por más de $90.000 millones a congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público, para que aprobaran la solicitud que éste pensaba hacer de varios créditos con la banca internacional.

También el primero de noviembre renunció el director de Función Pública, César Manrique, tras ser mencionado por Olmedo López y Pinilla.

4. Exfuncionarios investigados

La Fiscalía abrió una investigación el pasado 18 de julio al entonces ministro Ricardo Bonilla; a Carlos González y al exministro del Interior Luis Velasco, por lo que han declarado Pinilla y López.

La Procuraduría abrió indagación en julio pasado por presunta participación en este entramado de corrupción al entonces ministro de Bonilla, al exministro Velasco y a Carlos González.

5. Los congresistas

La Sala de Instrucción de la Corte abrió el 5 de noviembre investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

En tanto que la Corte Suprema el 12 de noviembre dio apertura a investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio.

La decisión cobijó a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.

Los parlamentarios hacían parte de la Comisión de Crédito Público en la que supuestamente el Gobierno dio contratos para obtener el aval y poder solicitar empréstitos a cargo de la nación.

6. ¿Cuánto dinero está embolatado?

La Fiscalía debe aclarar cuánto dinero se perdió en la Ungrd. Olmedo López dijo que fueron $380.000 millones, que serían $180.000 en contratos y $200.000 para entregar a congresistas.

Sin embargo, Carlos Carrillo, quien reemplazó a López en la dirección de la Ungrd, dijo que “aquí se deben haber perdido billones de pesos”.

Según la W, se perdieron $1,2 billones en la administración de Olmedo López en siete contratos: el alquiler de carrotanques, por $35.000 millones; el de plantas desalinizadoras de los vehículos, por $42.000 millones; el de ollas comunitarias de La Guajira, por $20.000 millones; el de la compra de los carrotanques, por $46.000 millones; el de la construcción de mil jagüeyes por $75.000 millones; el fondo de interés colectivo por $400.000 millones y el Plan 700, por $700.000 millones.

En tanto que la Procuraduría dijo ayer en el fallo sancionatorio a Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre la compra de los carrotanques por más de $46.000 millones, que “los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres autorizaron un pago superior a los $16.000 millones por la totalidad de los vehículos, lo que representó un incremento superior al 54% frente a los precios reales del mercado”.