DESDE EL pasado 14 de agosto, el Gobierno nacional hizo la presentación del proyecto para el Presupuesto General de la Nación PGN 2025 y que según el ejecutivo el país requiere una bolsa de gastos cercana a los $523 billones, de los cuales $12 billones equivalen a una ley de financiamiento que también debe ser aprobada en el Congreso.
Desde hace dos semanas, las comisiones económicas se encuentran en reuniones con los ministerios y entidades nacionales, recibiendo los informes sobre los gastos va a destinar cada cartera del gabinete, y entidad para su funcionamiento durante la vigencia 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
Las controversias no han faltado, pues varios congresistas no están de acuerdo en que se aprueben los $12 billones de pesos en esa polémica ley de financiamiento, para varios de los parlamentarios esa propuesta no es más que una reforma tributaria disfrazada de ley.
Además, los congresistas consideran que esos $12 billones no deben ser condicionados por el Gobierno, ante el Congreso para su discusión en el proyecto de Presupuesto General. Al respecto, EL NUEVO SIGLO consultó con senadores y representantes ponentes sobre estos dos aspectos, y esto explicaron.
Separación de la discusión
Inicialmente, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, dice que “El gobierno juega con fuego al intentar aprobar una reforma tributaria que podría golpear nuestra competitividad, diciéndole a los congresistas del Caribe: “Permítanme solucionar su problema con $2 billones a costa de cargar $12 billones a los contribuyentes”, cuando cada vez somos menos competitivos. Tengan la plena seguridad de que no vamos a ser manipulados con chantajes legislativos. Por si el gobierno lo olvida, la bancada Caribe, una de las más grandes, hoy tiene a uno de sus miembros presidiendo el Senado de la República. Exigimos respeto y seriedad en el trato hacia nuestra región”.
Por su parte, el también senador y Efraín Cepeda advierte que “no se debe contaminar la discusión del Presupuesto General de la Nación con la discusión de la reforma tributaria, así lo hicimos saber en reunión de coordinadores y ponentes del presupuesto. El orden debe ser: se debate y aprueba el presupuesto, posteriormente se discute la ley de financiamiento o reforma tributaria, y finalmente un presupuesto adicional”.
De igual manera, la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, aseguró que “aparece además la ley de financiamiento que el Gobierno da por hecho que el Congreso va a aprobar, y que es otra reforma tributaria por 12 billones de pesos, ¿cuál es el problema? que nadie conoce esa propuesta, en ese sentido no veo ambiente para ponerle más impuestos a los colombianos y no debe ser discutida en el presupuesto 2025”.
A su turno, el senador Guido Echeverri aseveró que “hay que entender que esos proyectos se excluyen; creo que sería más sano ajustar radicalmente el gasto para que el Gobierno no tenga que presentar un proyecto de presupuesto deficitario para la vigencia que viene en el año 2025”.
Igualmente, el representante del Centro Democrático, Wilder Escobar, explicó que “en las regiones la gente se llena de esperanza cuando oye hablar del Presupuesto General porque piensa en inversión y vamos a cumplir con esas promesas a través del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, se nos presenta en el monto general, una ley de financiamiento. Es un proyecto sobre el cual no hay claridad frente a contenido de la ley y a que sectores van esos recursos. Si son para reforzar los gastos de funcionamiento o en su defecto destinados a la inversión, o para cumplir con el compromiso de la deuda. Pero para claridad, le he propuesto al Gobierno que permita el debate del presupuesto sin la ley de financiamiento”.
En este sentido el representante Wadhit Manzur señaló que “¿dónde está esa plata?, porque yo represento al departamento de Córdoba donde este Gobierno no ha hecho ni una sola inversión. Le hemos dicho al Gobierno con respeto que armonicemos el presupuesto. Por qué no hacemos una reforma tributaria en lugar de una ley de financiamiento. Desglosemos los gastos de funcionamiento de Gobierno, de los cuáles no todos son obligatorios y no sometan en esta discusión del presupuesto una ley de financiamiento. Por qué vamos a llevar al Congreso obligado a que voten esa ley de financiamiento, sin nisiquiera conocer el texto”.
Sin condicionamientos
Así mismo, el senador Mauricio Gómez señala que “el intento de condicionar la Opción Tarifaria a la aprobación de una Reforma Tributaria de 12 billones de pesos, así a las patadas, con jugaditas o los famosos ‘articulitos’, es inaceptable. El Senado de la República no está para ese tipo de juegos. Nos quedamos esperando el pasado 20 de julio la radicación del proyecto que tanto prometieron para que la Nación asumiera la Opción Tarifaria, pero, como es común, no cumplieron. Si el gobierno realmente quiere cumplir con lo prometido, debe presentar proyectos separados, con transparencia y seriedad”.
Sobre el particular, Efraín Cepeda aseguró que “debemos ser responsables con la estimación de recursos y la aprobación del presupuesto. Proyectos tan sensibles como la reforma tributaria deben analizarse detenidamente. No por mucho madrugar amanece más temprano. La propuesta que tenemos es que se discuta el presupuesto sin el financiamiento de los $12 billones y que si se aprueba algo adicional se discuta una ley tributaria”.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano agregó que “se debe mejorar la transparencia y comprensión del Presupuesto Nacional 2025, facilitando el acceso a la información y promoviendo la participación ciudadana. Las cifras del Presupuesto General de la Nación no cuadran, las cifras del proyecto de Presupuesto no coinciden con las que el Gobierno le entregó al Marco Fiscal de Mediano Plazo, así que, si las cuentas dan, no nos embalamos en algo tan duro e innecesario como una reforma tributaria”.
De igual manera, el senador Guido Echeverri indicó que “estoy de acuerdo; porque, aunque ambos son temas referidos a la situación fiscal del país, tienen escenarios distintos para efectos de su abordaje y tratamiento. Lo responsable es asumir con realismo la crisis fiscal, sin descargar de nuevo en la gente la carga de asumir sus costos. El gobierno debe hacer lo suyo, y es limitar el desbordado e ineficiente gasto público”.
Por su parte, el representante Wilder Escobar argumentó que “entendiendo que es necesaria para los colombianos, luego de aprobarse el presupuesto, se debata la ley de financiamiento cuando conozcamos su contenido. Además, porque el debate debe darse de cara al país y a los congresistas, se determine a que rubros irían esos 12 billones de pesos y se integren a través de una adición presupuestal discutida sin presiones”.
Seguidamente, el representante Manzur dijo que “este gobierno se le han ido dos años prometiendo obras. Después, han llegado a los territorios a decir que no hicieron las inversiones porque no tienen la plata. Le exigimos al Gobierno que, sin condiciones, nos diga cómo va aplicar este presupuesto General, porque nos están llevando a un 2025 lleno de especulaciones”.