Un debate sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la noche del martes en la plenaria del Senado, se convirtió en la primera ‘batalla’ librada entre el Centro Democrático y el partido Farc, de las muchas que seguramente se darán mientras ambas fuerzas políticas estén presentes en el Congreso.

Las primeras chispas saltaron cuando se mencionó la extradición de Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich), a quien se acusa de narcotráfico, durante el debate control político citado por el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sobre el aumento del consumo de sustancias psicoactivas que se ha dado en los últimos ocho años.

Al intervenir, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que existían las pruebas suficientes para que Santrich fuera extraditado a los Estados Unidos.

“Participamos activamente cuando el gobierno del presidente Santos decidió suspender la extradición de los cabecillas. Ahí tienen a Santrich, que ni lo quieren extraditar a pesar de que hay evidencia de que estuvo en los negocios", dijo.

El señalamiento fue respondido casi inmediatamente por el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), para quien "Santrich hoy en día está preso ilegalmente, como lo ha dicho incluso el último pronunciamiento de la Corte. Esta reconoce que se detiene a Santrich sin tener pruebas. Pero, si tienen pruebas, que las presenten".

El ambiente siguió calentándose cuando pidió la palabra el senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, quien se refirió a los congresistas del partido Farc como “violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos”, precisando que “eso es lo que ha hecho el narcoterrorismo de las Farc” y que “no porque estén aquí sentados resulta que sus crímenes que hicieron por 50 años y la sangre de colombianos derramados no existen”.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, copartidario de Valencia y Mejía, trató de calmar los ánimos de la plenaria, pero Lozada no dejó enfriar el asunto y volvió a intervenir asegurando que el partido de gobierno se opone a la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad porque “le temen más a la verdad que a la cárcel”.

¿Verdad o cárcel?

Con la pelea ya casada, el senador Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, no se pudo aguantar y manifestó que “si a mi persona le llegaran a probar la infamia de que fui determinante del asesinato de Jesús María Ovalle no podría seguir aquí; pero aquí están sentados asesinos con largas condenas que no pagaron ni un día de cárcel".

Según Uribe, “eso va a tener que pensar este país, que la injusticia es al revés, señor Presidente. Cualquier tercero, cualquier expresidente que sea condenado por un delito de esos no tendrá derechos políticos y tendrá que ir a la cárcel 20, 30, 40 años, señor Presidente. Esa es la diferencia”.

“Una vez dijeron que si el país les permitía la elección de alcaldes y gobernadores dejaban la lucha armada. El país aprobó esas reformas. Se convirtieron en asesinos de alcaldes y gobernadores, saquearon regalías, saquearon presupuestos de departamentos y de municipios”, anotó, agregando que “otra vez dijeron que si el país desmontaba el paramilitarismo se acaba la lucha armada. Lo que hicieron fue incrementar el narcoterrorismo. Engañaron la generosidad del presidente Belisario Betancur. Engañaron la generosidad del presidente Andrés Pastrana. Y hoy, con las disidencias, con Márquez, el ‘Paisa’ y otros fugados, con la presencia en Venezuela, estamos ante otro terrible engaño”.

Lozada no guardó silencio, sino que reiteró que “estamos ante la posibilidad de que el país conozca, ahora sí, muchas verdades que quienes han detentado el poder no quieren que se sepan, porque la temen más a la verdad que a la cárcel”.

Narcocultivos

Como entre las cosas dichas por los congresistas uribistas está que las áreas sembradas con coca y similares se incrementaron a la sombra de la negociación de La Habana, Lozada declaró que “la firma del acuerdo de paz no fue la que potenció el aumento de los cultivos”, sino que “es la muestra del fracaso de la no implementación de ellos”.

“Cualquier construcción que se haga de una política pública que vaya encaminada a superar el problema de las drogas ilícitas, debe estar tramitada a partir de la participación democrática de distintos sectores”, sostuvo.

Sobre este último asunto, Sandra Ramírez, del partido Farc, expresó que “hemos hecho propuestas en torno a la sustitución de los cultivos de uso ilícito y alternativas para nuestros campesinos. Rechazo las declaraciones irresponsables de la bancada del partido Centro Democrático. Cualquier política referida al problema de las drogas ilícitas, en cualquiera de los eslabones de esa cadena, debe partir de una visión integral”.

Cuando el fragor inicial se fue disipando, la senadora Judith Simanca (Victoria Sandino) hizo, a nombre de la bancada del partido Farc, un “llamado a todos los congresistas, incluso a los que parece que quieren permanecer en la guerra, que el odio en Colombia no puede ser el camino. La paz no es una telaraña. Es la única salida para las víctimas para vivir en una realidad diferente”.

“Nosotros estamos en el Congreso por un reconocimiento a nuestro carácter político. Aquí nos quedaremos cumpliendo con lo que acordamos. Son otros los sectores que quieren ocultar la verdad de lo que pasó en la guerra, los que le temen más a la verdad que a la cárcel”, concluyó.