UNA ADVERTENCIA emitió ayer la Defensoría del Pueblo sobre la posible vulneración de derechos en el que incurre el proyecto de decreto sobre la compra de tierras por oferta voluntaria, presentado por el Ministerio de Agricultura.

“Desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo hemos advertido la intención por parte del Gobierno nacional de introducir lo que se denominó ‘expropiación exprés’ y fue desestimada por el Congreso”, manifestó el defensor Carlos Camargo Assis.

También cuestionó que el Ministerio de Agricultura reedite el tema mediante un proyecto de decreto reglamentario.

“Ahora, el Ministerio de Agricultura, mediante este proyecto de decreto reglamentario, revive un tema cuya inconveniencia ya fue definida por el poder Legislativo al determinar que se vulneraban derechos. Es por esto que hoy pedimos mesura y apego a la legalidad”, aseguró.

Según Defensoría, el Consejo de Estado y Corte Constitucional indicaron la manera en la que deben ejercerse las facultades reglamentarias atribuidas al poder Ejecutivo y sus límites.

“La jurisprudencia de las altas cortes destaca el carácter complementario de las facultades del poder Ejecutivo, sin que esto suponga una licencia o extensión legislativa de esas facultades para la reglamentación de leyes, y ha señalado la reserva legal que existe en materia de regulación de procedimientos administrativos sancionatorios”, destacó el ente.

Bajo esta premisa es que el órgano dirigido por Camargo Assis advierte que este proyecto para reglamentar la “expropiación exprés”, podría “exceder las facultades atribuidas al poder Ejecutivo y en particular, las otorgadas para la expedición del acto administrativo que se pretende implementar”.

“Si bien las regulaciones que adicionaría este decreto se relacionan con adoptar mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria, como también los procedimientos para la negociación directa y compra de la tierra, lo que en principio resultaría atendible, esto se desdibuja en el proyecto cuando advertimos una ausencia importante de fundamentos legales, pues para definir estas regulaciones no solo es determinante lo dispuesto por el Plan de Desarrollo vigente, sino también los aspectos constitucionales, los contenidos en el Acuerdo de Paz y los desarrollos legislativos, que son el marco regulatorio y normativo”, manifestó.

Extinción de dominio

El reajuste de la figura y el procedimiento administrativo de la extensión de dominio, al igual que la incorporación de la figura de enajenación voluntaria por la no explotación y opciones de explotación, es otro de los puntos que llevaron a la Defensoría del Pueblo a hablar sobre la ilegalidad del proyecto de decreto.

“Si bien el decreto parece tener la intención de adaptar estas figuras y procedimientos a la aplicación de categorías relativas a la responsabilidad ambiental sobre la tierra y su explotación, la propuesta debe fundamentarse en regulaciones legales existentes sobre el tema”, manifestó

Camargo Assis destacó que la propuesta podría ser declarada enexequible e inconstitucional, en caso de ser presentado.

“Advertimos que, en caso de ser presentado, este decreto podría ser declarado inexequible e inconstitucional por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al incurrir en la ‘prohibición de deslegalización’ de temas con reserva de ley, como está estipulado en su jurisprudencia, y podría ser declarado nulo, previa suspensión de sus efectos, sin perjuicio de los demás controles que las otras instancias judiciales competentes tienen la posibilidad de ejercer”, indicó

“No es exprés”

Sobre este asunto que ha generado polémica entre sectores políticos y sociales, el Gobierno ha dicho que no está en sus planes la “expropiación exprés”.

"No es un proceso exprés; segundo, no es expropiación. Es un procedimiento que ya ha existido y que lo que hacemos acá es mejorar las tecnologías y formas en que la agencia lo hace. Estamos diciéndoles: 'Si ustedes tienen tierras productivas, prodúzcanlas. Si quieren, les ayudamos y les damos crédito y financiación. Si no quieren producirlas, véndanosla voluntariamente y se las compramos'. Y si no, igual no podemos permitir que en Colombia siga habiendo tierras, tenemos que generar mecanismos para que se reactiven económicamente", manifestó Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.