En años anteriores varios mandatarios territoriales han sido condenados por nexos con el Eln, caso que se reactivó en los últimos meses con el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el exgobernador de este departamento Ricardo Alvarado Bestene, quienes por sus supuestos vínculos con esta organización tienen medida de aseguramiento desde el año pasado. Ayer la Corte Suprema de Justicia los acusó.

La Sala Especial de Instrucción acusó ante la Sala de Primera Instancia del alto Tribunal a Castillo y a Alvarado por la supuesta comisión de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos.

Tanto el gobernador Castillo Cisneros como el exgobernador Alvarado Bestene no aceptaron cargos por la imputación que, en octubre de 2021, hizo la Fiscalía tras su captura. 

El primero de ellos está en la cárcel La Picota, en Bogotá, en tanto que el segundo cuenta con medida de detención domiciliaria, los dos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia defina su situación  jurídica.

Supuestos vínculos

La Fiscalía estableció que José Facundo Castillo, durante sus dos períodos como gobernador  (2012-2015 y 2020-a la fecha), habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz de ese grupo ilegal, para que continuaran con su actuar delincuencial a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.

Agregó el ente acusador que, al parecer, Castillo "recibió apoyo para ser elegido como gobernador, donde supuestamente entregó millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento".

La Fiscalía dijo que se presume que en su primer período al frente del departamento de Arauca, Castillo Cisneros adjudicó ocho contratos a un integrante del Eln por diferentes objetos como estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales.

El fiscal del caso, Leonardo Cabana, dijo durante la imputación al gobernador Castillo que los acuerdos de éste con el Eln “consistían en la entrega de dinero, que podía ser de mil a dos mil millones de pesos al ser electo él gobernador. Igualmente, la participación del 10% del valor de cada contrato estatal adjudicado. Igualmente entrega de información sobre manejo del orden público, en cuanto a la comunicación sobre los movimientos de las tropas y desmilitarizar zonas para que la guerrilla pudiese hacer sus actividades ilícitas”.

La Fiscalía señaló también que las reuniones de Castillo con gente del Eln “acontecieron antes y después de llegar a la Gobernación de Arauca. En ambos periodos. Una de esas reuniones tuvo ocurrencia en el año 2011. Recogió en su camioneta y trasladó a alias ‘Guardulio’, comandante de finanzas y de milicias del frente Domingo Laín Sáenz, hacia el hospital de Arauca, para que se le practicara una cirugía de hernia umbilical. Previamente a esa fecha, lo llevó a una mesa de votación para que sufragara por él. Castillo Cisneros entonces era aspirante a la Gobernación”.

El fiscal Cabana dijo que incluso el gobernador Castillo tenía amistad con cabecillas del Eln y participó en reuniones sociales con estos.

“El  doctor Castillo Cisneros como gobernador de Arauca participó en reuniones y festejos de cumpleaños de mandos principales del Eln, como el realizado en el año 2015 en el sector de La Victoria, Venezuela", donde, según el fiscal Cabana, se celebraba el cumpleaños del comandante alias ‘Garganta’.

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La Fiscalía señaló que el gobernador Castillo no solo adjudicó contratos al Eln sino que asignó cargos públicos a personas vinculadas con esa guerrilla.

Por su parte, el exgobernador Alvarado Bestene es investigado por la Fiscalía también por supuestamente entregar contratación pública al Eln.

Sobre Alvarado, quien rigió los destinos del departamento entre el 2016 y 2019, la investigación de la Fiscalía muestra que habría tenido relaciones políticas, económicas y administrativas con el Frente Domingo Laín, del Eln, según registros de contratación del departamento así como declaraciones que han entregado exintegrantes de esta facción guerrillera que comprometen al exmandatario.

En sus testimonios los exalzados en armas sostuvieron que comandantes del Frente Domingo Laín habrían acordado con Alvarado supuestas ayudas a su campaña a la Gobernación de Arauca, a cambio de dejarlo gobernar y que les entregara un 10% en la contratación pública.

En su momento el juez de garantías que dictó la medida de aseguramiento al exgobernador Alvarado dijo sobre los testimonios en su contra que “son creíbles porque narraron de forma circunstancial y con marcos temporales lo que les consta. Sin ir más allá de lo que conocieron, sin incurrir en especulaciones, en suposiciones, que denoten prejuicios para querer perjudicar a alguien en particular. Algunas cosas les constan directamente, otras las infieren de lo que percibieron”.

Antecedentes

Durante el conflicto armado, las guerrillas, paramilitares y grupos delincuenciales, en uso del dominio territorial que han logrado ejercer en ciertas zonas del país, han influenciado algunos gobiernos departamentales y muchos más municipales mediante amenazas o, incluso en algunos casos, producto de acuerdos ilegales con los funcionarios en donde han mediado intereses mutuos, como sucedió en el llamado escándalo de la parapolítica. Por esto último, varios servidores públicos han terminado tras las rejas.

Sin embargo, en ninguna otra parte como Arauca, varios gobernadores han sido condenados por vínculos con grupos armados ilegales, en este caso el Eln.

El fiscal del caso, Leonardo Cabana, dijo que los nexos de mandatarios y políticos de Arauca con el Eln vienen desde los años 90.

En 2016 la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de prisión al exgobernador de Arauca José Vicente Lozano, quien ocupó el cargo entre 1995 y 1997, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, al determinar que entregó tres contratos de obra pública siguiendo directrices del Eln.

La Corte señaló en el fallo que el entonces mandatario puso por encima del interés general "las pretensiones en contratación pública del grupo guerrillero que patrocinó su candidatura al cargo".

Por su parte, Gustavo Carmelo Castellanos, quien gobernó Arauca entre 1998 y 2000, fue condenado en el 2007 por la Corte Suprema a 32 meses de prisión por rebelión y nexos con el Eln.

En tanto que al gobernador Héctor Federico Gallardo, del periodo 2001-2003, aunque su elección fue anulada por violación al régimen de inhabilidades, la Corte Suprema lo condenó a seis años de cárcel por entregar dineros públicos al Eln.

Por este mismo caso fueron condenados un expresidente de la Asamblea de Arauca y dos exfuncionarios de la Gobernación de ese departamento.

Desde hace años la guerrilla del Eln hace fuerte presencia en Arauca, donde a través de los frentes Domingo Laín Sáenz y Adonay Ardila Pinilla desarrolla actividades delincuenciales para financiarse y acciones terroristas contra la Fuerza Pública.