“En Colombia hay un Estado que promueve, reconoce y protege los derechos humanos”. Con esta consigna la vicepresidenta-canciller, Marta Lucía Ramírez, recibió ayer a los 9 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegaron al país el pasado domingo para verificar en terreno las denuncias que se han presentado por hechos ocurridos en el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril.

Ramírez recibió a la CIDH, una vez cumplida la audiencia de ese organismo con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes le entregaron a este organismo sus respectivos informes sobre las investigaciones y medidas adoptadas para proteger los derechos humanos en el marco de las protestas y el paro nacional.

Durante la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, la Vicepresidenta-Canciller reiteró el llamado a la CIDH para que sean escuchadas las voces de todos los sectores afectados en medio del paro nacional. Enfatizó en el respeto a la protesta pacífica, pero también en una férrea condena al vandalismo y a los bloqueos.

“Hemos explicado a la CIDH que los bloqueos a los que han sometido al pueblo colombiano durante estas semanas han amenazado la vida, la seguridad alimentaria y la salud, al impedir el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Y que el Gobierno colombiano y nuestro Estado son respetuosos siempre de la protesta pacífica, tal como exige la ley y, por supuesto, los instrumentos internacionales”, señaló Ramírez.

En el marco de la reunión, la Vicepresidente y Canciller subrayó que Colombia es un país eminentemente democrático, con unas instituciones sólidas y respetuosas de los principios constitucionales.

En ese sentido, envió un mensaje a la ciudadanía: “Tenemos un país con una democracia, con unas instituciones que funcionan. Cuidemos este país, este sistema económico es el que nos va a permitir reactivar la economía y recuperar tantos empleos que han perdido las familias colombianas. Este es un momento de reflexionar, mirar hacia adelante, avanzar unidos y cuidar todos a Colombia”.

Y agregó que “Colombia ha estado bajo el asedio de unos grupos minoritarios, que se han aprovechado de la protesta válida de muchos jóvenes para generar desconcierto, caos y destrucción”.

A partir de este 8 de junio se dará inicio formal a la visita de trabajo de la CIDH en terreno, que irá hasta el próximo jueves 10 de junio. En Cali, Popayán, Tuluá y Buga, se reunirán con representantes de la sociedad civil, sindicatos, gremios y autoridades locales.

Organismos de control

El Fiscal General señaló al término del encuentro con la CIDH que “fue una reunión muy importante, muy trascendente, la Fiscalía General de la Nación entregó además todo el balance que se ha realizado en el marco de las manifestaciones que se han hecho en Colombia y el trabajo judicial que tiene el ente acusador en este país”.

Barbosa puso de relieve que “para nosotros es tremendamente importante esta visita, respetamos profundamente el sentido y la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Por su parte la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, indicó “quiero agradecer al fiscal Barbosa y a todo su equipo por toda la información que nos han dado. Hemos tenido una reunión muy importante donde recibimos muchísima información que sin lugar a duda va a ser muy importante para toda la labor de monitoreo que hace la Comisión, como también para el objetivo de nuestro trabajo”.

Por su lado el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó en su encuentro con la CIDH un documento de más de 110 páginas en el que expone la situación de derechos humanos en el marco de la protesta social, una de las más largas que se ha desarrollado en la historia del país.

En el documento se evidencia que desde el 28 de abril hasta el 3 de junio, se habían recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el marco de manifestaciones sociales. De esas, en 306 (73%) refiere como presuntos responsables a miembros de la Fuerza Pública: 300 (98%) a la Policía Nacional y 6 (2%) al Ejército Nacional.

En las 417 quejas recopiladas por la entidad, se evidencia afectación de los derechos de 489 personas: 80 jóvenes, 46 estudiantes, 38 mujeres, 36 defensores de derechos humanos, 26 miembros de la Fuerza Pública, 18 líderes sociales, 10 niños, 4 docentes, 6 sindicalistas, 3 periodistas, 2 indígenas, entre otros.

De igual manera, la procuradora Margarita Cabello puso en conocimiento de la CIDH las distintas actuaciones desplegadas y presencia activa y permanente de la Procuraduría desde el 28 de abril, en atención a la situación de orden público que vive el país.

En el informe que entregó a los comisionados, Cabello detalló las actuaciones realizadas en torno a las funciones preventiva, disciplinaria y de intervención judicial de la entidad sobre lo ocurrido en el paro.

Foto: Vicepresidenta-canciller Marta Lucía Ramírez recibió a la CIDH que vino a Colombia para verificar denuncias de lo acontecido en el paro./Cancillería