“Para usar un término de tauromaquia, estamos en la mitad de la faena”, manifestó ayer el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe.
Las declaraciones las concedió Granados a medios radiales luego de que el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, anunciara su decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá una solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se le sigue a Uribe por supuesta manipulación de testigos y soborno.
Granados explicó que, una vez que el juez 28 penal con función de Conocimiento de Bogotá cite y realice la audiencia, y tras escuchar a la Fiscalía y a las partes, acepte o rechace la solicitud de preclusión. “Hay la posibilidad de interponer recursos por quien no esté de acuerdo y seguramente quien esté en desacuerdo, la parte que sea, podrá interponer ese recurso, que deberá sustentarse oralmente en esa audiencia, para que sea el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en una sala de reparto integrada por tres magistrados, el que tenga la última palabra”.
Decisión
Según la información suministrada por la Fiscalía, luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció “que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente Uribe no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.
Estas conclusiones, agregó la Fiscalía, responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) y serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto. Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados.
En la comunicación divulgada ayer, la Fiscalía sostuvo que la investigación adelantada se realizó en el marco del ordenamiento jurídico. De igual manera, se actuó en cumplimiento del deber que le asiste y que está consagrado en el artículo 250 de la Constitución: “Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Consciente del debate que esta decisión iba a generar ayer, la Fiscalía invitó a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos.
Proceso
Como se sabe, Uribe empezó a ser procesado por la Corte, en febrero de 2018. Luego, tras rendir indagatoria el año pasado, la Sala de Instrucción ordenó su detención domiciliaria, en agosto.
En esa instancia, la defensa adujo no tener garantías ante el máximo tribunal, por lo que el entonces senador renunció a su curul. Al perder el fuero, la propia Corte, a petición de los abogados del expresidente, determinó que el caso pasaba a la Fiscalía, cambiando de paso el marco legal aplicable. Esta circunstancia llevó a que el 10 de octubre una juez de control de garantías en Bogotá decretara la libertad, por considerar que solo podía ser detenido tras una diligencia de imputación de cargos, lo cual no había ocurrido al amparo del Sistema Penal Acusatorio.
Al justificar ayer la legalidad de la solicitud del fiscal Jaimes, el abogado Granados expuso que la investigación de la Corte “se basa principalmente en un testigo, supuestamente estrella, Juan Guillermo Monsalve”, que durante año y medio que el caso estuvo en esa jurisdicción (la Corte) nunca pudo ser contrainterrogado.
“Realmente el señor Monsalve no es testigo de nada en contra de Álvaro Uribe Vélez. Lo que ocurrió es que después hubo una maniobra de entrampamiento hábilmente orquestada desde su sitio de reclusión, ya la historia y la justicia esclarecerán cómo se hizo ese entrampamiento, pero a pesar de eso, cuando quisimos interrogarlo a él”, recapituló Granados, “no permitieron que lo contrainterrogáramos”.
“Ese señor Diego Monsalve no es testigo de nada. Es un mentiroso que no soporta un contrainterrogatorio”, reiteró, anotando que cuando pudo ser confrontado, en otros procesos, “uno ya ve que se va él mismo desdibujando en sus declaraciones, por eso tuvo miedo de declarar ante la Fiscalía” (en el caso de Uribe pese a ser llamado por Jaimes para los efectos).
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Un paso
Tras conocer la decisión de la Fiscalía, el expresidente Uribe se limitó a trinar: “Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”.
Por su parte, el vocero del Centro Democrático en el Senado, Gabriel Velasco, destacó, a nombre de la colectividad, que “la Fiscalía no encontró en el expediente que le trasladó la Corte ni en los testimonios escuchados ninguna conducta delictiva llevada a cabo por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos en el camino de poder demostrar su honorabilidad, su transparencia y que siempre ha actuado bien”.
Si bien la decisión de la Fiscalía deja al expresidente Uribe con el camino libre para volver a postularse en la lista al Senado del Centro Democrático, lo que la colectividad está necesitando para mantener e incluso aumentar el tamaño de la bancada en el Congreso, la verdad es que hay al menos dos consideraciones que tendría en cuenta para no hacerlo. La primera es la insistencia familiar, no de ahora sino antes de este proceso judicial, para que dé un paso al costado en cuanto a volver a postularse por una curul. La otra es que, al regresar al Congreso (porque si se presenta con toda seguridad será elegido), quedaría nuevamente bajo la jurisdicción de la Corte, donde empezó el proceso y donde, como ya se dijo, repetidamente la defensa del exmandatario ha dicho que no se le brindaron las garantías necesarias.
Así que lo más probable es que el expresidente Uribe siga con su papel actual de orientador natural del Centro Democrático y, más aún, de la coalición presidencial de la centroderecha para los comicios de 2022, mientras se busca la fórmula para conformar una lista fuerte al Senado que cumpla los objetivos mencionados, pero sin incluir el nombre del exmandatario.
Denunciarán al fiscal Jaimes
"En compañía del exfiscal Montealegre presentaremos denuncia penal contra el fiscal Gabriel Jaimes, por posible prevaricato", anunció ayer el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. También apelará la solicitud de preclusión, recurso que deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.
"Algunas ideas contrarias al ordenamiento jurídico es que habría buscado favorecer al proceso apartándose de su deber legal", dijo el congresista.
En ese sentido, Cepeda señaló a Jaimes por haber fungido "como protector, defensor y abogado prácticamente de Álvaro Uribe Vélez. Las decisiones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones que ha hecho el imputado".