LA CONTRALORÍA General dio un nuevo campanazo de alerta sobre la lenta implementación del catastro multipropósito en los municipios y distritos del país, lo cual no ha mejorado en el actual Gobierno en comparación con lo que ocurrió en el segundo mandato de Juan Santos y la Administración Duque. El contralor Carlos Rodríguez formuló un control de advertencia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre el bajo porcentaje de formalización y actualización. De los 1.102 municipios, solo 73 (6,62%) de ellos están con actualización catastral total.

Sobre el particular se refirió también el lunes pasado la procuradora Margarita Cabello ante la Corte Constitucional en una presentación que hizo sobre seguimiento a la ejecución de la política de tierras.

La procuradora general expresó con relación a la implementación del catastro multipropósito, que solo se ha actualizado el 12,4% del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Petro, lo cual advirtió que muestra que se está muy lejos de la meta del 70% de todo el territorio nacional, pues de 598 municipios proyectados, solo 141 cuentan con catastro, lo que es insuficiente.

Volviendo al pronunciamiento ayer de la Contraloría General dijo que “pese a que la asignación presupuestal para la implementación de la política de catastro multipropósito ha sido considerable, se evidencia una subejecución significativa de los recursos disponibles, tal como sucedió entre 2016 y 2019, cuando el 29%, en promedio, de los fondos asignados no fueron utilizados; mientras que en el período 2020-2023 los recursos no comprometidos oscilaron entre el 48% y el 79% del presupuesto disponible”.

Detalló el órgano de control sobre el manejo a este asunto en la Administración Petro Urrego que se evidenciaron deficiencias en la actualización de la información catastral, dado que, el 91,45% del área rural y el 72,10% de la urbana no disponen de datos actualizados. Tampoco se ha garantizado de manera completa la interrelación efectiva entre la información de catastro y registro.

El contralor Rodríguez advirtió que “en la medida en que continúe la pérdida de apropiación presupuestal, que para el periodo comprendido entre 2020 y 2023 tuvo un promedio del 46%, no se podrá cumplir con el objetivo de implementar el catastro Multipropósito en los tiempos y metas establecidos en los planes de desarrollo”.

Es una de las principales conclusiones del estudio Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito durante el periodo comprendido entre 2014 y 2024, que llevó a cabo la Contraloría General y además dio pie para que el contralor general emitiera un control de advertencia al director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda Morales, sobre el avance de la formalización y actualización catastral en la nación.

Los riesgos identificados en el estudio intersectorial son una baja formalización y actualización catastral; pérdidas de apropiación de los recursos destinados a la implementación del catastro multipropósito; riesgo en la interrelación efectiva entre la información de catastro y registro.

También riesgo por baja ejecución presupuestal para la implementación del catastro multipropósito en municipios históricamente vulnerables, tales como los afectados por el conflicto armado y la pobreza, los que, pese a la asignación de recursos, se encuentran desactualizados y por formar.

La Procuraduría en agosto pasado también alertó sobre la demora en el inicio de las operaciones catastrales en territorios colectivos de pueblos étnicos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, que representan aproximadamente 34 millones de hectáreas, equivalentes al 29,8% del territorio nacional.

Parte del Acuerdo de Paz

El catastro multipropósito es un sistema integrado de bases de datos geográficos y alfanuméricos que reúnen la información sobre el registro y la propiedad del suelo, características físicas, modelo econométrico para la valoración de propiedades, zonificación, entre otros.

Esta información actualizada es vital para la formulación e implementación de políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, eficiencia del mercado inmobiliario, desarrollo y ordenamiento territorial. Además, es clave para el fortalecimiento fiscal de los territorios porque permite a las alcaldías establecer un cobro del impuesto predial más ajustado a la realidad.

El catastro tradicional que ha operado en el país se centra en determinar la propiedad y el pago del impuesto sobre la tierra; mientras que el catastro multipropósito es un concepto más alto porque busca dispones información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica”.

Vale señalar que el catastro multipropósito hizo parte de los diálogos de paz en La Habana con las Farc y finalmente fue recogido en el Acuerdo.

El entonces presidente Santos en su segundo mandato incluyó el catastro multipropósito en el Plan Nacional de Desarrollo. En tanto que, en julio del 2019, la Administración Duque inició la implementación de esta política, para lo cual acudió a un crédito con el Banco Mundial por US $100 millones y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US $50 millones.

Falta plata

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay varias dificultades, la primera la plata, y segundo porque no se ha facilitado para que en alianzas público privadas los privados pongan la plata y la puedan recuperar fácilmente después que se logren los resultados, sobre todo en el tema de incremento de recaudo del impuesto predial”.

Añadió el directivo que “también creo que a los gestores y a los operadores se les ha dificultado mucho el papel que tienen que desempeñar”.

Por su parte el presidente de Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, Guido Echeverri, dijo a este Medio que “creo que también ha habido ineficiencia en los organismos encargados de adelantar este proceso que este Gobierno pretendió llevarlo al 75%, y a estas alturas vamos en un 12%. Creo que ha faltado mayor capacidad de gestión, mayor rigor técnico y mayor eficiencia en la ejecución de los recursos que están destinados a este tipo de gestiones”.

Añadió el senador que esto es muy delicado “porque las entidades territoriales no tienen instrumentos que les permitan mejorar su calidad institucional desde el punto de vista de tener las herramientas para cobrar más predial, en este caso, y para tener mejores elementos que les permitan ordenar el territorio, estudiar su productividad y, obviamente, de programas que estén más a tono con las necesidades de la gente”.