Con apenas un avance este año del 14,7 %, es decir, 11,4 millones de hectáreas actualizadas, el catastro multipropósito, uno de los ejes fundamentales del Gobierno para implementar la paz total y los acuerdos de paz de La Habana, así como en la implementación de la reforma agraria, no rinde.

De acuerdo con el último ‘jalón de orejas’ de la Procuraduría General de la Nación al Gobierno, advirtió que las metas propuestas para la actualización del catastro multipropósito y que alcanzarían la cifra del 70 % para el final del mandato, ‘son desalentadoras’.

El Ministerio Público pudo evidenciar, luego de reunirse con el Instituto  Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Superintendencia de Notariado y Registro, que en realidad el avance deja mucho que desear, de acuerdo con los indicadores establecidos para el periodo 2022-2026.

Actualmente el objetivo del Gobierno de que el catastro multipropósito abarque el 70 % del total de tierras del país y llegar a  660 municipios y 80 millones de hectáreas para el final del cuatrienio, parece inalcanzable.

Dice la Procuraduría que este año apenas se terminará esa gestión en 77 poblaciones, equivalentes al 22 %.

Sin embargo, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, junto con su equipo, ha evidenciado que el IGAC presenta un retraso significativo en el inicio de operaciones y en el avance de estas y ha realizado varias modificaciones al cronograma fijado, lo cual ha llevado al incumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Regiones étnicas

Pero, asimismo, la delegada pudo comprobar, y alertó sobre ello, la demora en el inicio de las operaciones catastrales en territorios colectivos de pueblos étnicos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, que representan aproximadamente 34 millones de hectáreas, equivalentes al 29,8 % del territorio nacional.

Ante este panorama, la Procuraduría exhortó al IGAC para que tome medidas urgentes que le permitan cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y así contar con información catastral actualizada y confiable.

Además, instó a esta entidad para que adelante gestiones para la expedición de los decretos necesarios de actualización catastral en territorios colectivos de pueblos étnicos, asegurando así el cumplimiento de los objetivos nacionales y la implementación efectiva del catastro multipropósito en beneficio de la Nación.

Según los planes del Gobierno, el catastro multipropósito también serviría para agilizar la entrega de tierras.

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en 2022 había 10,9 millones de hectáreas con formación catastral y para 2026 se debería llegar a 90,2 millones de hectáreas, distribuidas así: 34,9 millones para 2023, 26,1 millones para 2024, 23,1 millones para 2025, y 5,9 millones para 2026.

Pero el informe reciente del director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda Morales, al Senado de la República, da cuenta de que el programa tiene un retraso considerable. De los 47 gestores catastrales actuales, apenas el 19 % están entregando información de calidad.

Sin capacidad

El director reconoció que el IGAC y los gestores catastrales no tienen capacidades suficientes para cumplir las metas establecidas en el PND. La revolución y modernización en el sector agropecuario basada en el catastro multipropósito, necesaria para el desarrollo rural, planteada con mucha claridad por el anterior director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), está a años luz de lograrse.

Para este año, al sector planeación se le asignaron recursos por $2 billones, los cuales equivalen al 2,4 % del total del presupuesto de inversión. Estos recursos permitirán implementar la estrategia de Pactos Territoriales, así como continuar con la implementación del Programa Nacional del Catastro con Enfoque Multipropósito y el fortalecimiento del Sistema Electrónico de Compras Públicas a nivel nacional.

Asimismo, se debía avanzar en la Estrategia de atracción de la participación privada en la inversión.

En su oportunidad, una de las bondades que defendía el IGAC era que allí estaba la inclusión de variables que antes no estaban contempladas, como identificar propietarios, poseedores, arrendatarios y ocupantes; y el apoyo a los procesos de restitución de tierras. Igualmente permitirá informar sobre los linderos, forma del predio, ubicación y vecindario, al tiempo que se constituirá en una herramienta clave para el ordenamiento territorial, las inversiones de los municipios y para planificar los procesos de gestión del riesgo.

Entidades como el Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras se verían beneficiadas en temas como la titulación y recuperación de tierras y los procesos que garantizan la devolución de los predios a las víctimas, mientras que las corporaciones autónomas regionales y Parques Nacionales podrían mejorar su gestión ambiental.

Sistema de administración

Para el IGAC, en su momento, “Colombia le está apostando a la construcción de un catastro rural multipropósito moderno, completo, preciso y permanentemente actualizado; un catastro a la medida de las necesidades del país, pensado como pieza fundamental del sistema de administración o gestión de tierras y como pieza fundamental para el posconflicto”.

¿Qué es el catastro? Recordemos que el catastro tiene una misión histórica clara, que es la identificación o censo de los bienes inmuebles del país, ya sean privados o del Estado, así como su valor catastral: cuántos, de quien, como, dónde y cuánto valen estos bienes.

De acuerdo con el texto aprobado, el catastro nacional con enfoque multipropósito es aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica.

¿Esta información a quién le sirve? Esta información les sirve a todas las entidades, en especial al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder, Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y la Unidad de Consolidación Territorial. Para todo lo que tenga que ver con manejo de tierra y desarrollo rural, Ministerio de Ambiente, parques nacionales naturales, corporaciones autónomas nacionales, la información es perfecta y muy útil.

Por otra parte, en su momento, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos publicó su octavo Informe de soporte técnico y seguimiento, donde señala que concluyó la consulta previa con los pueblos indígenas para el catastro multipropósito. En tanto que la Defensoría del Pueblo dice en su informe de febrero anterior que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reporta como área intervenida por actualización catastral el 9,40 % del área geográfica del país, que corresponde a 10'730.457 hectáreas, de los 114 millones de hectáreas totales.

El Instituto Kroc dijo en su estudio sobre el punto de participación política que, a noviembre de 2023, el 26 % de las disposiciones no habían comenzado, el 43 % estaba en estado mínimo, el 18 % se ubicaba en el nivel intermedio y el 14 % había completado su implementación.

Complicaciones para el predial

Desde el Gobierno hasta analistas privados coinciden en que un efecto inmediato de la actualización catastral es actualizar las bases de liquidación de los impuestos de las regiones por medio del predial.

Sin embargo, esto no deja de ser una complicación, porque ha habido casos en los que el impuesto se ha disparado de un año a otro, incluso con incrementos de hasta 1.000 % por la ausencia de medidas de mitigación del impacto tributario. Esta situación ha ocurrido en algunos municipios de Cundinamarca, como Fusagasugá, Facatativá, Villeta o Soacha, o del Meta, como Villavicencio, donde incluso se han presentado protestas en los últimos meses.

Precisamente, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca ponerle límites al aumento que puede tener el predial cuando se actualiza el valor catastral de los predios. Según el documento que fue aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el impuesto predial no podrá subir más de 30 % en los predios urbanos y rurales cuyo avalúo sea menor o igual a 135 salarios mínimos.