AL ANUNCIAR el cambio de ministra en la cartera de Agricultura, el presidente Gustavo Petro, anunció que el verdadero reto de Martha Carvajalino, quien reemplaza a Jhenifer Mojica: “tendrá como objetivo impulsar la reforma agraria en el Congreso de la República, y hacer que el campo sea más productivo en el territorio nacional”.

Sin embargo, desde hace dos años en que se diseñó primero el Plan de Desarrollo de 2022, y luego el gobierno emprendió un plan para asegurar la tierra para realizar esa reforma, esa estrategia sigue enredada, como lo demuestran no solo las cifras, sino que no avanza.

Pese al anuncio del pasado 27 de junio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de haber entregado casi 8.000 hectáreas este año, y que ya empezaron a llegar a manos del campesinado en todo el país, la política agraria sigue sin tener claridad.

Ese mismo día, el director de la ANT, Felipe Harman, dijo que “la reforma agraria no se detiene y cada semana seguimos sumando. A la fecha, son más de 104.000 hectáreas compradas en el gobierno del presidente Gustavo Petro, de las cuales ni un centímetro ha sido expropiado y cada una de las compras de predios puede ser verificada por los entes de control para garantizar la transparencia del proceso”.

El balance

Un mes antes, al hacer un balance sobre las tierras, durante el Congreso del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que se hizo en Bogotá, el presidente Petro decía: “no he expropiado ni una sola hectárea. Hemos adquirido 83.139 hectáreas de manera libre. A este ritmo nos vamos a tomar 40 años en cumplir el Acuerdo. Adicional a ello, tenemos por extinción de dominio a narcos y lo que los paramilitares entregaron a la Unidad de Víctimas unas 103.000. Eso nos da unas 186.000 hectáreas”.

Sin embargo, el retraso es evidente. La meta que tiene el gobierno es entregar 1,5 millones de hectáreas de aquí al 2026, y de estas, 500.000 deberían quedar este año.

El presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, y quien conoce parte del proceso de la reforma agraria, sobre todo a lo concerniente a tierras, dijo a EL NUEVO SIGLO, que “la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo. Yo siento que el Gobierno tiene suficiente tierra para poder adquirir la cantidad necesaria y poder desarrollar lo que se propone materialmente con una reforma agraria, pero tengo dos preocupaciones: una la lentitud con la cual compran la tierra, pero dos y más grave aún, es que la poca que han entregado bien sea adquirida por parte de la Agencia Nacional de Tierras o entregadas por parte de la Sociedad de Activos Especiales, no hay un solo proyecto productivo y en el caso del sector ganadero ni siquiera los temas de ganadería sostenible han venido teniendo algún grado de respuesta”.

Sostiene el dirigente gremial que “entonces este es un gobierno que va lento, pero que la Agencia de Desarrollo Rural prácticamente está desentendida de las obligaciones que tiene en materia de reforma agraria integral”.

Catastro

Otro mecanismo con el que se esperaba agilizar la entrega de tierras, era mediante el catastro multipropósito. Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en 2022 había 10,9 millones de hectáreas con formación catastral, y para 2026 deberíamos tener 90,2 millones de hectáreas, distribuidas en 34,9 millones para 2023, 26,1 millones para 2024, 23,1 millones para 2025, y 5,9 millones para 2026.

Pero el informe reciente del director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda Morales al Senado de la República, da cuenta que el programa tiene un retraso considerable. De los 47 gestores catastrales actuales, apenas el 19% están entregando información de calidad.

El director reconoció que el IGAC y los gestores catastrales no tienen capacidades suficientes para cumplir las metas establecidas en el PND. La revolución y modernización en el sector agropecuario basada en el catastro multipropósito, necesaria para el desarrollo rural, planteada con mucha claridad por el anterior director del DNP, está a años luz de lograrse.

Otra preocupación que coincide con lo que afirma Lafaurie, es que se sabe que el gobierno realizó otras compras y que además dispone de las tierras de la SAE. Pero no hay evidencia de que en ninguno de estos predios se estén financiando proyectos productivos ni de servicios de asistencia técnica por parte de la Agencia de Desarrollo Rural.