CUANDO SIGUE encendido el debate y avanzan las investigaciones por las millonarias irregularidades que se habrían en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) en la contratación para llevar agua a La Guajira; ahora un informe de la Procuraduría deja mal parado el programa de compra de tierras para campesinos pobres, dentro de la reforma agraria que impulsa el Gobierno, pues alerta que $136.911 millones estarían en riesgo por procedimientos irregulares.

Ya habían sonado algunos campanazos de alerta en este sentido por la Procuraduría General y la Contraloría General, que le han puesto la lupa a este proceso; sin embargo, el citado informe va más allá producto de auditorías internas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en donde encontró inconsistencias y desviaciones de los procedimientos estándar que podrían comprometer la integridad y efectividad del proceso de adquisición de tierras.

Esto se suma a las críticas que ha recibido el Gobierno por el lento avance en la compra de tierras para campesinos pobres, pues en dos años llega a 93.000 hectáreas, según Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), muy distante de las 500.000 hectáreas que puso como meta el presidente Petro al final del mandato.

La compra de tierras para campesinos es uno de los principales objetivos del gobierno Petro, no solo por la reforma agraria que se plantea, sino para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016, que habla de 3 millones de hectáreas.

La Procuraduría revisó de manera aleatoria 86 de las 288 compras de tierras que hizo la ANT desde el inicio del actual Gobierno hasta febrero pasado, cuando Gerardo Vega salió del cargo de director, encontrando irregularidades en el 62 % de las adquisiciones.

El Ministerio Público señala en el citado informe, de más de 100 páginas, que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos”.

El informe fue realizado por el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, en donde se da cuenta también que se compraron 14 predios por $51.787 millones, a pesar de que no tienen vocación agrícola y desconociendo observaciones técnicas que se formularon.

Señala, además la Procuraduría que hubo irregularidades en las promesas de compraventa de 16 predios adquiridos por $30.623 millones. Así mismo habría inconsistencias en 26 predios que costaron $27.039 millones porque no hubo acta de entrega.

El organismo de control también llama la atención por 8 predios que la ANT compró por $15.281 millones, pues pueden tener las condiciones de tierras baldías y, por lo tanto, no adjudicables. Así mismo, la Procuraduría da cuenta de presuntas irregularidades en la adquisición de 10 predios por $11.791 millones, que serían inhábiles para realizar allí actividades agropecuarias porque en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua.

La Procuraduría llama también la atención por la baja ejecución presupuestal de la ANT en la compra de tierras en los cerca de dos años del Gobierno. “Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos”.

En marzo pasado, la Procuraduría General fue a las instalaciones de la ANT para hacer seguimiento a los contratos suscritos por la entidad para la compra de predios para su adjudicación a campesinos, en cumplimiento de los compromisos de implementación de la reforma rural integral.

En la diligencia preventiva, el ente de control le puso la lupa a la ejecución real del presupuesto en los rubros de adquisición de tierras para su adjudicación a campesinos, luego de conocerse que, para el 31 de octubre de 2023, se había tan solo logrado una ejecución del 17 % del billón 261.000 millones de pesos disponibles para el programa y no del 51 % de los recursos como fue reportado.

Lo anterior, cita el Ministerio Público, ya que se identificaron traslados al “Fondo Colombia en Paz” por $430.000 millones, que a pesar de que aparecen como ejecutados, están consignados en una fiducia.

La Contraloría

La Contraloría General de la República llamó la atención en marzo pasado que la ANT reportó que la compra de predios, en la vigencia entre el 2016 y el 2023, ascendió a $316.496.803.304. Sin embargo, el órgano de control evidenció diferencia con los valores catastrales registrados para los mismos predios. En ocasiones los valores de compra superan hasta tres y cuatro veces el valor catastral, indicó.

La compra de predios se concentra en los departamentos de Cauca y Norte de Santander, en donde se han adquirido un total de 118 predios. Más del 10 % de los predios se encuentran en zonas de Parques Nacionales Naturales.

Otras denuncias

También el economista y analista en medios Aurelio Suárez denunció en una columna una serie de irregularidades que ponen en peligro este programa.

Suárez le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esto es peor que la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres porque estamos hablando del programa bandera, de la reforma bandera de Gustavo Petro. Es que la reforma es lo único que puede avanzar en términos de disminuir la desigualdad en el país, y el país acepta la reforma porque entiende que Colombia tiene una de las desigualdades más grandes del mundo en la distribución de la tierra. Y es lamentable que el mecanismo de compra de predios se haya convertido en una especie de listado de violaciones a la ley, de equivocaciones, de testaferrato y compra predios improductivos y anegables”.

Añadió que se han pagado “precios exorbitantes fruto de la especulación del suelo, en casos incluso tan aberrantes como aparecer empresas de papel comprando predios o personas que han sido beneficiadas con la adjudicación de baldíos y terminan vendiéndole al mismo Estado”.

Dijo también que es inexcusable “la negligencia de la ministra Mujica en todo este proceso, porque la mayoría de todas las irregularidades se cometieron después de abril de 2023, cuando ella se posesionó como ministra”.

Responde la ministra y la ANT

El director de la ANT, Felipe Harman, respondió que “no coincidimos con el informe de la Procuraduría, algunas de sus especificaciones técnicas harían imposible la Reforma Agraria, y los ajustes administrativos que solicita el informe ya los veníamos haciendo, hoy tenemos un procedimiento único de compra y reforzamos la visita agronómica para garantizar que sea fértil la tierra que se está entregando al campesinado colombiano”.

Harman añadió en la red X que “adicionalmente, ya habíamos actuado presentando 22 denuncias a la Fiscalía por diferentes hechos, que incluyen a excolaboradores de la Agencia, a personas externas y algunos de los predios señalados por la Procuraduría en su informe. Agradezco a todos los que cuidan la Reforma Agraria, nadie puede manchar este sueño de país”.

En tanto que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo en X que “no vamos a permitir que avivatos se aprovechen de la compra de tierras, como tampoco que otros avivatos quieran enlodar y negar la reforma social más importante para el agro y el campesinado colombiano”.