EL NUEVO SIGLO habló con cuatro representantes, integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, sobre la reforma a la justicia y las prioridades que esta debe tener. El representante Andrés Jiménez del Partido Conservador sostuvo que la prioridad debe ser responder al interrogante de cómo se logra tener una justicia más cercana a los ciudadanos.

“Hoy tenemos una gran congestión judicial en todos los ámbitos de las ramas judiciales, los más perjudicados en este caso son los ciudadanos que cada vez ven más difícil su acceso a la administración de justicia”, indicó.

Asimismo, advirtió que una reforma a la justicia implica un gasto fiscal enorme que hasta ahora no se ha cuantificado.

A su turno, el representante Julio César Triana de Cambio Radical enfatizó que lo más importante de la reforma a la justicia que promueve el Gobierno es que permita el diálogo y los aportes de todos los juristas de distintas latitudes.

“Lo que hemos podido observar de este ministro es que quiere presentar un proyecto que responde a su ideología y a la del presidente de la República. Las Reformas a la Justicia en Colombia no se deben tramitar como una venganza, sino como una posibilidad de hacer del sistema un modelo al que pueda acceder el ciudadano; debe corregir los errores que tenemos hoy en los distintos estadios de la justicia, y trabajar hacia la eficiencia. Es fundamental que el trámite de esta reforma se ajuste a los procedimientos de la Ley 5ta”, afirmó.

Por su parte, el representante Juan Peñuela del Partido Conservador indicó que la reforma debe conllevar a construir un sistema judicial en donde se facilite el acceso y se avance en la oportunidad de las decisiones judiciales. “Para que esta reforma pueda avanzar en su trámite legislativo, necesita concertación”, agregó.

Por último, el representante Luis Díaz del mismo partido insistió en que la prioridad es la celeridad en los procesos para garantizar a todos los sujetos procesales una efectiva resolución de los procesos y generar mecanismos para que el ciudadano crea más en el aparato judicial del Estado.