El Gobierno del presidente Iván Duque cumplió ayer sus primeros conduciendo los destinos del país. Y como en todo aniversario, es época de hacer balances, de contrastar las metas propuestas al inicio de la administración y las alcanzadas hasta el momento.
En ese sentido, el Gobierno nacional presentó el balance de estos primeros tres años de la política Paz con Legalidad mediante la cual se está implementando el Acuerdo de Paz suscrito en el Gobierno de Juan Manuel Santos con la desmovilizada guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.
Si bien se trata de una política de Estado proyectada para tres periodos presidenciales, desde distintos sectores se ha cuestionado a la actual administración de ‘hacerle el quite’ a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en La Habana.
Sin embargo, el modelo desarrollado por este Gobierno ha recibido el reconocimiento de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el respaldo de los Estados Unidos.
Uno de los temas más sensibles al largo de los últimos años se relación a con la seguridad de los reinsertados y los líderes sociales en las zonas donde anteriormente operaban las Farc y que fueron copadas por las disidencias y otros actores armados ilegales que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.
Justamente, este ha sido, según el Gobierno, el principal causante de los crímenes de desmovilizados, y así lo han evidenciado las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Con todo, la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización, responsable de la implementación del Acuerdo de Paz, sustenta su gestión con cifras, y muestra los avances que se han logrado en estos tres años con el informe donde se analizan diferentes aspectos que van desde la percepción del concepto de víctimas, hasta los desarrollos en materias ambiental, desarrollo rural y proyectos productivos.
Uno de los aspectos más importantes de la política de Paz con Legalidad es la focalización de esfuerzos y recursos a través de programas y estrategias como Ocad Paz, Obras por Impuestos, y el Trazador Presupuestal Construcción de paz del Presupuesto General de la Nación en los 170 municipios priorizados.
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A este esfuerzo, se suma la voluntad de los gobiernos locales mediante la firma de 170 acuerdos municipales, 18 ordenanzas departamentales, y la inclusión de más de 12.000 iniciativas en los Planes de Desarrollo Territorial a través de los cuales se adopta el PDET como política pública de largo plazo.
De las primeras acciones de la política de Paz con Legalidad fue realizar un censo con 12.388 personas en proceso de reincorporación, que permitió identificar sus necesidades, expectativas, intereses y habilidades, y a partir de allí proyectar la implementación de esta política de Estado.
Por ejemplo, se evidenció que 95% de ellos manifestaron su interés de participar en proyectos productivos (51% de carácter individual), el 77,3% manifestó sentirse optimistas frente a su futuro dentro de este proceso.
“Resultado de esto, fue la construcción de una planificación robusta que nos permite focalizar acciones, responsables, recursos y tiempos para su implementación”, dice el documento.
El siguiente es el resumen de los principales indicadores del documento.
1- Las víctimas.
Por iniciativa del Gobierno y con apoyo del Congreso, la ley de Víctimas fue prorrogada hasta 2031, enfocada en que la reparación sea una realidad para quienes hayan sido despojados o hayan sido víctimas de la violencia. El trabajo de la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras muestra que son 9’153.078 personas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 7.361.106 son sujeto de atención y/o reparación. Se han otorgado 310.015 indemnizaciones individuales (administrativas y judiciales) con una inversión superior a $2.61 billones. Un total de 1’078.493 víctimas han superado su situación de vulnerabilidad, lo que representa al 42% de las víctimas que ha logrado superar esta situación.
2- Restitución de tierras.
En este Gobierno se han restituido más de 139 mil hectáreas (50.205 hectáreas en ruta campesina y 89.284 hectáreas en comunidades étnicas) que benefician a 24.950 víctimas. A través de 2.054 sentencias se han restituido más de 139.000 hectáreas de tierra que han beneficiado a más de 24.950 personas, campesinos y comunidades étnicas del país. Más de 51% de las sentencias de restitución han sido a favor de mujeres. Se han presentado 7.820 demandas para reclamar tierras de campesinos y comunidades étnicas. Se implementó la Demanda Electrónica, un servicio para agilizar y hacer más fácil la presentación de estas demandas ante la justicia.
3- Reincorporación.
Al Plan Nacional de Desarrollo se incorporaron transformaciones profundas al proceso de reincorporación con todas las garantías que les permitan avanzar en sus proyectos productivos, vivienda, acceso a la tierra, salud, educación, entre otras. A la fecha, 95% de la población está bancarizada, 99% está afiliada en salud, más de 13 mil personas han recibido más de $430.776 millones en garantías económicas, se han aprobado 3.063 proyectos productivos que benefician a 6.995 personas por $68.553 millones, más de 1.300 hectáreas habilitadas para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda. Para 2021, se han comprometido más de $24.000 millones para la construcción de 296 viviendas en los AETCR.
4- Proceso garantista.
El proceso colombiano de reincorporación es el más garantista de los procesos de paz en el mundo. Se han reincorporado 12.956 exguerrilleros de las Farc. De ellos 2.539 viven en los antiguos ETCR y 9.591 en 580 municipios del país.
En estos tres años han sido aprobados 3.063 proyectos productivos entre colectivos e individuales por alor de $68.553 millones para beneficiar a 6.995 reincorporados.
Además se han hecho desembolsos con garantías económicas por $430.776 millones.
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5- Los PDET, herramienta de transformación rural.
Se han firmado 170 acuerdos municipales, 18 ordenanzas departamentales y la inclusión de más de 12.000 iniciativas en los Planes de Desarrollo Territorial a través de los cuales se adopta el PDET como política pública de largo plazo. Se han invertido $8,35 billones de pesos en los municipios PDET. La cooperación internacional ha aportado $385.630 millones con 13 proyectos para la implementación de los PDET. Con el apoyo de Función Pública, 161 municipios cuentan con instancias de Gerencia de Proyectos.
6- Sustitución de cultivos ilícitos.
En el programa de sustitución se han invertido $1,2 billones y se han sustituido 17.967 hectáreas de cultivos ilícitos. 75.930 familias que le apostaron a la Paz con Legalidad y sustituyeron han recibido pagos para Asistencia Alimentaria, 71.092 están recibiendo servicio de Asistencia Técnica y 65.830 familias han recibido insumos y herramientas para sus proyectos productivos de huertas caseras. El Gobierno avanza con otros programas como ‘Formalizar para Sustituir’ para entregar la tierra a las familias que han sustituido, ‘Contratos por Servicios Ambientales’ para estabilizar la frontera agrícola y proteger el medio ambiente, y creó la estrategia colaborativa ‘Hecho a la Medida’ que busca generar nuevas opciones para la sustitución voluntaria.
7- Enfoque de Género
Se han creado varios mecanismos: la Alta Instancia de Género de Gobierno; los Marcadores Presupuestales de Paz y Género en el Plan Nacional de Desarrollo; la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación y la Instancia Especial de Mujeres para el Género en la Paz.
Se diseñaron 51 compromisos del capítulo de mujer y género de los cuales 9 ya están finalizados. Se creó la Línea Especial de Crédito para la compra de tierras para mujeres con 687.836 beneficiarias de servicios agropecuarios, y 358 mil hectáreas entregadas y formalizadas a más de 23 mil mujeres. Más de un millón de mujeres se han beneficiado por las acciones relacionadas al desarrollo rural integral.
Como fortalecimiento al ejercicio participativo de las mujeres, para la planeación de los PDET participaron más de 65.000 mujeres, representando el 32,5% de los asistentes. Como resultado de esta participación se incluyeron 4.606 iniciativas de mujer rural y género
8- Enfoque Étnico.
Fueron prorrogados los Decretos de Ley étnicos que protegen a los pueblos y comunidades étnicas hasta el 2031. Se puso en funcionamiento la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos; se creó la coordinación de Mujer, Género, Víctimas y Etnias dentro de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación; se concertaron 150 acciones y se consolidaron 14 Mecanismos Especiales de Consulta en subregiones PDET.
También se creó la Comisión Nacional de Mujer Indígena, se reglamentó la clarificación de títulos de origen colonial y/o republicano y se han culminado 75 procedimientos, beneficiando a más de 10 mil familias, con un área formalizada de más de 490 mil hectáreas.
9- Desarrollo Rural Integral
La transformación del campo incluye acciones como comercialización de productos agropecuarios, seguros de cosecha, vivienda rural, líneas de crédito y subsidios, apoyo a los productores, acceso y formalización de tierras, vías terciarias, energía, agua y saneamiento, educación, salud. Además se adoptó el Plan Marco de Implementación como la guía para la implementación.
10- Planeación
El sector agricultura y desarrollo rural tiene a cargo 65 indicadores en temáticas como acceso y formalización de tierras; adecuación de tierras; vivienda rural, y reactivación económica (comercialización, extensión agropecuaria y financiamiento). La implementación de los Planes Nacionales Sectoriales, que son políticas de largo plazo, está a cargo de 10 sectores del Gobierno. A la fecha se cuenta con 10 planes nacionales sectoriales adoptados, 4 planes con cierre técnico y 2 planes en proceso de formulación por parte de los sectores.
11- Factores productivos
Se han ingresado 1’157.534 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación que corresponde a un aporte del 84% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo. La Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la formalización de 654.173 hectáreas a través de 24.842 títulos expedidos y registrados en beneficio de 36.027 familias entre étnicas y campesinas.
La Agencia de Desarrollo Rural ha cofinanciado 93 proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con una inversión de $129.281 millones beneficiando a 10.431 productores; de esos proyectos 32 se han implementado en 43 municipios PDET con una inversión de $35.33 millones, beneficiando a 2.934 productores.
12- Infraestructura
En la zona rural se han beneficiado 275.531 personas con acceso a agua, y 225.219 personas con acceso a saneamiento. También se adoptó el Plan Nacional de Electrificación Rural el cual ha beneficiado a 54.281 nuevos usuarios en las zonas no interconectadas del país. El 98,8% de las 1.122 cabeceras municipales en el país tiene acceso a internet.
Se han entregado, en las regiones PDET, 1.325 obras de infraestructura social y comunitaria, infraestructura vial, servicios públicos y reconciliación y 188 están en ejecución.
13- Política Social
Se han entregado 12.330 soluciones de vivienda y se otorgaron subsidios de vivienda por $406.114 millones. El Ministerio de Salud realizó transferencias por $37.287 millones a los hospitales de 35 municipios priorizados por el Plan Nacional de Salud Rural. El segundo pago de los ciclos ordinarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción beneficiaron a 676.389 familias y a 199.516 jóvenes.
El 100% de los derechos académicos fueron exonerados en 7.004 establecimientos educativos oficiales en zonas rurales del país beneficiando a 2.026.433 estudiantes. Se garantizó la atención integral a la primera infancia a 500.350 niños y niñas ubicados en zonas rurales.
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14- Política Ambiental
El Programa de Contratos de Conservación Natural avanzó en la formalización de 111 acuerdos de conservación. Se entregarán 9.596 contratos de conservación natural en siete Zonas de Reserva Forestal. La Agencia para la Renovación del Territorio entregará los contratos de conservación natural a 4.103 familias del PNIS que ya hicieron la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, otorgándoles el derecho al uso de la tierra.
15- Catastro Multipropósito
El país cuenta con 15,39% de actualización catastral, equivalente a 17,56 millones de hectáreas. También se cuenta con 27 gestores catastrales habilitados para prestar el servicio público, incluyendo al IGAC como prestador por excepción y la ANT como gestor en los términos de la Ley 1955 de 2019.
A través de cooperación internacional se han financiado 118 municipios para su actualización catastral, que representan en terreno 29,3 millones de hectáreas.