LA CRISIS de seguridad y de orden público que está afectando a gran parte del país, no solo está impactando a la Fuerza Pública y población civil, sino que, además está disparando los casos de desplazamiento forzado.

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo reveló un informe sobre el tema, en el que advirtió sobre el preocupante aumento en los casi cinco meses que van del 2024 de eventos que configuran riesgos latentes de que ocurran desplazamientos forzados masivos en Colombia.

“Desde el primero de enero hasta la fecha registramos 73 eventos de riesgo de desplazamiento, lo que representa un importante aumento, pues en el mismo periodo del año anterior evidenciamos 43 eventos de riesgo del fenómeno. Y lo que es más preocupante, hemos registrado más de 35 eventos de desplazamiento masivo que han afectado a cerca de 12.000 personas en todo el territorio nacional”, alertó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Frente a esta realidad, EL NUEVO SIGLO habló con Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhe), quien hizo un drástico panorama sobre lo que está pasando con este flagelo en el país.

Señaló que el tema de los desplazamientos forzados en Colombia es bastante amplio, por la gran cantidad de problemáticas que enfrenta el país.

Recientemente, se publicó la Encuesta Nacional de Verificación que mide, básicamente, “cuál es la situación de los derechos de la población desplazada porque en este momento estamos conmemorando 20 años de la Sentencia (T-025 de 2004) de desplazamiento. Ahí hay una serie de datos complejos”.

Romero destaca que actualmente se vive una situación “en la que, si bien la gente ha tenido ayudas, registros, algunos han recibido indemnizaciones, otros han sido afiliados a salud, a los cupos educativos; la conclusión del informe es que la población desplazada es la más vulnerable dentro de las poblaciones socialmente vulnerables en el país, con índices del 76 % de pobreza monetaria. La pregunta es, ¿cuál es la situación social de los 8,5 millones de desplazados?”.

Casos de desplazamiento forzado

El director de Codhes es enfático en que hay más de 1.000 casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

“Eso significa que hay continuidad de conflictos y violencias estructurales en los territorios, y la radiografía la conocemos. La Defensoría del Pueblo ha documentado el surgimiento de algunos grupos armados nuevos, la persistencia de guerras con Eln, con disidencias de las Farc, con el Clan del Golfo, autodefensas y herederos del paramilitarismo en otras partes del país; a veces con enfrentamientos entre ellos, a veces con enfrentamientos entre el Estado y estos grupos, eso es como la razón principal que está detrás del desplazamiento en muchas partes”, sostuvo. 

Asimismo, asegura que las personas desplazadas denuncian que este fenómeno a veces ocurre, justamente, en zonas donde los territorios tienen economías de alto valor, sean legales o ilegales.

“Parece existir una constante en donde hay territorios de alto valor, ya sea estratégico, económico o militar, suele ocurrir que hay unidades de desplazamiento porque hay una disputa por el control de esos recursos de esos territorios y por el control del comportamiento de esa población”, añade.

Políticas y medidas

En cuanto a las políticas públicas para contrarrestar esta situación social, el director de Codhes aseguró que “hay esfuerzos importantes del Gobierno actual por resolver el problema vía negociaciones de paz; en contraposición al gobierno anterior (de Iván Duque) que, prácticamente, saboteó el Acuerdo de Paz con las Farc; lo que hay ahora es un intento de buscar otros entendimientos, pero aquí hay que hacer un llamado de algún modo, a comprender la complejidad de estos problemas, que no se resuelven de la noche a la mañana”.

Sin embargo, reconoce que lo ideal “es frenar todas las violencias, eso ha sido criticado por muchos sectores, lo de la ‘paz total’, pero también vale la pena hacer la pregunta de si el país puede seguir en un modelo de negociación, de procesos de paz uno a uno, procesos de paz al detal, que a veces lo miran como un efecto globo, porque la guerra que se desactiva en un territorio se activa en otro, o los armados que dejan un territorio, normalmente lo dejan bajo el control de otros o lo toman otros”.

El director de la organización señaló que se debe insistir en la protección de los territorios y de las personas en muchas partes del país.

“El Estado tiene una presencia bastante precaria, y no se requiere solo más presencia militar, sino que la gente tenga oportunidad de desarrollo porque, normalmente los armados se apoyan en las necesidades de la gente o se convierten en proveedores, donde el Estado no garantiza derechos de ciudadanía”, dijo.

¿En dónde hay más desplazamiento?

En este sentido, Marco Romero sostiene que la mayor parte de los desplazados está en las grandes ciudades. Indicó que este fenómeno tiene mayor auge en departamentos en zonas del Cauca y Caquetá.

“Hay que reconocer que, en sectores importantes, las personas no van a regresar a los territorios; por consiguiente, se deben tomar medidas y tener políticas públicas urbanas porque normalmente en Colombia lo que ha ocurrido es que en las ciudades no tienen políticas robustas para atender las necesidades de los desplazados, porque se considera que la gente va a regresar tarde o temprano, pero las nuevas generaciones nacidas en el mundo urbano no van a regresar”, indicó.

Muchos sectores tienen dudas, indica Romero. El 73 % de los desplazados quiere permanecer en los sitios donde está asentado hoy, “solo un 5 % dijo en la encuesta que quiere volver al lugar de donde salió, ¿por qué? no es porque la gente no quiera volver a sus territorios, sino porque hay violencia y porque no hay garantías”, puntualiza.

Datos y denuncias de la Defensoría

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo alertó que cerca de 500 familias están confinadas en la vereda Palmeiras, jurisdicción del municipio de San José del Fragua, en el departamento del Caquetá, gracias a los combates que se han presentado entre grupos disidentes de las Farc, que se disputan el control territorial de la zona limítrofe con el departamento del Cauca.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, señaló: “Nos preocupa que en el desarrollo de los enfrentamientos entre el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, y la estructura Comandos de la Frontera, de la Segunda Marquetalia, también de las disidencias de las Farc, las comunidades reportaron que no han podido salir de sus viviendas por temor a la agudización de las acciones armadas y por la presencia de cuerpos sin vida en las vías rurales de miembros, según su denuncia, que eran de esos grupos armados ilegales”.