A consultas llamó el gobierno de Colombia a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, luego de que la Fiscalía de este país señalara que la elección de Bernardo Arévalo de León como prresidente debía anularse.
A través de un comunicado de prensa, la Cancillería señaló que la acción del ente investigador guatemalteco atenta contra la institucionalidad democrática del país.
"El Gobierno de Colombia condena enérgicamente las recientes acciones del Ministerio Público de la República de Guatemala, las cuales constituyen una clara afrenta a la institucionalidad democrática del país y al sistema democrático interamericano", señala la misiva.
Agrega que "dichas acciones pretenden abiertamente usurpar y desconocer la voluntad popular expresada en el claro mandato de las urnas. Las interferencias del Ministerio Público, a su vez Fiscalía General, únicamente buscan impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera asuman los cargos para los cuales fueron elegidos en un proceso libre y soberano, según lo constataron los observadores internacionales".
Finalmente, la Cancillería señala que "Gobierno de Colombia reitera lo manifestado sobre este tema en ocasiones anteriores, en el sentido de que debe prevalecer el respeto a la Constitución Política del país y a las normas electorales".
Reacción de Petro
Horas más temprano, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos y los calificó como un "golpe de estado".
"Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia", trinó el presidente.
Por su parte, el Tribunal Electoral de Guatemala afirmó este viernes que los resultados de las elecciones en que resultó elegido presidente Bernardo Arévalo "están oficializados y son inalterables.
"Los resultados están validados, están oficializados y son inalterables (...)", los funcionarios electos "deben tomar posesión" en enero próximo, "de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional", afirmo en rueda de prensa la presidente del Tribunal, Blanca Alfaro.
La magistrada aseguró que "las credenciales" de los candidatos elegidos fueron emitidas y la fiscalía "no tendrían ninguna facultad" para hacer que el TSE anule unas elecciones, "salvo una sentencia que venga de la Corte de Constitucionalidad (CC, el máximo ente judicial)".