Esta semana comienza, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara, el estudio del proyecto de reforma tributaria que radicó el gobierno Petro, el cual, con mensaje de urgencia, se espera sea aprobado en las próximas semanas para que sus efectos fiscales comiencen a partir de enero del 2023. La iniciativa será discutida en primera instancia en audiencias, tanto en el Congreso como en distintas regiones, donde se espera perfilar varios de sus aspectos más polémicos.

En la Comisión Tercera de la Cámara, desde las 2 p.m., habrá una reunión de coordinadores y ponentes del proyecto de reforma tributaria.

Mientras que para el próximo miércoles la Comisión Cuarta del Senado agendó un debate de control político sobre el proyecto de ley por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. En la audiencia el Gobierno debe explicar también si estos recursos serán utilizados en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2023, en cumplimiento de la función misional del Estado y del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Para tal fin fueron citados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

También este miércoles, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, desde las 9 de la mañana, se desarrollará una audiencia pública para escuchar a los gremios más representativos del país, referente al proyecto de reforma tributaria.

Así mismo, las comisiones terceras agendaron para este jueves una audiencia en Barranquilla para el análisis del proyecto de reforma tributaria.

Vale señalar que, en esta oportunidad, no es usual que ocurra, se juntaron la discusión de la reforma tributaria y del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2023. A propósito hay que tener en cuenta que por ley este último debe estar aprobado a más tardar en octubre venidero. 

Sin embargo, la urgencia que tiene el Gobierno nacional de sacar adelante la reforma tributaria para financiar la ambiciosa propuesta en materia social del presidente Petro, llevó al Ejecutivo a presentar este proyecto, incluso como se dijo con mensaje de urgencia, y no esperar a que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

En ese escenario las comisiones económicas deben atender los dos proyectos al tiempo, con la premisa también de sacar la reforma tributaria este año.

Precisamente mañana, las comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Cámara de Representantes y Senado darán inicio al estudio del proyecto de ley por medio del cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para el 2023.

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Perfilando el proyecto

El Gobierno nacional presentó el proyecto de reforma tributaria el pasado 8 de agosto, un día después de que se posesionara Gustavo Petro, mostrando de esta manera la urgencia que tiene de obtener los cerca de 25 billones de pesos anuales que pretende recaudar con esta iniciativa.

De ese momento a hoy el articulado del proyecto ha sido ventilado en diferentes escenarios, por un lado en reuniones que ha sostenido el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con los ponentes de los diferentes partidos; y por el otro en foros con gremios y expertos económicos y tributaristas, como el que desarrolló la ANDI en Cartagena.

En esa discusión previa de la reforma tributaria a la que está a punto de iniciar el Congreso, el Gobierno nacional ha atendido algunos reparos de distintos sectores, morigerando o incluso echando para atrás algunos aspectos de la reforma que han sido polémicos.

En ese sentido, el ministro José Antonio Ocampo explicó en un foro financiero que no se van a imponer más impuestos a la explotación del oro, se bajará lo que se tiene establecido cobrar a los dividendos y ganancias ocasionales, se eliminará de la iniciativa el gravamen a los combustibles en zonas de frontera y se continuará con el alivio actual.

Durante el seminario de perspectivas económicas de ANIF, el ministro sostuvo que “una de las cosas que quisimos hacer, que a la postre no va a ser así, era simplificar todo el régimen tributario. Todos los ingresos son iguales, de cualquier fuente que sea. Pero parece que en dividendos y en ganancias ocasionales no será así”.

En efecto, el Gobierno proponía cambiar la tarifa de 10% para los dividendos por las tarifas marginales de la tabla general, que llega hasta una tasa de 39% para aquellos en el tramo de ingresos más altos.

En lo referente a las ganancias ocasionales, el Ministerio de Hacienda proponía también cambiar las tarifas de 10% para herencias, donaciones y enajenación de activos y de 20% para rifas y loterías por estas mismas tarifas marginales de los ingresos ordinarios.

Por su parte, en lo concerniente a exportaciones del oro, en la tributaria el Gobierno proponía un impuesto de 10% a las exportaciones extraordinarias tanto de este metal, como del petróleo y del carbón. Es decir, sobre la proporción del valor de las exportaciones derivada de un precio internacional superior al umbral, como ocurre con los precios del crudo que rondan los US$100.

Sin embargo, el ministro Ocampo aclaró que el impuesto a las exportaciones de oro se va a eliminar, ya que hacerle seguimiento sería muy difícil por la minería ilegal que afecta al país.

Indicó Ocampo que “la estimación de cuánto estamos esperando recaudar viene principalmente de renta y patrimonio de personas naturales, seguido por recursos del subsuelo del Estado, básicamente petróleo y carbón. Pero hay un pequeño impuesto al oro que vamos a eliminar porque hay serias dudas de la capacidad de hacerlo efectivo por el contrabando del oro".

En el caso de los subsidios a la gasolina en las fronteras, el Gobierno también va a suprimir del articulado la propuesta de eliminarlos. "Hemos decidido que vamos a pedirles a los ponentes que eliminen ese artículo. Creo que tiene alguna lógica porque la información que tenemos es que hay mucho contrabando, mucho abuso con esos combustibles subsidiados, pero por otra parte tendremos que, más bien, fortalecer los controles", manifestó Ocampo.

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Otros temas de discusión

Hay otros aspectos del proyecto de reforma tributaria que serán materia de discusión en el Congreso, en los cuales el Gobierno pareciera no quisiera dar su brazo a torcer.

Es el caso del impuesto a las bebidas azucaradas así como a las comidas ultraprocesadas, que si bien el Gobierno ha señalado que no le reportará un gran recaudo, su intención es lograr un impacto positivo en la salud de los consumidores.

Distintos sectores de la producción y económicos han manifestado su desacuerdo con este impuesto.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que “si bien el comercio formal logró con mucho esfuerzo sortear los obstáculos, no solo de la pandemia, sino de los acontecimientos posteriores; las tiendas de barrio, que en su mayoría (95%) están ubicadas en estratos 1, 2 y 3, se quedaron rezagadas, especialmente porque este año se ha sentido fuertemente el encarecimiento de alimentos y bebidas (entre 15% y 30%). La llegada de nuevos impuestos que golpean directamente los ingresos y las utilidades de las tiendas amenazaría la sostenibilidad de los tenderos y sus familias, lo cual podría generar que, en caso de darse esta realidad, un 52% cerrara definitivamente sus negocios. Eso equivale a 250 mil tiendas”.