ENTRE LOS pescadores artesanales de San Andrés y Providencia el temor puede ser una sensación recurrente, sobre todo cuando navegan hasta las profundidades del Caribe en busca de peces, langostas o caracoles para la comercialización y consumo propio.

La pesca es para esa comunidad étnico raizal más que una simple actividad de sobrevivencia. Es un modo de vida que ha forjado su cultura, incluso mucho antes de que nuestros abuelos balbucearan sus primeras palabras cuando niños.

Por eso es que en los últimos tiempos han condenado de manera enérgica los ataques e intimidaciones de piratas que llegan de Nicaragua, Honduras y Jamaica, al igual que el hostigamiento de empresas de pesca que dificultan la libre ejecución de su actividad.

Este es uno de los flagelos que más preocupaciones genera entre los pescadores del archipiélago, ya que deben lidiar con quienes, armados hasta los dientes, llegan en sus rápidas y modernas embarcaciones para robar lo que producen en el día, herramientas de comunicación y gasolina.

“Hay mucho temor”, informó a EL NUEVO SIGLO, Alex Barrios, presidente de la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de San Andrés y Providencia (Asopacfa), quien también aseguró que los bancos de pesca más productivos como Quita Sueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo y Bajo Alicia se han convertido en el blanco de estos piratas internacionales.

Lamentó que el Gobierno Nacional tenga poco control en el territorio, facilitando la entrada de estos delincuentes que amenazan tanto la vida de los sanandresanos, como la estabilidad del ecosistema.

“Desafortunadamente, (la Armada) tiene una sola unidad a flote para cubrir 180.000 kilómetros cuadrados que deberían estar protegidos. Tampoco tienen la capacidad para ingresar a las zonas someras que es donde entran los barcos”, manifestó el presidente de Asopacfa, lamentando que no se haya hecho más para la protección de la pesca artesanal en San Andrés porque no suma votos para obtener ascensos militares.

Alejados de la playa, no hay quien pueda proteger a los pescadores artesanales de la crueldad de los piratas. Con suerte, estos delincuentes dejan solo un poco de gasolina en el motor de la embarcación para que puedan llegar a la orilla.

En una oportunidad, encerraron a los tripulantes en el cuarto frío de la embarcación, después de haber entregado bajo amenazas el pescado y otros objetos de valor.

Cuenta Barrios que una de las víctimas sabía una ruta para salir y fue así que lograron escapar de la muerte. Pero denunciar cualquier ataque no garantiza que las autoridades cumplan con su deber de vigilar y proteger.

“Lo primero que nos dicen es que, si tenemos pruebas de lo que estamos denunciando”, cuestionó Barrios, al tiempo que lamenta que este tipo de situaciones se siga generando, después del último fallo de La Haya, que dio la razón a Colombia frente a Nicaragua, en torno a sus pretensiones de ampliar su plataforma continental.

La depredación del territorio a través de la pesca industrial es otro problema con el que han tenido que lidiar en San Andrés y Providencia.

“Han usurpado funciones por los últimos 40 años, además pretenden seguir haciéndolo aquí en el territorio. No entendemos por qué se siguen dando pescas industriales en los complejos arrecifales, pese a que la FAO establece que no deben hacerse”, criticó.

También dijo que las áreas del archipiélago no son aptas para este tipo de pesca. “Sin embargo, lo están desarrollando en otra área nueva, ya que el Banco de Serrana y Quitasueño lo tienen acabados. Hoy lo están haciendo en Serranilla, Bajo Alicia y Bajo Nuevo, que son áreas sensiblemente golpeadas por la pesca industrial e ilícita desde Jamaica, Honduras y Nicaragua”, precisó.

Poca determinación

Las denuncias sobre las pocas garantías de seguridad marítima del Estado hacia la actividad artesanal han sido constantes, pero no solo ahora. Los reclamos de los raizales por las dificultades para ejercer la pesca artesanal son de vieja data.

Por lo mismo, cada vez que un pescador se dirige hasta las zonas permitidas para llevar a cabo su actividad lo hacen con miedo a sufrir un asalto. Cabe destacar que: “Esto viene ocurriendo desde 2012 cuando se dio el segundo fallo de La Haya. Se ha tratado de dialogar entre los países, pero Nicaragua es intransigente”, dijo Barrios.

Ante la situación, considera que Colombia debe asumir una posición mucho más soberbia, demostrándolo a través de la implementación de controles para reducir los efectos de la pesca industrial y los piratas internacionales.

Es que no basta solo con invitar a los invasores a salir del territorio cuando son descubiertos navegando sobre sus aguas. Lo que plantea el presidente de Asopacfa es la captura y judicialización para quienes cometen actividades ilícitas de pesca y hostigamiento en el archipiélago.

Precisó que, aun cuando La Haya favoreció a Colombia en el último fallo, tanto Managua como Bogotá deben entender que el territorio no pertenece a ninguno de esos estados, sino que hace parte tradicional de la comunidad étnico raizal.

“Como pueblo raizal, tenemos derecho a la pesca en nuestras aguas… Esa disputa se dio entre dos países por un territorio que no le pertenece a ninguno de los dos”, destacó.

San Andrés, una roca en el mar

Muchas han sido las promesas de cambio hechas por los gobiernos, pero no siempre cumplen lo pactado. “Las ayudas son ínfimas frente al territorio y frente a la deuda histórica que tiene el Estado colombiano para con el pueblo”, enfatizó.

La responsabilidad de que no haya mejora es atribuida por Barrios a administraciones como la de Iván Duque, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, César Gaviria y Virgilio Barco.

Señaló que han sido gobiernos que han pasado por estos territorios restando importancia a la comunidad raizal y al valor de su riqueza cultural. Sin embargo, hizo énfasis en que la atención ofrecida ha venido de parte de la gestión actual de Gustavo Petro.

“Ha abierto las puertas al diálogo frente a las necesidades reales de los pueblos para que puedan subsistir”, dijo.

Barrios es de los que piensan que los gobiernos anteriores han visto a San Andrés como una gran roca en el mar, una isla a la que solo van a descansar para presumir de que “están en la punta norte de Colombia”.

“No han entendido que se trata de un archipiélago con cosmovisión, cultura y lengua propias; con múltiples normas especiales que identifican nuestro territorio y que somos sujetos de especial protección. Los gobiernos no entendieron la importancia geoespacial y estratégica de este archipiélago, que limita con 7 países”, manifestó.

Asimismo, expresó que “no han entendido que cuenta con una reserva de biósfera que hay que protegerla”.

San Andrés y Providencia hacen parte de un territorio unitario, lo que, según Barrios, requiere de un gran esfuerzo para garantizar la supervivencia del pueblo étnico raizal. “Si no se hace, estamos condenado a un genocidio en sistema”.