El Gobierno nacional será conminado por el Congreso para que informe a ciencia cierta cuál es su gestión para la formalización de tierras, después de que en días pasados la Procuraduría General asegurara que no corresponden a la realidad las cifras que ha entregado de 1'184.630 hectáreas, sino que son 269.321 hectáreas. Por esta situación, el senador conservador Marcos Daniel Pineda solicitó en la Comisión Quinta un debate de control político, que está pendiente de que le asignen la fecha.
El senador Pineda confirmó a EL NUEVO SIGLO sobre este debate en la Comisión Quinta que “soy el citante, estoy a la espera de que le pongan fecha”.
Para este debate serán citados la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhénifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina. También será invitada la procuradora general, Margarita Cabello, entre otros.
La reforma agraria es uno de los principales propósitos que tiene el presidente Gustavo Petro, y en este sentido se comprometió a avanzar en lo que contempla el Acuerdo de Paz del 2016, que es la adjudicación de tres millones de hectáreas a campesinos pobres.
En su discurso en la instalación de la segunda legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio, el presidente entregó cifras en la materia. “Titular no es cambiar la posesión de la tierra. Ojo. Podemos equivocarnos y yo no quiero engañar a nadie: titular es reconocer la posesión que tenga alguien hoy sobre tierras. En ese tema –que tiene que ver con el punto uno del Acuerdo de Paz de las Farc con el Estado colombiano– se habló de titular siete millones de hectáreas… pues bien, de esos siete millones de hectáreas, nosotros, este gobierno, ha titulado un millón de hectáreas. 756.000 hectáreas han sido para los indígenas y 175.000 hectáreas para campesinos”, dijo Petro.
Agregó que “en lo que tiene que ver con la reforma agraria, que es el cambio de tenencia de la tierra, el punto uno del Acuerdo de Paz dice que deben ser tres millones de hectáreas. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas, durante los cuatro años. (El expresidente Juan Manuel) Santos pues ni alcanzó, o sea que de tres millones de hectáreas por entregar iban 13.000 hasta que llegamos a mi gobierno. Y en nuestro gobierno, en el primer año, van 30.000 hectáreas entregadas”. Dijo que la mayoría de estas hectáreas han sido compradas.
Se lamentó el jefe del Estado que de “tres millones de hectáreas, nosotros no hemos podido sino entregar 30.000. El objetivo que propusimos para este año fueron 500.000 hectáreas”.
Qué dice la Procuraduría
Luego de que la Procuraduría le pidiera un informe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los avances en las metas de acceso y formalización de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz, “confirmó que no son ciertos los resultados sustanciales apropiados por el actual gobierno, sino que, por el contrario, estos están muy por debajo de las cifras reportadas como logros, indicó el órgano de control.
- Le puede interesar: ¿Mala gestión de Claudia López? Candidatos al Concejo responden
Agregó la Procuraduría que “según el informe remitido al ente de control, la realidad es preocupante, ya que de las supuestas 1'184.630 hectáreas que referenciaban haber formalizado, lo que realmente ha sido adjudicado por el Gobierno actual con corte al 31 de agosto de 2023, son 269.321 hectáreas”.
Agregó la Procuraduría que la ANT en la respuesta que le hizo llegar precisó que “641.727 hectáreas corresponden a la formalización y entrega de títulos resultado de la gestión de gobiernos anteriores, confirmando la deducción del ente de control sobre la imprecisión y falta de transparencia en la entrega de indicadores, los cuales no correspondían al periodo actual ni a los establecidos para su seguimiento, especialmente los relacionados con el registro de tierras, adjudicaciones de bienes fiscales, formalizaciones de predios privados, entre otros”.
La Procuraduría también controvirtió las cifras que entregó la ANT en el anterior Gobierno, pues señaló que en el periodo 2017-2020 (hectáreas adjudicadas y registradas en las correspondientes ORIP durante el periodo de implementación del Acuerdo de Paz) sería de 913.548 hectáreas y no 1'966.691.1 hectáreas, como se informó, con una diferencia de 1'053.142,2 hectáreas menos. Para el ente de control, en esa oportunidad no era claro por qué la ANT estaría sumando como logros de la implementación del Acuerdo de Paz resultados previos a la firma del mismo.
Explicación del Gobierno
La semana anterior en un consejo de ministros el presidente Petro dio un ultimátum a sus ministros de un mes para entregar resultados o, de lo contrario, que pidan renuncias a viceministros y directores de institutos.
Se conoció que en el caso de la cartera de Agricultura el jefe de Estado urgió a la ministra Jhénifer Mojica aclarar las cifras sobre adjudicación y formalización de tierras por las observaciones que hizo la Procuraduría.
La primera acción que tomó la ministra de Agricultura fue solicitar la renuncia protocolaria a los directores del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), Juan Fernando Roa Ortiz; Agencia Nacional de tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Luis Alberto Higuera.
Si bien otros ministros, como el de Transporte y el del Interior, solicitaron a viceministros y directores de institutos adscritos presentar sus renuncias protocolarias, atendiendo la orden presidencial, en el caso de la ministra Mojica ha expresado de antemano dudas sobre las cifras que entregó el director de la ANT.
La ministra Mojica habló en una entrevista a El Tiempo de “un desorden monumental en las cifras de tierras de la implementación del Acuerdo de Paz”, debido a que reporta las cifras en los sistemas Sinergia y Siipo, y en cada uno hay números diferentes desde 2016 y hasta el momento.
Mojica dijo que “esa gran desinformación e incluso fabricación de cifras ha llevado a que hoy la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no logre tener con precisión qué es lo que se ha hecho”.
En ese sentido se sabe que el Ministerio de Agricultura está trabajando con la ANT en la depuración de las cifras sobre titulación y adjudicación en este gobierno, que solicitó el presidente Petro, pero que ahora también exigirá el Congreso, como se dijo la Comisión Quinta del Senado de la República.