El próximo 21 de abril la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos) dictará sentencia por una de las dos demandas que Nicaragua impetró contra Colombia por el diferendo limítrofe marítimo que se inició en 2001, que tiene que ver con un supuesto incumplimiento que alegan los centroamericanos de un fallo de 2012.

EL NUEVO SIGLO consultó a parlamentarios de las comisiones segundas de Senado y Cámara, que entre sus funciones tienen algunas vinculadas con relaciones internacionales del país, quienes esperan que el alto Tribunal internacional dé la razón a Colombia en esta oportunidad.

La presidenta de la Comisión Segunda del Senado, Paola Holguín Moreno (Partido Centro Democrático), indicó que "los colombianos esperamos que la Corte obre en justicia, que se reconozcan los derechos ancestrales de los raizales a pescar en esa zona, que se reconozca la tradición de soberanía de Colombia ininterrumpida, pacífica, y que además se descarten los llamados incidentes de Nicaragua, sobre los cuales no existe ninguna prueba ni ningún hecho de mala fe por parte de Colombia”.

Mientras que el senador Iván Cepeda Castro (Polo Democrático Alternativo) señaló que "esperaría que la Corte Internacional de Justicia honre nuestro derecho a respetar los límites de nuestro territorio y de nuestras aguas marítimas, y que se haga justicia en relación a Colombia porque en las decisiones anteriores se ha violado gravemente nuestra soberanía”.

En tanto que el senador indígena Feliciano Valencia Medina, del Partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), dijo que "como se manifestó en el 2012 y después en el 2013, Colombia hizo una mala defensa del litigio". 

Agregó el Parlamentario que "espero que la Corte se pronuncie favor y que ratifique la soberanía a nuestra nación porque los pescadores dependen de la pesca". Dijo también que Colombia no puede "solo alegar que mantiene sus buques, sus fragatas, para control del narcotráfico sino brindarles garantías a la población que vive de la pesca. Eso siempre lo alegaron las organizaciones de pescadores".

A su turno, el representante a la Cámara del Partido Liberal por Putumayo, Carlos‌ ‌Adolfo‌ ‌Ardila‌ ‌Espinosa, dijo que "desde la Comisión hemos expresado preocupación por el hermetismo con que se ha manejado el tema. Este es un tema de total atención, Colombia no puede seguir asumiendo una posición que desconoce el fallo".

Agregó que "sentimos desde la Comisión, lo hemos expresado ya en diferentes oportunidades, que Colombia no le ha prestado la suficiente atención a un tema que resulta de gran interés para el país en materia de soberanía. Está en juego territorio, está en juego plataforma continental y, de paso, hay unos derechos en jaque de nuestros habitantes en San Andrés, Santa Catalina y Providencia, hay derechos de raizales que deben ampararse, protegerse, y eso supone una atención especial por parte del Gobierno colombiano". 

Consideró Ardila‌ ‌Espinosa que el Ejecutivo se ha limitado a través de la Vicepresidenta a expresar que cuenta con toda la atención “y hay un grupo de abogados que ha venido avanzando en este proceso, y casi que con un retrovisor en la mano termina diciendo que gobiernos anteriores debieron asumir una actitud mucho más activa en este tema”.

No obstante, el Parlamentario liberal señaló que “si tanto critican a los gobiernos anteriores, este pareciera estar haciendo lo mismo o incluso está prestando menos atención que los gobiernos que le antecedieron”. 

Acotó también que "tampoco han activado mecanismos que resultan importantes como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que está integrada por congresistas, está integrada por expresidentes de la República, para poder tomar decisiones de fondo en este tema". 

Reiteró que el Gobierno debe darle el mayor interés a este asunto; "no prestarle atención, no supone que nos vaya a asegurar un mejor resultado en La Haya”.

Mientras que el senador John Harold Suárez Vargas (Centro Democrático) dijo que “nuestro país espera que el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia acoja los argumentos expuestos en la contrademanda instaurada por nuestro país en dicho Tribunal, y de esta manera Nicaragua no continúe vulnerando los derechos de pesca de todos los habitantes del archipiélago. Y de otro lado se respeten los límites de derecho que tenemos los colombianos sobre el mar Caribe”.

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La demanda ‘nica’

La Corte Internacional de Justicia examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional, por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012 de este Tribunal, como consecuencia de las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe; así como por la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.  

En el marco de este proceso, Colombia contrademandó a Nicaragua mediante dos reclamaciones, según las cuales, en cuanto a la primera, ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. 

Y la segunda, porque Nicaragua expidió un decreto que nuestro país considera es contrario al derecho internacional, relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. 

Los más recientes desarrollos en el trámite que hace la Corte Internacional de Justicia de esta demanda fueron las audiencias orales en La Haya, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021. 

En esa oportunidad los abogados de Colombia centraron sus argumentos en defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal; así como evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el mar Caribe. 

Igualmente, los abogados reiteraron un argumento que Colombia ha defendido, acerca de la implementación del fallo que emitió en 2012 esta Corte, como es que el caso trata sobre los derechos y libertades de ambas partes en el área, no sobre el cumplimiento o ejecución de esa sentencia, por lo cual Nicaragua tiene la carga de probar cada violación alegada. 

Además, Colombia en dichas audiencias orales resaltó la importancia de la protección del medioambiente marino así como de asegurar la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes en el mar Caribe.

El litigio en la Corte Internacional de Justicia inició en 2001 por la demanda que presentó Nicaragua buscando que se declarara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas de 1929, que firmaron las dos naciones, y que por ello se declarara la soberanía de los ‘nicas’ sobre todas las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia, que son 10 en total: San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque, Cayos del Este-Sudeste, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo.  

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia resolvió la controversia planteada por Nicaragua en 2001, con un fallo en el cual si bien reconoció la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, y por esa vía la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, el país centroamericano no salió con las manos vacías. 

La Corte rechazó la posición tradicional de Colombia según la cual el tratado efectuaba una delimitación marítima, por lo que concluyó que a ella le correspondía determinar la extensión de los espacios marítimos de los dos países y fijar la frontera marítima entre las islas colombianas y la costa nicaragüense. 

Como consecuencia, la Corte procedió a hacer la delimitación marítima con la cual Nicaragua ganó cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar que hasta entonces eran aguas colombianas.

Informaron a Comisión de Exteriores

El pasado 8 de abril el Gobierno nacional citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por expresidentes y congresistas, para informar sobre la audiencia del próximo 21 de abril en el Palacio de la Paz en La Haya, a las 10 de la mañana, hora Países Bajos (3 de la mañana, hora Colombia), en la cual la Corte examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia, supuestamente, habría violado el derecho internacional, por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012.