El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció lo que el gobierno ha llamado las Bases de un acuerdo mínimo contra la Violencia y por la Democracia, el cual contiene cinco puntos en los que busca llegar a consensos entre distintos sectores ciudadanos, económicos, políticos y sociales.

Con la propuesta de dicho acuerdo, el Gobierno nacional convoca a las fuerzas políticas, a las  autoridades locales y regionales, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, a los empresarios, y a la iglesia y la sociedad civil, a participar en un diálogo político y social que permita alcanzar un Acuerdo Nacional para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia.

La búsqueda del Acuerdo Mínimo parte del supuesto de que cualquier conversación nacional debe darse en el marco de la Constitución Política de 1991, en un ambiente seguro y de respeto para la deliberación. Para el Ministro Cristo, “se trata de un proceso incluyente y participativo que buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convocará a las diferentes instancias de dialogo institucional y sectores sociales representativos”.

Las bases del Acuerdo son las siguientes: 

1. Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la política

Se debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios; acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz. Asimismo, se acuerda promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia.

Debe haber un compromiso de las partes con rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales. El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil. 

2. Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral

Se plantea la necesidad de garantizar la estabilidad de las reglas democráticas a corto, mediano y largo plazo, abarcando los niveles nacional, regional y local. Se enfatiza que no se promoverá la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios electos en la rama ejecutiva. En el contexto del Acuerdo Nacional, se busca estudiar y construir consensos para reformar el sistema político y electoral, con el objetivo de hacerlo más eficiente y transparente. Esto incluye fortalecer a los partidos políticos y mejorar el sistema de financiación de campañas.

3. Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto.

Es fundamental impulsar la transformación de las 16 regiones donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). A pesar de las diferencias políticas en torno al Acuerdo de Paz de 2016, se busca colaborar con alcaldes, gobernadores y comunidades, así como con el sector privado y la comunidad internacional, para mejorar las condiciones de vida y seguridad de 6.6 millones de habitantes en 170 municipios afectados por la violencia y la pobreza. La intervención integral en estos territorios es crucial para evitar el reciclaje de violencias en las zonas PDET y en las regiones históricamente impactadas por el conflicto. Esta transformación debe ser una prioridad tanto para el Estado como para la sociedad, independientemente del gobierno actual. Se reconoce que los PDET son un instrumento clave para estabilizar y transformar áreas vulnerables, abordando causas estructurales de la violencia y promoviendo el desarrollo rural necesario para estas comunidades

4. Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía

Se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. En ese sentido, planean que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo.

5. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales.

Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acuerdan trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso.

“El Acuerdo Nacional va más allá de los trámites legislativos. Es un compromiso con la institucionalidad, con el reconocimiento a las realidades territoriales, con el respeto a los disensos y a las construcciones civilizadas. Si no nos hemos podido poner de acuerdo sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los mínimos”, anotó el Ministro Cristo en su presentación del Acuerdo.