Una situación de contrastes es la que vive la niñez en el departamento de La Guajira, según comprobó el Comité de Articulación y Coordinación del que hacen parte dependencias de orden nacional y la Defensoría del Pueblo.
En una visita de campo realizada del 26 al 29 de mayo pasados incluyó las comunidades de Ciruelos y Malawuiaka en Riohacha; los corregimientos El Pájaro y La Manzana, y ranchería de Mayapo en Manaure; y el corregimiento de Wimpeshi en Maicao, donde se verificó la garantía de derechos a la salud, el agua, alimentación y seguridad de los niños y niñas del pueblo indígena Wayuu.
La Defensoría del Pueblo informó que en La Guajira la muerte de niños menores de 5 años ha disminuido en los últimos 3 años, al pasar de 20 casos en 2018 a 13 casos en 2020.
No obstante, el jefe de ese organismo, Carlos Camargo Assis, aseguró que “es una situación inaceptable que este año hayan muerto 17 niños Wayuu por esta causa”.
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“Preocupante”, dijo, la prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años que se ha incrementado al pasar de 187 casos en 2019 a 390 casos en 2020, “probablemente relacionados con la pandemia, por lo que se requiere atención urgente por parte de las instituciones del Estado”.
Camargo Assis destacó la creación de los Centros de Recuperación Nutricional en Riohacha y Manaure por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atienden niños y niñas con desnutrición aguda moderada o severa hasta su recuperación, con un modelo que vincula a padre, madre o cuidador.
“Es clave llevar esa oferta a la Alta Guajira, fortaleciendo el apoyo de la Gobernación y las Alcaldías, para dar atención sostenida a los niños y niñas una vez se han recuperado”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Y señaló que la creación de Unidades Comunitarias de Atención, que entrega suplemento alimenticio a menores de 5 años, mujeres gestantes y lactantes. “Son un mecanismo de atención inmediata y cercana a las comunidades, pero los cupos son limitados”, aseguró.
La Defensoría explicó este informe en sesión técnica virtual ante la Corte Constitucional para el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, en la que destacó avances hacia la garantía progresiva del derecho fundamental que afecta niños y niñas Wayuu en La Guajira.