DURANTE SU intervención en el ‘Congreso Jornadas de Contratación Estatal’, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, hizo una contundente declaración, relacionada al proceso de contratación en el sector público.
En ese sentido, la jefa del Ministerio Público aseguró, en medio de la actividad organizada por la Universidad de los Andes, en Cartagena, que se trata de la forma más fácil de enriquecimiento ilícito en el país.
“La contratación en el sector público se ha convertido en la forma más fácil de enriquecimiento ilícito y la Procuraduría es la entidad que hace ese control por disposición constitucional, y lo hace y lo hará como lo ha venido haciendo, aún contra funcionarios electos popularmente”, señaló.
Además, sostuvo que a “los corruptos no les gusta el control que ejerce la Procuraduría y esa puede ser la razón por la que algunos sectores la quieren acabar”.
“Espero que los ciudadanos conscientes y correctos, que son la mayoría, levanten las banderas para que el control y el mantenimiento de los pesos y contrapesos en nuestra democracia no sean eliminados y regresemos, retrocediendo en las conquistas de nuestros derechos, al excesivo presidencialismo con las consecuencias que eso origina”, indicó Cabello, ante los asistentes.
También manifestó que la corrupción perjudica sobremanera el interés público, “al desviar recursos y fondos que deberían destinarse a servicios esenciales y proyectos de desarrollo, así como genera un mal uso de los dineros públicos, lo que debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho”.
Labor de vigilancia
Cabello hizo referencia a que el ente de control se ha mantenido alertas en cuanto a la ejecución de proyectos desde el año 2021, los cuales superan los 111 billones de pesos.
“Desde el 2021, las procuradurías delegadas para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública han estado atentas a la ejecución de proyectos que superan los 111 billones de pesos, que, de no existir una entidad como la Procuraduría que permanentemente emite recomendaciones y alertas, pudieron estar en riesgo por cuenta de acciones de corrupción”, puntualizó la procuradora Cabello.
Agregó que, en la lucha contra la corrupción, “las delegadas con funciones disciplinarias de instrucción han proferido más de 33.000 decisiones, mientras que desde la función preventiva este año se han realizado 119.435 actividades, que le han ahorrado al país no millones, sino billones de pesos”.
También señaló que, en torno a la gestión cumplida en medio del proceso de conciliación administrativa y judicial, entre los años 2021 y 2023, la “intervención de la Procuraduría le ha ahorrado al Estado alrededor de cuatro billones de pesos”.
Sobre la vigilancia a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que para 2023 y 2024 están calculados en más de 30 billones de pesos, anunció que se especializó una procuraduría delegada que está encargada del seguimiento detallado al manejo de esos dineros.
De la misma manera, sostuvo que el ente de control seguirá llevando a cabo su función de control y seguimiento a las diferentes etapas de la actividad contractual, “tanto del orden nacional como territorial, así como en todos los ámbitos, incluyendo el Sistema General de Regalías”.
“Es la forma adecuada de garantizar la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, claro está, con respeto de la autonomía administrativa de cada entidad”, finalizó Cabello.
Como se sabe, este órgano de control ha impartido sanciones a diferentes funcionarios por presunta contratación irregular. Una de ellas fue la del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, por “beneficiar a terceros en la suscripción de otrosíes en el contrato de concesión N°007 de 2010, celebrado entre la ANI y YUMA Concesionaria para la rehabilitación, construcción y mejoramiento del sector entre San roque, Ciénaga, Carmen de Bolívar y Valledupar, denominado sector 3 del proyecto vial ruta del sol”.