ES UN HECHO que la convocatoria pública para nuevo Contralor General de la República, después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez por irregularidades en el trámite que hizo el Congreso, no la alcanzan a ordenar los presidentes del Senado y la Cámara, Alexander López y David Racero, en su orden. EL NUEVO SIGLO conoció que por mucho escogerían la universidad que se encargará de realizar las pruebas de conocimientos a los aspirantes.
Como se sabe, el período de Racero y López, los dos del Pacto Histórico, el partido de gobierno, finaliza el próximo jueves, cuando serán elegidas mesas directivas en el Senado y la Cámara de Representantes para la segunda legislatura.
Este Congreso está obligado a elegir nuevamente Contralor General de la República, después de que el pasado 25 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso.
La Sala indicó en dicha oportunidad que en el trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución, el 21 de la Ley 5 de 1992, así como el 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación, inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.
Según se explicó, la Mesa Directiva del Congreso introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, “los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, ‒actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander‒, en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida”.
Se anotó que, aunque el Congreso invocó como sustento los pronunciamientos judiciales proferidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se estableció que aquellas solo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles, pero no de una tercera.
Como consecuencia, el alto Tribunal ordenó al Congreso “rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de elegir Contralor General de la República para lo que resta del período constitucional”.
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Nuevo escollo
El pasado miércoles, los presidentes López y Racero enviaron a 10 universidades, que están ubicadas en un ranking entre las mejores del país, una invitación a participar en un proceso en que el Congreso escogerá una para que se encargue de las pruebas de conocimientos a los aspirantes a Contralor General, como lo ordena la ley.
Les pidieron a los centros académicos que se muestren interesados que presenten propuestas, incluyendo costos. Para ello, el Congreso de la República dio plazo hasta el mediodía de ayer.
Al cierre del viernes pasado, no había llegado la primera propuesta de una universidad para encargarse de realizar las pruebas de conocimientos a los aspirantes a Contralor.
Hay que anotar que los presidentes de Senado y Cámara no pueden expedir la resolución de convocatoria hasta que no se tenga contratada la universidad.
Entonces, lo más que podrían hacer Racero y López hasta el próximo jueves, antes de que las plenarias de Cámara y Senado elijan presidentes, es escoger a una de las universidades que se muestren interesadas para que se encargue del citado proceso.
Pero luego tiene que hacerse el contrato con la universidad seleccionada, proceso que podría durar más de un mes por los trámites como pedir el CDP del Ministerio de Hacienda, garantizando la existencia de la apropiación presupuestal disponible, documentos y diligencias jurídicas.
Como están las cosas, lo que se ve es que las actuales mesas directivas del Senado y Cámara dejarían escogida la universidad. Les corresponderá a los nuevos presidentes de estas corporaciones acoger ese centro académico o hacer su propia convocatoria con más universidades.
En cualquier caso, el mensaje que enviarían los actuales presidentes de Senado y Cámara es que le están dando cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que, como se dijo, ordena “rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive”.
Una situación que algunos consideran se podría dar es que ninguna universidad se presente debido al lío en que se ha convertido esta elección de Contralor General.