A una sesión técnica, el próximo 21 de octubre, citó la Corte Constitucional al nuevo gobierno, a las comunidades y a la sociedad civil acerca del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 sobre protección de los derechos de la niñez wayuu. Explicó el alto tribunal que se busca generar un espacio de diálogo que permita mostrar cuáles son las respuestas a este fallo.
Según la Corte Constitucional, esta sesión no pretende propiciar un debate adversarial ni acusatorio, sino la generación de un espacio de diálogo que permita mostrar con mayor precisión, a partir del estado de cosas inconstitucional que persiste dentro del seguimiento que hace la sala especial, cuáles son las respuestas que el Gobierno y las demás entidades participantes para lograr el cumplimiento de las órdenes generales y las de seguimiento, esto es, definir el camino a seguir en procura de la ejecución de una política pronta, eficiente y sostenible.
La sesión técnica se desarrollará bajo cinco ejes temáticos: el primero, perspectiva de las comunidades y de la sociedad civil sobre las posibles soluciones y la manera como los canales institucionales deben aplicarlas.
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El segundo, las estrategias que se van a desarrollar de carácter urgente y de largo aliento. El tercero, las acciones provisionales y estructurales para rebasar los obstáculos hasta ahora detectados para superar el estado de cosas inconstitucional.
El cuarto eje temático que se abordará en la sesión técnica en la Corte son las medidas para cumplir las órdenes emitidas durante el seguimiento que realiza: a) reconocimiento del pueblo wayuu como sujeto de derechos; b) acciones para divulgar y comunicar la sentencia; c) estrategias para cumplir las medidas provisionales decretadas en el marco del seguimiento; y d) el logro de transparencia en la asignación de beneficios, selección de contratistas y manejo de los recursos.
El quinto eje temático son los obstáculos detectados para alcanzar la operatividad del Mecanismo Especial de Seguimiento de Políticas Públicas (Mesepp) y las propuestas para poner en marcha dicho mecanismo.
A la sesión fueron citados el defensor del Pueblo, la procuradora general de la Nación, el contralor general de la República, el fiscal general de la Nación y el consejero para las Regiones de la Presidencia de la República.
Asimismo la Junta Mayor de Palabreros Putchipüun y el Consejo Mayor de Palabreros, entre otros.