Por presuntas irregularidades en la tramitación y ejecución de un contrato en 2010, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación al representante a la Cámara por Nariño Gustavo Estupiñán Calvache.
Al parecer dicha anomalía se presentó cuando el representante fue alcalde de Ipiales, donde al parecer Estupiñán movilizó dineros públicos en favor de terceros.
La Sala concluyó que, a partir de los medios de convicción recabados en la indagación preliminar, resulta probable la participación del aforado en actuaciones a través de las cuales se infringieron normas y principios de la contratación pública.
En consecuencia, dispuso la práctica de otras pruebas, con el fin de esclarecer las hipótesis delictivas atribuidas
