El período preelectoral para los comicios territoriales del próximo 29 de octubre se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país. En esos términos, lo señaló la Misión de Observación Electoral (MOE) en donde a través de su tercer informe dio a conocer el día de ayer la problemática que subsistía y que afecta principalmente liderazgos políticos, sociales y comunales. Mencionó que el fenómeno ha crecido más de un 76 % en comparación con el período de las regionales del año 2019.
En este informe con corte a 29 de marzo de 2023, se analiza la violencia política ocurrida durante los primeros cinco meses del calendario para las próximas elecciones, que arrancó el pasado 29 de octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos.
“El período preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país. Situación que parece ir agravándose a medida que se acerca el día de las votaciones, con la inscripción de candidatos y la campaña política. En específico, se registró un aumento de 76,3 % en la violencia respecto del 2019, siendo Cauca, Nariño, La Guajira y Santander los territorios más afectados”, especificó la MOE.
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Los líderes políticos concentran la violencia registrada en el país al ser objeto de 53,7 % de los hechos identificados.
Seguidamente, se presenta un apartado del accionar y la presencia de los grupos armados ilegales (GAI). Concretamente, han tenido lugar un total de 187 amedrentamientos y 359 acciones armadas por parte de estos grupos ilegales que representan un aumento de 134,6 % y 156,2 %, frente al 2019. Nuevamente, el 2023 se posiciona como el período electoral con el mayor número de acciones desde que la MOE inició el seguimiento en 2018.
La MOE hace varias recomendaciones para anticiparse a la violencia electoral este año, entre ellas se hace énfasis en continuar con la realización de Comisiones de Seguimiento nacionales, departamentales y municipales; que el mensaje de parte de las autoridades debe ser encaminado hacia la acción y prevención, además de instar al Consejo Nacional Electoral a que expida una resolución que complemente el protocolo de prevención y atención a la violencia política.