EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál ha identificado es el mayor reto que tiene Bogotá en materia de protección a los derechos humanos?

JULIÁN ENRIQUE PINILLA: En materia de derechos humanos hay varios retos y hay nuevos desafíos por las contingencias que se han presentado en los últimos meses, esencialmente en lo relacionado con el derecho fundamental a la protesta. Desde la Personería hemos venido señalando y buscando que este mismo se enmarque en un diálogo empático con respeto a la vida, a la integridad de las personas y no solamente de quienes están en las marchas sino de todos los habitantes de Bogotá.

Otra de las cosas que tenemos pendiente está relacionada con el grave nivel de hacinamiento en las estaciones de policía, lo que vulnera gravemente los derechos de las personas privadas de la libertad. Y por supuesto el tema del covid-19 plantea también unas problemáticas adicionales a las que se les debe buscar una solución a corto y mediano plazo. La pandemia ha incrementado los temas de violencia basado en género y esa ha sido una de las grandes preocupaciones de la Personería de Bogotá.

Hay un tercer tema que es muy relevante, que es el de la población proveniente de Venezuela. La expedición del Estatuto Temporal para Migrantes ha mejorado las condiciones de esta población, pero también todo el tema del covid-19 y el aumento de algunos índices de pobreza les ha generado graves circunstancias, en la medida en la que la falta de identificación y el hecho de que no estén en el sistema, ha hecho que estas personas se vean seducidas en muchos casos por escenarios por fuera de la ley.  

Y un cuarto punto principal que tenemos es el de los colegios y la protección de los niños y adolescentes. El estudio de estos menores, el ingreso a los colegios en condiciones seguras, todo lo que implica esta logística y el acceso a internet, al transporte y a los cuidados pertinentes que deben tener.

ENS: ¿Cómo explicaría lo que pasó en la ciudad en el marco de las protestas?

JEP: Nosotros hemos sostenido muchas reuniones con muchos actores y una de las conclusiones que podemos sacar del tema es que muchas de las problemáticas que hay son de carácter local. Hay grandes problemáticas de carácter local y esto impacta directamente en las primeras líneas. Pero tenemos que reconocer que no hay una sola 'primera línea' sino que hay varios grupos de carácter local y no es igual el tema de Suba, de Usme o de Américas. Si bien ellos comparten algunas experiencias, sus posturas son muy distintas y surgen de preocupaciones locales muy distintas.

ENS: ¿Cómo evalúa usted el manejo que la Alcaldía le ha dado a las protestas y en particular a la reunión que sostuvo la alcaldesa López con la 'primera línea'?

JEP:  Uno de los mayores reclamos que nos han hecho comerciantes, residentes y personas que protestan ha sido la falta de espacios para ser escuchados con empatía, con el propósito de llegar a soluciones realmente contundentes. Sin conocer el trasfondo de la reunión de la Alcaldesa con la 'primera línea', yo creo que cualquier espacio de diálogo debe ser aplaudido, pero también debe tener una metodología, un ritmo de trabajo que no sea inmediato o mediático, sino que sea un diálogo constante, permanente y que lleve a resultados concretos.

ENS: Frente a las ocupaciones ilegales, ¿cuál es su opinión?

JEP: Frente a las ocupaciones ilegales este es un tema esencial en la medida en la que está relacionado con un derecho a la vivienda digna en Colombia.  La Personería le solicitó a la Administración Distrital adoptar medidas para el desalojo inmediato de 194 ocupaciones construidas en Santa Cecilia alta y baja, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que tienen estas personas por la inestabilidad del terreno.

Ello implica la toma de una serie de medidas que permitan una reubicación permanente de estas personas, pues estamos frente a un alto riesgo no mitigable y si no se le pone atención, sobre todo a estas ocupaciones en Santa Cecilia, eventualmente podríamos estar frente a una tragedia. Son 194 ocupaciones pero ha sido difícil estimar el número de personas pues uno de los problemas que se dan en el marco de esa problemática es la falta de trazabilidad concreta de cuántas personas habitan esos lugares.

ENS: ¿Y cómo avanzan las denuncias hechas a Canal Capital?

JEP: Frente al tema de Canal Capital la Personería, con el fin de proteger y velar por el cuidado de los impuestos de los capitalinos, continúa la revisión de la ejecución presupuestal y la contratación para los años 2020 y 2021. Esto lo venimos haciendo desde la delegada de veedurías, a través de varias visitas administrativas al Canal, y el Ministerio Público está solicitando explicaciones frente a las quejas de presuntas irregularidades administrativas y posibles casos de acoso laboral al interior de la entidad.

Es un tema en el cual no solamente la Personería ha puesto el ojo y estamos pendientes del resultado a través de un informe de las visitas que se han realizado. Ahí entraremos a determinar qué hacer para abrir los respectivos procesos disciplinarios o compulsar a las entidades competentes.

Denuncias en el marco pandemia

ENS: Uno de los escándalos más sonados de este año fue el de la vacunación a personas no priorizadas. ¿Qué pasó con esa indagación?

JEP: Por la vacunación irregular de 395 personas entre la Subred Norte de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación asumió la investigación por poder disciplinario preferente. De las averiguaciones que hemos hecho inicialmente, se encuentra personal de áreas administrativas y funcionarios de la oficina de Participación comunitaria y Servicio al ciudadano. Las averiguaciones que se venían haciendo están basadas en el material probatorio de la Superintendencia Nacional de Salud que, en su momento, hizo la denuncia. En cinco de los casos, vacunados durante la primera semana de marzo de 2021, una de estas personas presuntamente no pertenecía al personal de salud priorizado y las otras cuatro no se encontraron registradas en la base de datos del centro de salud.

ENS: ¿En qué va la investigación a la gerente de la Subred de Salud de Centro Oriente?

JEP: Con relación a la investigación a la gerente, nosotros continuamos con la investigación por presuntas irregularidades en el suministro de información al Concejo de Bogotá por hechos ocurridos el 4 de diciembre del 2020 en la sede del Hospital Santa Clara. En este momento se está evaluando la pertinencia de abrir otras indagaciones o directamente una investigación disciplinaria.

ENS: ¿Y con relación a la investigación de Corferias qué pasó?

JEP: La Personería le solicitó a la gerente de la Subred integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, a Claudia Lucía Ardila Torres, que envié los contratos suscritos en el informe de los procesos de contratación relacionados con el plan de expansión de Corferias para la atención de pacientes en el Distrito Capital.  Bajo esta información que se ha venido solicitando el Distrito debe informar, entre otros datos, la entidad de contratantes, el nombre del contratista, el objeto, el valor, el plazo, el estado de ejecución y la modalidad. Una vez se tenga esta información se remitirá a la  delegada disciplinario para que determinen la viabilidad de abrir el proceso respectivo.

ENS: ¿Qué hay sobre el hurto de ventiladores en la UCI del Simón Bolívar?

JEP: Con relación a este asunto la Personería está adelantando una investigación preliminar de responsables por las presuntas irregularidades ocurridas en este hospital.

ENS: ¿Podemos decir que casi todo sigue siendo materia de investigación?

JEP: Sí. Estamos dentro de los términos previstos por la ley. Ha pasado muy poco tiempo desde la apertura de las respectivas indagaciones.