EN MEDIO de los tropiezos que ha experimentado la ley estatutaria de reforma a la educación en su tercer debate en el Senado de la República, en vista de que no cuenta con el aval fiscal para continuar su tránsito por el Legislativo, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) se pronunció en torno a esta iniciativa.

Óscar Domínguez, director ejecutivo de dicha institución, aseguró a EL NUEVO SIGLO que el proyecto podría costar al Estado $40 billones, aunque a la fecha solo dispone de $5 billones. “No se debe olvidar, que hoy, el presupuesto de la educación superior en Colombia, para el año 2024, son 5,5 billones”, destacó.

EL NUEVO SIGLO: ¿Se está ideologizando la reforma a la educación?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ: Uno puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, hay estatización de la dinámica de las cosas del Estado. Está pasando en salud, en educación. Se está diciendo que se está favoreciendo a lo público por encima de lo privado. Cuando uno acuña el concepto de ‘ideologización’, se mete en una camisa muy estrecha.

Esa interpretación desde lo institucional como Ascun, no la puedo afirmar. Lo que sí notamos es que hay una mirada en la que la construcción de política pública hace mucho énfasis en lo del Estado, en lo público, desconociendo la participación de lo privado.

Eso sí es evidente y creo que en la sociedad tenemos una lectura frente a eso. De hecho, hay quienes consideramos que la combinación de público y privado es una fórmula que ha dado resultados o a lo largo de la historia del desarrollo de los países.

ENS: Ustedes hablan que en esta ley estatutaria se hace referencia únicamente a la educación estatal y privada, además de que deberían incluirse a otras, ¿se refieren solo a las alianzas público-privadas?

ÓD: ¿Cuál es la realidad hoy en Colombia? Es que de los nueve millones de niños que se atienden en preescolar, básica y media, dos millones de estos están en la privada. Cuando hablas de superior, de los 2.500.000 estudiantes de educación superior, el 50 % está en pública y el 50 % está en instituciones privadas.

Sumado a eso, hay una línea constitucional que desarrolla un artículo que dice que en Colombia el Estado garantizará acceso mediante la oferta, o sea, las instituciones públicas y apoyo para la demanda a través de las instituciones privadas. Entonces cuando tú, en la reformulación de política, eso no lo pones, si no que haces figurar, sino solo a los públicos, pues dices “¡se alteró algo!”, se va a alterar algo.

ENS: ¿Es verdad que se está restringiendo o afectando la educación privada?

ÓD: Sí, sin duda. Y eso se nota en los 43 artículos que trae el proyecto de ley. Cuando se coloca la palabra ‘mixto’, aparece solo como un enunciado y en todos los demás enunciados que se hacen de lo público, se desarrolla.

Entonces dice «se financiará a través de las instituciones públicas...», cuando se pone la palabra privado, en los 43 artículos del proyecto de ley aparece seis veces, tres de los cuales es para mencionar privados de la libertad, no tiene que ver nada.

Uno lo que ve es que en la conversación nos han dicho que se está incluyendo al sector privado, pero en lo que está escrito aparece como si fuera un sector que no se quisiera potenciar, es la interpretación que le damos.

Calidad vs acceso

ENS: Hay otro punto donde ustedes mencionan que se privilegia más que todo el acceso a la educación que la calidad de la misma, ¿cómo debe abordarse eso?

ÓD: Sí, eso tiene dos componentes. Cuando dices en una política pública que vas a facilitar y vas a potenciar solo acceso, estás diciendo indirectamente que vas a hacerlo a través de la educación pública, y eso tiene una consecuencia con la calidad y es que recuerda que la educación debe ser un proceso de decisión del individuo.

El individuo tiene que resolver, por su vocación y por sus intereses, en dónde quiere estudiar. Y los programas y la experiencia, de alguna manera, en la historia demostrado, que cuando se tiene un sector en el que se ofrece una cosa gratuita y con unos programas en específico, entonces el joven termina diciendo «yo voy a estudiar lo que puedo y donde me lo dan gratis y no lo que quiero y lo que es de mi vocación». Entonces, la calidad se ve un poco afectada en eso. Esa es una de las maneras.

La otra es que cuando se dice que el acceso va a ser gratuito y no le ponen a eso un límite, pues el mérito se pierde. Entonces, se tendría que recibir a todas las personas que quieren estudiar, independientemente de si tienen mérito para cumplirlo o no. Entonces, un niño que quiere estudiar derecho, termina estudiando pedagogía infantil porque eso es lo que había.

ENS: Al hablar respecto a la educación en todo el territorio nacional, ¿cree usted que sí se están contemplando las zonas apartadas del país y se busca brindar una cobertura más amplia?

ÓD: El proyecto tiene muy buena intención en atender un asunto que hoy Colombia tiene como problema. Hay que recordar que Colombia tiene una cobertura del 54 %, lo que quiere decir, que más o menos hay unos 2 millones de niños y de jóvenes fuera de la educación superior. Lo dramático de eso es que, en las zonas periféricas, en el sector rural y en las zonas apartadas, los jóvenes no están teniendo acceso a la educación superior.

La actual política pública los está reconociendo, les está creando un mecanismo para posibilitar que reciban la educación, pero lo está haciendo en una sola dirección en la que va a ser muy difícil avanzar por esa ruta, porque está demostrado que el Estado no tiene los medios, los recursos y la capacidad para atender de manera pronta a esas poblaciones.

Entonces, si se hace una propuesta de incluir a esas personas, pero las capacidades no pueden atenderlo, lo que vamos a tener en el mediano plazo es una frustración. Que el proyecto indique que esas personas deben ser tenidas en cuenta, o sea, el proyecto trae muy buenas formas, de qué hacer, lo que no está planteando el proyecto es con qué se puede hacer y un proyecto debe ser integral, «yo puedo hacer esto y asigno estos recursos»; de lo contrario, terminan siendo promesas no cumplidas.

ENS: En lo económico, ¿desde la Asociación creen que sí se le están destinando los recursos que Colombia necesita para la educación o deben incluirse más?

ÓD: Las 34 universidades públicas de Colombia manifestaron por años que presentan desfinanciamiento estructural y ese tema, estando en el 2024, no está resuelto. Creo que la sociedad ya tiene definido lo que el sistema universitario estatal ha planteado que es el financiamiento de 14 billones, empecemos por ahí.

Y en el sector de la oferta, que es de las instituciones no oficiales, la mayoría de las y los jóvenes que están en educación privada, que son más o menos 1.700.000 jóvenes son estrato uno, dos y tres, y a todos esos jóvenes hoy el Estado no les puede garantizar la financiación de una matrícula.

Entonces, la pregunta es: ¿cuánto costaría? Lo que nosotros hemos calculado a través de los estudios que ha hecho el Laboratorio de Educación y Economía de la Universidad Javeriana, es que el hecho de implementar este proyecto de ley como va, dentro de dos años requeriría 40 billones de pesos.

No se nos debe olvidar, que hoy, el presupuesto de la educación superior en Colombia, para el año 2024, son 5,5 billones. Si se compara, si 5,5 millones vale en el 2024 y voy a necesitar 40 billones, la pregunta de cualquiera que estamos en el sector es: ¿eso se puede cumplir?