En el marco de un debate de control político sobre servicios públicos, en la Comisión Sexta del Senado, se evidenció que si bien las denuncias sobre los altos costos del servicio de energía eléctrica se concentran en los departamentos de la Costa Caribe, el problema afecta a varias regiones del país. 

El presidente de esta célula legislativa, senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, se refirió al “abuso en el cobro de los servicios públicos”, en muchas regiones del país; mientras que su colega, Carlos Eduardo Guevara, del Partido MIRA, expresó que es “un imperativo, para el Gobierno y el Congreso, ponerle freno al alto costo de energía en el país”. 

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Sandra Yaneth Jaimes Cruz, vicepresidenta de la Comisión, anotó que “más del 60% de la población es víctima de las empresas de prestación de servicios públicos. La gente muchas veces deja de comprar alimentos para poder pagar los servicios públicos”, precisó. 

En el mismo sentido, el senador Pedro Hernando Flórez Porras, del Pacto Histórico, denunció que en el departamento del Atlántico, las empresas Air-e y Afinia-Grupo EPM habrían negociado en total secreto unas condiciones de operación con el gobierno anterior, según él, “en detrimento de los usuarios”, y reclamó “que se levante la cláusula de confidencialidad para conocer, de primera mano, cómo fue la negociación entre el gobierno anterior y las empresas Air-e y Afinia”. “Hay que defender a los usuarios, más que a las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios”, ratificó contundente. 

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De otro lado, el senador Robert Daza Guevara, del Pacto Histórico, argumentó que en el pasado se le vendió al país la idea de que lo privado era eficiente y transparente, y lo público no. “Hay que quitarles esa prestación de los servicios públicos a las mafias enquistadas en los gobiernos departamentales y municipales”, concluyó vehemente. 

El senador Esteban Quintero Cardona, del Centro Democrático, planteó la necesidad de que las empresas que prestan servicios públicos en el país le digan al Congreso cómo se fijan las tarifas y cómo están operando; puso como ejemplo a las Empresas Públicas de Medellín. 

Por último, el superintendente del Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, quien fue citado al debate de control político sobre el tema, tomó nota de cada una de las denuncias hechas por los senadores, en materia de costos de servicios, y planteó la necesidad de reformar a fondo la ley por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.