El Gobierno Petro presentó los primeros tres decretos bajo el estado de conmoción interior, declarado el 24 de enero de 2025. Esta medida, en respuesta a la grave crisis de orden público en la región del Catatumbo, tiene como objetivo "garantizar la producción de alimentos y mitigar los efectos devastadores del conflicto armado en la población local". 

Entre las disposiciones más relevantes de estos decretos se encuentran el financiamiento y la concesión de créditos para los agricultores afectados, así como el alivio de pasivos y la suspensión de cobros judiciales en el sector agropecuario. Estas acciones buscan contrarrestar las consecuencias del desplazamiento forzado y la pérdida de medios de vida que han sufrido miles de personas debido a la violencia en la región. 

Entre los documentos firmados por el mandatario colombiano llamó la atención el artículo 4 en el que se destaca la expropiación administrativa de tierras, el cual busca facilitar la entrega de terrenos a las víctimas de desplazamiento forzado y a excombatientes que están en proceso de reintegración a la vida civil.

"Por el cual se adoptan medidas de protección de tierras, territorios y activos, y prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Rio de Oro y González del departamento del Cesar, para las y los campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, en el marco del Estado de Conmoción Interior", se lee. 

Este ítem permite al Gobierno adquiera predios necesarios para garantizar el retorno y estabilización de quienes han sido desplazados por la violencia. Esto se realiza bajo los términos establecidos en la Ley 1523 de 2012, que regula la dotación de tierras para estas comunidades. Esta medida se presenta como crucial para ayudar a las personas a recuperar sus medios de vida y reintegrarse en sus comunidades.

Además, el decreto incluye disposiciones para proteger las tierras y territorios en el sector agropecuario, evitando su acumulación y acaparamiento. Esto es especialmente importante para los campesinos y pequeños productores que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Las medidas buscan mitigar los efectos negativos sobre la tenencia y ocupación de tierras en municipios afectados como Ocaña, Abrego y El Carmen.

Por otro lado, el Artículo 5 establece un saneamiento automático de predios adquiridos, lo que significa que cualquier problema relacionado con su titulación será resuelto automáticamente a favor del Estado. Esto facilitará la adquisición rápida de terrenos necesarios para atender la emergencia.

El Artículo 6 suspende temporalmente las inscripciones en los registros públicos de ciertas áreas rurales durante el periodo de conmoción interior. Esto implica que no se podrán realizar transacciones sobre esos terrenos sin la intervención del Gobierno, lo que busca evitar conflictos sobre la propiedad durante este tiempo crítico.

El presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete ministerial, justificó esta medida amparándose en el artículo 213 de la Constitución Política, que permite declarar el estado de conmoción interior ante perturbaciones graves del orden público.

La medida se extenderá por un periodo inicial de 90 días y abarcará 16 municipios, incluyendo los más afectados por los combates entre el Eln y disidencias de las Farc. Este estado excepcional permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación legislativa, aunque todos deben ser revisados por la Corte Constitucional para asegurar su conformidad con los derechos humanos