A pesar de que han pasado dos décadas de que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional por la deficiente atención por parte del Estado frente al desplazamiento de población, es poco lo que se ha avanzado en los diferentes gobiernos para resolver este problema. Así lo dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. En ello coincidió la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
“El cumplimiento de la sentencia ha sido bajo y a la fecha no ha sido posible declarar su superación, pero es una decisión judicial que ha sido fundamental para lograr la visibilización de las vulneraciones a las que están sometidos quienes son víctimas de desplazamiento forzado”, dijo el defensor Camargo Assis a EL NUEVO SIGLO.
Por su parte, el director de la Codhes, Marco Romero, explicó a este diario que “el desplazamiento forzado es una crisis social que se ha desencadenado desde distintos tipos de vulnerabilidades, porque todavía hay problemas grandes en cuanto a ingresos económicos, educación, salud, bienestar y vivienda. Entonces, nos encontramos ante una crisis social que a pesar de los avances que se han logrado con la Corte Constitucional, todo lo que tiene que ver con programas para garantías sociales aún registra un déficit muy grande”.
El fallo de la Corte Constitucional advierte que el Estado debe restituir los derechos fundamentales de la población desplazada.
En ese sentido, el director de la Codhes señala que “los derechos de quienes han sido víctimas de desplazamientos forzado por las dinámicas de violencia en los territorios son bastante vulnerables, debido a que más de un millón de personas fueron desplazadas en el marco del conflicto armado”.
Mientras que el defensor del Pueblo afirma que “se trata del instrumento jurídico más fuerte que poseen las personas desplazadas, pues la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial que precisa los derechos de esta población, en correspondencia con las particularidades del daño y afectaciones a los derechos fundamentales que implica el desplazamiento forzado. Aún así, sigue siendo un desafío la materialización de las medidas ordenadas, pues casi ninguna se ha implementado”.
Sigue presencia de armados
Romero indicó que persisten los actores generadores de violencia en los territorios en donde se han producido grandes desplazamientos de población. “Actualmente se mantienen dinámicas de hostilidades en los territorios que fueron copados por grupos armados tras el proceso de paz, a falta de presencia en seguridad por parte del Gobierno en esos territorios contra grupos ilegales que afectan a la población”.
Sobre el particular, el defensor del Pueblo dijo que “la simple existencia de grupos armados ya es un obstáculo para la protección, justicia y garantías de no repetición, ya que su actuar es la principal causa de desplazamiento, y las difíciles condiciones de seguridad en los territorios no permiten que la atención a las comunidades sea adecuada, y esto imposibilita la llegada de la oferta estatal dispuesta para la garantía y goce efectivo de sus derechos”.
El director de la Codhes dijo que es fundamental alcanzar la paz para evitar más desplazados. “Creo que la tarea pendiente después del acuerdo que se hizo entre el presidente Santos y las Farc, fue cerrar ese ciclo de violencias, porque esa debe ser la apuesta, y aunque no es fácil, ya que muchos han criticado al presidente Petro por la Paz Total, es complicado que a corto plazo se resuelvan muchos de esos problemas. Pero hay que detener los enfrentamientos, buscar la manera de reconstruir la sociedad y brindar proyectos de vida”.
En ello coincidió el defensor del Pueblo: “Mientras persistan el conflicto y el actuar ilegal de estructuras criminales que tengan poder sobre los territorios y mientras no se mejore la presencia del Estado en estos mismos territorios, se continuará observando este flagelo del desplazamiento”.