Las determinaciones que ha adoptado el Gobierno nacional para el archipiélago de San Andrés en casos como las repercusiones del fallo en 2012 de la Corte Internacional de Justicia, por las demandas de Nicaragua contra Colombia, y luego por el desastre provocado por el huracán Iota, no han sido las más afortunadas porque se toman desde la óptica de Bogotá y no de las islas.

Así lo señaló el diputado del departamento insular, Carlo Domingo Gallardo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué expectativas tienen en la Asamblea por un nuevo fallo que se producirá este jueves en la Corte Internacional de Justicia?

CARLO DOMINGO GALLARDO ROJAS: La sensación es que va a ser un fallo violando nuevamente los derechos ancestrales de la población raizal sobre ese territorio, que ese debió haber sido ser el primer planteamiento de defensa de Colombia, pero lo vinieron a utilizar después que se había fallado el primero. 

ENS: ¿Han podido desarrollar su labor los pescadores colombianos en las aguas que entregó a Nicaragua el primer fallo de la Corte de La Haya en 2012?

CDGR: Es que hay dos tipos de pescadores artesanales: están los de San Andrés, que realmente no es que lleguen hasta esas zonas; los de Providencia sí llegan a esas zonas y ellos son los que realmente están un poco más afectados. 

Aquí lo que es la afectación grande es la pesca comercial que sí tiene la capacidad para ir hasta estos lugares.

ENS: El anterior Gobierno suscribió acuerdos con la población raizal para entregarle algunas ayudas, entendiendo que podría resultar damnificada por el fallo de 2012. ¿Qué ha sucedido con ello?

CDGR: El tema de los pescadores ha sido muy complejo y trato de no intervenir sino más que todo verificar que les estén cumpliendo algunos derechos, pero la realidad es que el Estado colombiano, cuando se habla del archipiélago, ha tratado de visualizarlo, de buscar las soluciones desde 16 grados centígrados en la capital y no desde los 27 - 30 grados centígrados que hay aquí en el archipiélago.

Cualquier decisión que se imaginen en Bogotá que puede ser para San Andrés no es aplicable, y esa ha sido una de las grandes fallas del Estado con las islas, es la falta de planeación verdadera. Han tomado decisiones no de acuerdo a las necesidades locales, sino que dicen: “Que están sin hogares en San Andrés… ah, vamos a diseñar unas casas acá en Bogotá y las mandamos para allá”.

Entonces terminan mandando casas con metal, cuando el nivel de salinidad es muy alto, el calor es muy alto. Entonces han diseñado la solución para las islas no en las islas sino desde un escritorio a 16 grados centígrados.

Y lo mismo pasó con los pescadores. En el gobierno Santos en vez de fortalecer el gremio con más lanchas, más equipos, más oportunidades de que crecieran empresarialmente, les dieron unos subsidios que lo que hicieron fue que abandonaran su profesión de pescador porque empezaban a recibir un subsidio de $1.800.000 sin tener que ir a trabajar.

Luego, casi llegando al cambio de gobierno, diseñan una nueva estrategia, que era “vamos a subsidiarles temas de combustible, de equipos”, pero ya habían generado el daño y ya se habían perdido un montón de recursos que hubieran podido servir para aumentar la flota pesquera, para tener los congeladores que necesitan, para darles los motores que necesitan para mejorar su capacidad de producción.