Después de varios meses de análisis en las entrañas del Gobierno nacional y algunas pocas discusiones más con actores del sistema, la reforma a la salud será presentada en las sesiones extras el próximo mes. La ministra Carolina Corcho indicó que, si es aprobada, la implementación será gradual y tomaría al menos unos dos años.
La jefe de la cartera de Salud aclaró que la reforma no supone la suspensión de los servicios, tratamientos ni los pagos por servicios, entre otros aspectos. Corcho insistió en que la iniciativa busca equilibrar el ejercicio del derecho a la salud para que, quienes no lo tienen, alcancen el nivel de aquellos que ya acceden a él.
"Queremos que la salud llegue al hogar, a la institución educativa, que las personas no tengan que desplazarse, que sean atendidas lo más cerca posible de donde viven; el reto que tenemos por delante es que el modelo vaya más allá de lo preventivo", dijo la funcionaria.
Enfatizó que el personal de la salud debe llegar a los territorios haciendo promoción, prevención, y lo que propone la reforma es que el modelo se oriente al componente resolutivo, es decir, que el médico pueda medicar, entregar tratamientos, o si considera que el paciente requiere un servicio especializado, que lo remita de una vez.
El objetivo primordial de la reforma es, mediante el desarrollo de actividades de promoción, prevención, protección y tratamiento de la enfermedad, garantizar que el sistema de salud colombiano sea equitativo, eficiente, participativo y universal, según lo que ha expresado el Gobierno.
"Queremos llegar a todos los hogares y territorios del país. Inicialmente, empezaremos por las zonas más vulnerables, pero también, por ejemplo, priorizaremos en las grandes ciudades, donde se requiere que el sistema de salud tenga esa vocación preventiva de detectar las enfermedades a tiempo", dijo Corcho.
Agregó la ministra de Salud que "esta reforma se ha concertado con el Gobierno para su presentación, y ahora su texto va a las sesiones extraordinarias del Congreso, donde deberá ser aprobada".
El proyecto
Se conoció que el pasado 5 de enero la ministra de Salud le entregó al presidente Petro el borrador del proyecto de reforma con el fin de que le dé su visto bueno o le haga correcciones.
La iniciativa suprime la intermediación que actualmente existe con las EPS en el manejo de los recursos, en el papel que cumplen como aseguradoras, pues se buscará que los dineros fluyan directamente del Estado a los operadores, es decir, a clínicas, hospitales y demás IPS.
Además, la reforma apuntará a un modelo predictivo y preventivo, cambiando de esta manera el enfoque de la salud en Colombia, que está centrado en la curación de la enfermedad.
Asimismo, la reforma buscará formalizar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, pues en la actualidad más del 80 % son contratados por órdenes de prestación de servicios.
Otro aspecto que contempla la reforma es que buscará darle más dientes a la Superintendencia Nacional de Salud en su función de control del sistema, especialmente en su capacidad sancionatoria.
También el proyecto de reforma incluye un capítulo sobre política farmacéutica y evaluación de tecnologías, que entre otros aspectos, incluye la actualización de los lineamientos cada dos años.
Uno de los mayores interrogantes es qué va a pasar con las EPS. El presidente Petro ha señalado que “parece que la mayoría de la gente quiere que sigan las EPS (...) las EPS no son las clínicas, son intermediarios del recurso público de la salud, se quedan con él, no le pagan ni al hospital público o privado y van debilitando el sistema de salud en Colombia”.
Agregó que “nosotros creemos más en un sistema de salud público, no es que va a desaparecer la clínica privada, no, la EPS, no la clínica, las EPS hoy se pueden convertir en redes”.
Dijo el mandatario que la transformación de las EPS puede hacerse de forma paulatina, “primero en pólizas de seguros voluntarios para clases medias, libres; eso no lo vamos a impedir, pueden ser redes de IPS, que es como se denomina al hospital, a la clínica que el Estado puede pagar servicios y ayudar a financiarlas”.