Los cambios en el sistema político y electoral colombiano tardan en producirse, porque en la discusión de las reformas que se presentan no deja de estar de por medio el cálculo de parlamentarios y partidos sobre qué les conviene más. De la financiación de las campañas 100 % por parte del Estado se viene hablando desde hace mucho tiempo, ahora es una posibilidad que parece cercana luego de ser aprobada en la reforma política en primera vuelta.
Sin embargo, así como se ven ventajas en este sistema, también hay dudas de algunos sobre si será efectivo al implementarse.
La conciliación de la reforma política el pasado jueves en las plenarias deja dudas en lo que tiene que ver con la financiación de las campañas electorales, que será 100 % a cargo del Estado.
Al respecto señala el proyecto de acto legislativo que “las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos con personería jurídica, consejos comunitarios o por movimientos y grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral con recursos 100 % estatales”.
Se advierte en la reforma que “la transgresión de los parámetros establecidos por la Constitución y la ley para la financiación de campañas políticas será causal de sanción a los partidos y movimientos políticos, conforme a la ley”.
Dice también que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen, destino de sus ingresos y gastos. Los candidatos que participen en los diferentes comicios electorales deberán rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados por parte de la organización política que los avaló.
También contempla la reforma que es prohibido a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y consejos comunitarios recibir financiación para campañas electorales de personas naturales o jurídicas extranjeras. Tampoco podrán recibir ingreso de dinero en efectivo los partidos y/o campañas electorales.
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Metamorfosis del proyecto
El texto original del proyecto de reforma política que presentó el Gobierno decía sobre este asunto que "las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas con recursos estatales”.
En este sentido el artículo de la reforma era poco claro, porque si bien manifestaba que las campañas serán financiadas por el Estado, surgía la duda de si sería el 100 % o una parte.
En la actualidad la Constitución establece que “las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales”.
Como consecuencia existe un sistema mixto de financiación de los gastos de las campañas electorales, ello es que los candidatos reciben dineros de privados así como del Estado, esto último por los mecanismos de anticipos y posteriormente por la reposición de los votos obtenidos.
En el trámite que hizo la reforma política en el Senado los legisladores incluyeron que la financiación de campañas será preponderantemente estatal. Ello implicaba que los recursos públicos tendrían que ser al menos del 51 % y la parte restante serían dineros de particulares y del propio candidato.
Sin embargo, cuando el proyecto llegó a Cámara se determinó que la financiación de las campañas electorales será 100 % estatal. Y luego la plenaria de esta corporación agregó que los recursos se entregarán de forma anticipada.
Ventajas y desventajas
El objetivo principal que ha inspirado desde hace tiempo la necesidad de que el Estado financie en su totalidad las campañas electorales, es blindarlas del ingreso de recursos de dudosa procedencia.
La parapolítica en la primera década de este siglo mostró cuán dañino puede ser esto. Ahora la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico en las regiones constituye un peligro de que puedan ingresar dineros de ese origen a las campañas.
Ese fantasma asusta más si se tiene en cuenta que el Consejo Nacional Electoral no puede, por falta de suficientes recursos, hacer un control efectivo en las regiones de los gastos de campaña, en cuanto a su origen y que se respeten los topes establecidos.
El otro control que existe es el aplicativo Cuentas Claras, en el cual los candidatos tienen que subir en tiempo real los ingresos, especificando su origen y gastos de campaña. No obstante, no todos lo cumplen y si lo hacen no incluyen todos los movimientos.
Si la financiación es 100 % estatal, en teoría se reduciría en gran medida la posibilidad del ingreso de recursos ‘calientes’ a las campañas.
Otra ventaja es que la financiación estatal corregiría la brecha que hay entre candidatos que por su trayectoria política, reconocimiento y aval de partidos grandes logran apalancar con menos dificultades sus gastos de campaña, en comparación con los aspirantes menos conocidos y los que se avalan por movimientos ciudadanos, que además les ponen trabas en el sector financiero para obtener créditos con ese fin.
Sin embargo, la financiación 100 % estatal de las campañas sobre el papel tiene también inconvenientes.
Un problema que se podría presentar es que el Estado no logre entregar a tiempo los recursos a todos los candidatos previo a que inicien las campañas. Aquí surgen dudas, porque el aparato público en varios sectores no es lo suficientemente eficiente. Además, está de por medio que con la suficiente antelación se hagan con el Ministerio de Hacienda las provisiones de los dineros necesarios.
Para la MOE (Misión de Observación Electoral), “el modelo de financiación de campañas políticas debe ser exclusivamente público”, aunque para ello hizo varias observaciones, como que “no puede hablarse de la figura de financiación a través de reposición de votos en un modelo de financiación exclusivamente estatal, pues la entrega de los recursos debe darse en el inicio de la campaña y, por ende, se convierte en el único mecanismo de financiación”.
Por ello propone que se deben entregar los recursos destinados a las campañas una vez quede en firme la inscripción de las candidaturas.
Agrega que en la financiación exclusivamente pública de las campañas surgen dudas, por ejemplo, cómo se distribuyen los recursos, si deben ser igualitarios o proporcionales. Además señaló que se debe prever cómo funcionará el modelo de financiación pública cuando se presentan coaliciones.
Mientras tanto, Gerardo Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, dijo a EL NUEVO SIGLO que "es un tema en el cual hemos planteado que a la luz de la realidad del país va a ser muy difícil implementar un sistema efectivo de financiación 100 % estatal. Hasta la fecha, el porcentaje más alto de recursos para la financiación de campañas es de fuentes privadas”.
Añadió que cambiar esto de un momento para otro “posiblemente va a demandar que el Estado tenga mucha más capacidad y agilidad que se pueda dar ese financiamiento con suficiente oportunidad para que los partidos puedan desarrollar su campaña. Y esa capacidad no la vemos en este momento".
Elecciones
La Misión de Observación Electoral (MOE) elaboró un estudio acerca de cómo se comportó la financiación de campañas en las pasadas elecciones legislativas. En el caso de Cámara, indicó que según el reporte que hicieron los candidatos en el aplicativo Cuentas Claras, “en su mayoría, lo invertido proviene de recursos propios de los candidatos (44 %) y de donaciones de los particulares (37 %), en especial de personas naturales. Lo demás habría sido financiado por las organizaciones políticas (14 %) y créditos del sector financiero (5 %)”.
Añade la MOE que en el caso de las campañas de Senado, la fuente más importante de ingresos fueron los recursos propios de los candidatos (29 %), seguida de las donaciones de los particulares (28 %), sobre todo personas naturales; los recursos de las organizaciones políticas avalistas (18 %) y los créditos de entidades financieras (17 %). También se registraron ingresos por concepto de anticipos estatales.