UN FUERTE pronunciamiento hizo ayer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para manifestar su desacuerdo por las declaraciones del consejero comisionado, Otty Patiño, quien planteó que sería beneficioso acortar el periodo de la misma y dar cierre a los procesos que conduce sobre graves crímenes cometidos en el conflicto armado. El presidente de esta instancia de justicia transicional, magistrado Roberto Vidal, pidió al Gobierno respetar la separación de poderes y garantizar la autonomía que le asiste a esta Jurisdicción.

La JEP fue creada por el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc, con el propósito de sancionar en el marco de la justicia transicional a los desmovilizados de la entonces guerrilla por los graves crímenes en que participaron; así como a los integrantes de la Fuerza Pública que voluntariamente se sometan a la misma para responder por conductas fuera de la ley que algunos cometieron, como los llamados ‘falsos positivos’.

El 15 de marzo de 2018, la JEP comenzó a funcionar por un término de 15 años, que se pueden prolongar por 5 años más.

Patiño dijo en declaraciones a El Espectador que “todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”.

Agregó que “hay una puja, hay una tensión entre quienes piensan que debe prolongarse mucho más, y hay quienes pensamos que hay que acotar esa justicia y darle término para que puedan cerrarse los procesos”.

¿Qué dijo la JEP?

El magistrado Vidal dijo que cualquier “cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”.

Apuntilló que “al Gobierno nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado”.

La JEP también alertó por la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrarla antes de tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones o restrinja los recursos para su operación. “Esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que, a raíz del trabajo de la JEP, la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo Vidal.

Manifestó también su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. Comentó Vidal que convinieron con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional recursos para el sistema restaurativo por $450.000 millones por el Fondo Colombia en Paz, sin embargo, explicó que les informaron que este dinero fue reasignado a la Unidad para las Víctimas.

Por su parte, el expresidente Juan Santos se refirió a una demanda que presentó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, ante la Corte constitucional para poner límites a la JEP, esto por su decisión de llamar a declarar a otros actores del conflicto que no son los máximos responsables, lo que a su juicio extendería en el tiempo la labor de esta Jurisdicción.

Santos dijo a la Corte que “les rogaría que asumieran esa demanda lo más pronto posible porque la JEP que fue creada por el Acuerdo de Paz, necesita que le den instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista en materia de aplicación de la justicia”.