La nueva mesa directiva de Senado y Cámara, encabezada por Iván Name y Andrés Calle, no ha tomado una decisión para iniciar el proceso para la elección de contralor general, después de que en mayo pasado el Consejo de Estado declaró nula la de Carlos Hernán Rodríguez por irregularidades en el trámite que hizo el Congreso. En este momento están pendientes de conocer un concepto jurídico sobre ampliar la invitación a más universidades para escoger una que haga las pruebas técnicas a los aspirantes al cargo. 

A la anterior mesa directiva en la primera legislatura, liderada en Senado por Alexánder López y en la Cámara por David Racero, le correspondió acatar el fallo del Consejo de Estado que dejó por fuera del cargo a Rodríguez y ordenó al Congreso “rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de elegir contralor general de la República para lo que resta del período constitucional”.

Los parlamentarios López y Racero, hasta el 19 de julio invitaron a 10 universidades a participar, de las cuales cinco presentaron propuestas, pero dos lo hicieron de forma extemporánea. Entonces efectivamente solo quedaron tres centros académicos para que el Congreso escoja uno que se encargue de hacer las pruebas de conocimientos a los aspirantes a contralor general, como lo ordena la ley.  

Eso fue lo que encontraron el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara, Andrés Calle, tras ser elegidos al cargo el pasado 20 de julio por las respectivas plenarias.

La nueva mesa directiva del Congreso está estudiando jurídicamente qué se va a hacer para permitir que el proceso continúe, pero no solo con tres universidades para escoger una, pues hay más de un centenar de centros de educación superior en el país.

Entonces se estudia si ampliar el plazo o volver a invitar a todas las universidades.

Como consecuencia se dilata la elección del contralor general, porque escoger la universidad y luego perfeccionar el contrato podría durar este mes. 

Vale anotar que la mesa directiva del Congreso no puede hacer la convocatoria pública que exige la ley para que se presenten los aspirantes a contralor general, hasta que tenga contratada la universidad.

Posteriormente, a la universidad que sea seleccionada puede tomarle al menos un mes evaluar a los aspirantes que se inscriban al cargo y presentar una lista al Congreso integrada por los 20 mejores puntajes.

Finalmente, al menos dos semanas le tomará al Congreso escoger una lista de 10 nombres de los que reciba de la universidad, llevar a cabo un par de audiencias para escuchar a los aspirantes y luego elegir el contralor.

Así las cosas, eventualmente a mediados de noviembre próximo el Legislativo elegiría al funcionario que se encargará de cuidar los dineros públicos.

Desde junio pasado está como contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, quien fungía como vicecontralor general.

Proceso enredado

Nunca la elección de contralor general de la República había presentado tantos inconvenientes como está sucediendo en esta oportunidad, después de que el pasado 25 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso.

La Sala indicó en dicha oportunidad que en el trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución, el 21 de la Ley 5 de 1992, así como el 6 y el 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

Según se explicó, la mesa directiva del Congreso introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, “los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida ‒actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander‒, en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectaron la objetividad y la legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida”, señaló el Consejo de Estado.