EN MEDIO de una de las tormentas políticas más complicadas en lo que va corrido de este Gobierno, la Corte Suprema se reúne mañana en Sala Plena para la segunda sesión de elección del Fiscal General de una terna integrada por mujeres que presentó el presidente Petro. Francisco Barbosa culmina su periodo el próximo lunes.
El pasado 2 de agosto, el jefe de Estado presentó a la Corte los nombres de las abogadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón.
No obstante, el pasado 26 de septiembre, presentó una nueva terna, en la que mantuvo a Buitrago y Pérez; e incluyó a Luz Adriana Camargo en lugar de Cerón.
El 22 de noviembre anterior arrancó en la Corte Suprema el proceso para elegir Fiscal General, con la audiencia pública en la Sala Plena con las candidatas, donde presentaron sus propuestas sobre la orientación que le darían a la entidad, relaciones con las demás instituciones del Estado, su visión de la política criminal y la razón por la cual consideran que pueden ocupar el cargo.
Empero, después de esta audiencia la Corte Suprema no procedió a votar para elegir la Fiscal, como algunos esperaban, y luego el tema tuvo que esperar por motivo de la vacancia judicial, que son las vacaciones de la rama, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero de 2024.
La primera Sala Plena de la Corte, en la que participan los 23 magistrados que integran la Corporación en sus diferentes salas, se reunió este año el pasado 25 de enero. En esa oportunidad la elección del presidente y el vicepresidente del alto Tribunal para 2024 figuró en el séptimo lugar del orden del día, mientras que en el octavo estaba la elección del Fiscal General.
En esa ocasión la sesión avanzó de forma expedita, determinando primero los magistrados la elección de Gerson Chaverra para presidente de la Corte y de Octavio Tejeiro para vicepresidente este año.
Luego la Sala Plena pasó a ocuparse de uno de los asuntos que por estos días concentra la atención del país, como quién será la sucesora de Francisco Barbosa. Se hizo la votación donde se presentaron 13 votos en blanco, seis por Amelia Pérez y cuatro por Luz Adriana Camargo. Ángela María Buitrago no recibió ningún voto.
Entonces se procedió, como establece el reglamento de la Corte, a una segunda ronda de votación en la que participaron las dos que obtuvieron más apoyos en la primera, es decir, Amelia Pérez y Luz Camargo.
Sin embargo, el voto en blanco fue nuevamente mayoritario porque 13 magistrados votaron en ese sentido, en tanto que Pérez y Camargo cada una alcanzó cinco votos.
Se practicó otra ronda en la cual se votó por separado por Camargo y Pérez. La primera de ellas obtuvo 5 votos contra 18 en blanco. Mientras que la segunda de estas aspirantes alcanzó 9 votos contra 14 en blanco.
Posteriormente se votó por toda la terna, con el resultado de 15 votos en blanco, 5 para Amelia Pérez, 3 para Luz Adriana Camargo y Ángela Buitrago no tuvo votos.
Hubo otras rondas más en las que fue mayoría el voto en blanco, Luz Adriana Camargo no superó los cinco votos y Amelia Pérez no pasó de nueve.
Para ser elegido Fiscal General se necesitan 16 votos, la mayoría calificada, de los 23 magistrados con los que cuenta la Corte en las salas de Casación Penal, de Casación Laboral y de Casación Civil y Agraria.
Si la Corte no elige mañana Fiscal General habrá la necesidad de uno encargado. Como consecuencia, le correspondería asumir a la actual vicefiscal, Martha Mancera, quien estaría hasta que el alto Tribunal designe al nuevo jefe del ente acusador. Este mes el 22 está programada otra Sala Plena.
Barbosa dijo que ha habido presiones del Gobierno y sus sectores políticos afines, a la Corte para que elija rápido Fiscal. “Han venido con la idea de presionar, lo vimos con mucha gravedad por lo que está ocurriendo con el magistrado Botero, que denunció unos hechos. Me parece muy grave que se presenten tutelas exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia elegir antes de que se vaya el Fiscal General de la Nación”, dijo el funcionario.
Panorama complejo
El ambiente para la elección de Fiscal General, usualmente, está marcado por la controversia desde que esta figura fue creada por la Constitución del 91, principalmente por los nombres que integran la terna que presenta el jefe de Estado de turno.
No obstante, en esta oportunidad el ambiente se nota más enrarecido por los choques que han tenido el presidente Petro y el Fiscal General, más que todo porque Francisco Barbosa ha sido crítico de la política de paz del Gobierno, pues ha dicho que no se puede sacrificar la justicia y la Constitución para lograr la desmovilización de las guerrillas y los grupos armados de alto impacto.
Barbosa, por ejemplo, dijo que el proyecto de ley de sometimiento podría favorecer para que narcotraficantes evadan la justicia.
A ello se suma que la Fiscalía investigó y acusó a Nicolás Petro, el hijo del Presidente, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por dineros que captó para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero que el joven se habría quedado con más de mil millones de pesos.
También, la Fiscalía adelanta pesquisas por el financiamiento de la campaña en 2022 que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, por presuntas irregularidades en el origen de los dineros y para establecer si los mismos fueron reportados en las cuentas que se entregaron al Consejo Nacional Electoral.
En tanto que sigue la tormenta política por las afirmaciones del presidente el pasado fin de semana, quien dijo que hay una ruptura institucional porque, según él, la Fiscalía lo investiga y aseguró que lo mismo hará con otros funcionarios como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. El mandatario dijo que lo quieren sacar del poder.
El jefe de Estado se refirió a las pesquisas que lleva a cabo la Fiscalía por un cheque por $ 500 millones que giró Fecode, el sindicato de los docentes al servicio del Estado, al Partido Colombia Humana, pero que estos recursos luego habrían sido dirigidos a la campaña, según las denuncias.
Petro dijo que “he escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido”, pero “no he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República”.
Sostuvo que “autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo”.
Agregó que “esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la Fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”.
Estas manifestaciones han sido rechazadas por varios dirigentes políticos, como el presidente del Senado, Iván Name, quien dijo que “todas las expresiones y denuncias en relación con las interpretaciones de los hechos judiciales o políticos que se presenten en nuestro país son válidas y necesarias dentro de nuestro sistema democrático. Sin embargo, la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos”.