EL MINISTERIO de Hacienda hizo llegar ayer al Congreso un cálculo de lo que costaría la polémica reforma de salud que impulsa el Gobierno. En 2024, vale $ 929.000 millones, sin la misma los gastos del sector alcanzan los $ 91,3 billones. Sin embargo, varios parlamentarios señalaron que el documento no es el aval fiscal al proyecto sino un escenario de factibilidad.

La implementación de la reforma entre 2024 y 2033 costaría cerca de $ 140 billones, según el informe del Ministerio de Hacienda.

“Si bien la reforma al sistema de salud implica mayores gastos en el corto y mediano plazo, derivados de la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo, se espera que el énfasis en la prevención se traduzca en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad”, explicó el Ministerio.

El ministro Ricardo Bonilla dijo que “lo que hemos entregado al Congreso es un documento de escenarios previsibles con base a lo que está en discusión. El sistema de salud hoy tiene dificultades, si no se hiciera reforma hay que resolverlas y ahí tenemos escenarios con y sin la reforma a la salud”.

Agregó el funcionario que “este texto de estimaciones está relacionado con ajustes de lo que ya salió aprobado tanto en la Comisión de Cámara, como en la plenaria. El costo final de la reforma a la salud se sabrá cuando termine el cuarto debate en el Congreso”, precisó el titular de Hacienda.

De mal recibo

Los partidos de oposición e independientes reprobaron que el Gobierno a estas alturas del debate siga pendiente de entregar el aval del impacto financiero de la reforma y, en cambio, lo que hizo llegar previo a que iniciara la votación del proyecto ayer fue un escenario de factibilidad.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que “radicaron en Cámara un escenario de factibilidad ‒no aval fiscal‒ sobre la reforma a la salud. Curiosamente, no lo firma Ricardo Bonilla, sino su viceministra. Además, plantea que la reforma reducirá el gasto en salud como proporción del PIB, en contra de la evidencia”.

Agregó el parlamentario de oposición que “según escenario de factibilidad del Ministerio de Hacienda sobre reforma a la salud, su implementación costará a los colombianos $ 140 billones entre 2024 y 2033. Eso corresponde a 6 o 7 reformas tributarias. ¿De dónde saldrán esos recursos para un sistema de salud estatizado?”.

Por su lado, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, manifestó que “el documento no se constituye por sí mismo como un aval ni está firmado por el ministro de Hacienda ni autoriza expresamente la aprobación del proyecto porque solo se conoce una aproximación del costo que no se ajusta a la realidad del sector salud”.

Expresó la parlamentaria que “confirmo mi denuncia de que los coordinadores ponentes nunca tuvieron los estudios para determinar los costos de la reforma. Ayer (lunes) se aprobaron los artículos 61 y 62 desconociendo que estos fomentan la inflexibilidad del gasto”.

Añadió que “dadas las limitaciones presentadas ni siquiera hay un escenario de factibilidad, sino de prefactibilidad por falta de información y de costos que no se han calculado”.

Por su parte el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, dijo que “Cámara continuó votando la reforma a la salud a pesar de no existir el aval financiero del Ministerio de Hacienda y que en el mismo análisis del Gobierno se expresa la desfinanciación de varios objetivos de la reforma”.

Se aprobaron más artículos

En la sesión ayer de la plenaria de Cámara se aprobaron 12 artículos más de la reforma, luego de que se negara una proposición para aplazar el debate porque, por un lado, no ha llegado el aval fiscal al proyecto por parte del Ministerio de Hacienda y, por el otro, sigue sin resolver la Comisión de Ética la recusación contra 15 parlamentarios de la Alianza Verde, lo que no les ha permitió participar en la discusión, como también sucedió el pasado martes.

En primer término, fueron aprobados los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 18.

El artículo 9 es uno de los claves de la reforma, pues le da vida al CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud), la unidad polifuncional de carácter público, privado o mixto y puerta de entrada de la población al sistema.

Quienes se oponen al proyecto señalan que no es posible que en dos años de transición de la reforma se logre conformar el número de CAPS por territorios de 20.000 habitantes. Además, de que se pierde la libertad de las personas de escoger quién presta el servicio, como sucede hoy con las IPS, por mediación de las EPS.

La iniciativa establece que “todas las personas, sus familias y hogares deberán estar adscritos a un CAPS de su preferencia en función de su lugar de residencia. Para la adscripción se deberán cumplir criterios de contigüidad, cercanía y accesibilidad geográfica que serán reglamentados por el Ministerio de Salud”.

El artículo 10 aprobado establece la estructura y funciones de los CAPS. Mientras que en los artículos 12, 13 y 14 se fija que la prestación de servicios se hará a través de redes integrales e integradas, los criterios determinantes de estas, así como su organización y conformación.

En tanto que el artículo 18 dice que el Ministerio de Salud reglamentará el sistema de referencia y contrarreferencia en el marco de la operación de las redes integrales e integradas de servicios de salud.

También fueron aprobados los artículos 19, 20, 22, 24, 25 y 26.

El artículo 19 establece los servicios y tecnologías de salud en el modelo preventivo, predictivo y resolutivo. El artículo 20 es acerca de servicios farmacéuticos. El artículo 22 se refiere a la prestación de servicios especializados para personas con enfermedades raras y su prevención.

El artículo 24 establece la coordinación regional de las redes, como una instancia funcional de las entidades territoriales que la conforman. El artículo 25 se refiere a la coordinación departamental o distrital de las redes. Y el artículo 26 contempla la creación del consejo asesor de planeación y evaluación de las redes integradas e integrales.

La plenaria de la Cámara fue citada hoy para seguir la votación de los más de 30 artículos que quedan pendientes de la Reforma.

Más reparos

Mientras que avanza la aprobación de la reforma en la Cámara, se oyeron ayer más voces de alerta y preocupación por los efectos negativos que tendría.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que “la reforma a la salud va a quebrar el sistema: elimina los incentivos al control de costos, estimula la facturación por evento, debilita las auditorías, desvía los recursos del aseguramiento hacia subsidios de oferta”.

Agregó que el sistema tendrá que ajustarse a la fuerza, “¿cómo? Excluyendo a los pacientes más pobres de medicamentos y procedimientos”.

Por el contrario, el expresidente Álvaro Uribe, quien como senador fue uno de los impulsores de la Ley 100 de 1993 que dio vida al sistema que hasta hoy existe, dijo que “de acuerdo con el texto de la Cámara son entre 800 y 900 millones de facturas al año en el sistema de salud”. Por ello se preguntó si “¿se acaban las auditorías previas a cargo de aseguradores o EPS, se debilitan las auditorías concurrentes, quedan unas auditorías a cargo del Estado, va a poder el Estado con ese número de facturas, cuando se va a entregar el 85% del dinero sin una auditoría previa?”.

Añadió que “y se podrá también conseguir otras auditorías privadas por las cuales van a pagar un platal. Esto es destructor del sistema, $ 60 billones que pueden ser entregados sin ninguna auditoría previa”.

El presidente Petro le respondió a Uribe por la red X que “esto no es cierto. Habrá auditoría al 100% de las facturas de las IPS y lo harán las EPS. Pero adicionalmente, si toda la facturación se sube a blockchain y el tarifario de precios es público, cualquier ciudadano podrá auditar las cuentas de los pagos de Adres”.