LA NUEVA Política de Seguridad, Defensa y Convivencia lanzada por el gobierno Petro preocupa no solo por la reducción del pie de fuerza de las Fuerzas Militares y por considerar que Venezuela no es una amenaza, sino porque no se cuenta con una política de fronteras fuerte y, además, debería tener un perfil más técnico y menos ideológico.
Como se sabe, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, lanzó esa Política la semana pasada (ver recuadro). EL NUEVO SIGLO habló con varios expertos en torno a los énfasis de la misma y los resultados que busca. Para ello se consultó al director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga, Carlos Augusto Chacón Monsalve; al director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, así como al presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares, general (r) José Francisco Forero Montealegre.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión tiene de la nueva Política de Seguridad del Gobierno Nacional?
CARLOS AUGUSTO CHACÓN: Muy importante que el Gobierno haya sacado esta Política. Sin embargo, vemos con preocupación algunos aspectos.
El primero de ellos es que hay una serie de confusiones conceptuales respecto a distintos fenómenos que afectan la seguridad del país, especialmente frente a la caracterización de los grupos criminales; la incorporación del concepto de Seguridad Humana a partir del discurso presidencial, no como un concepto que puede operacionalizar en el marco de las acciones que el Estado debe desplegar para proteger a la sociedad.
Lo siguiente es que no hay mucha claridad respecto a la armonización que trae esta política con la política de “paz total”, con la Ley de Sometimiento (a la justicia de bandas multicrimen) que termine aprobando el Congreso de la República y con el Plan de Desarrollo. Entonces, es necesario esperar que una vez los otros documentos sean aprobados, se establezcan cuáles van a ser los canales de articulación para garantizar efectividad.
Hay unas premisas ideológicas muy fuertes en un documento que uno esperaría tenga un carácter más técnico, más profundo, menos ideológico, considerando las dinámicas de violencia, las economías ilegales y las características de los grupos criminales.
Y, por otro lado, vemos con alguna preocupación que si bien se menciona que este documento fue construido con la participación de diferentes actores y sectores, en el caso del Instituto de Ciencia Política formulamos una serie de recomendaciones para la Defensa Nacional, la Seguridad Humana y la Comisión de Paz, pero en el documento no vemos reflejada ninguna de estas recomendaciones de manera estructural o transversal que permita establecer que es una política que va a responder a los desafíos que tiene el país en materia de seguridad.
ENS: ¿El tema Venezuela?
CAC: Preocupa también de alguna manera que una de las variables más importantes es considerar a Venezuela no como una amenaza, a pesar de que estamos viendo la situación política pero sobre todo el nivel de criminalización que ha vivido esa nación y la manera en que los estamentos militares y políticos de ese país conviven y cooperan con grupos criminales que delinquen en ambos lados de la frontera. Uno esperaría que eso sea reconocido como una amenaza para la seguridad y la defensa nacional.
ENS: ¿En este plan se reconoce que se deben fortalecer las Fuerzas Militares y la Policía?
CAC: Hay que modernizar a la Fuerza Pública, entender que necesita unas capacidades de despliegue para combatir a todos los grupos y garantizar que tanto el gobierno, antes de concesiones para los grupos criminales, y las Fuerzas Militares ejerzan presión contra aquellos que no se han decidido entrar a negociar. Debe garantizarse que estas tengan la capacidad de responder inmediatamente en caso de que se rompan los ceses al fuego y cuando haya violaciones comprobadas contra la población civil. Eso es claramente una necesidad.
Indudablemente la Política de Paz y Seguridad, hay que decirlo, recoge muchos elementos como premisas fundamentales y están planteados en términos generales de manera adecuada. Pero es muy difícil que usted tenga una política de Seguridad y Defensa sin tener claros los protocolos de negociación con esos grupos y cómo va a proteger de manera efectiva a la población civil, cómo va a enfrentar a esos grupos y si les sigue dando reconocimiento político a organizaciones eminentemente dedicadas al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales o la tala ilegal.
ENS: ¿Esos grupos armados no están ubicados en un sector determinado para su georreferenciación y, prueba de ello, es que están delinquiendo en distintas partes, tal como lo denuncian autoridades del Meta en el corredor del Sumapaz?
CAC: Exactamente, y además se necesita caracterizar muy bien a estos grupos. Cuando se habla de ceses multilaterales al fuego se impone un desafío operativo muy grande, porque cómo se verifica cuál es el grupo que efectivamente violó el cese al fuego. Está muy bien la intención del Gobierno, pero esto tiene que venir acompañado de una serie de protocolos, de mecanismos y de acciones concretas de despliegue y capacidades para canalizar que lo que se empieza a negociar se va cumpliendo.
Mientras usted no lo haga, los grupos van a seguir buscando ventaja estratégica para seguir controlando el territorio, las economías ilegales, crecer y tener corredores estratégicos para moverse por el país. Se debe tener claro desde un principio dónde operan efectivamente, cuántos hombres tienen en armas, cuántos hombres tienen en las redes de apoyo, cuáles son las economías (ilegales que manejan) y cuáles son los posibles aliados que puedan tener. Esto implica un despliegue sostenido, racional, inteligente y complejo de todo el aparato institucional para enfrentar estas economías ilícitas y a estos grupos criminales.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué destaca de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia?
NÉSTOR ROSANÍA: Tres puntos principales. Lo primero es que intenta demostrar una doctrina del enemigo interno, que ha sido una constante de las políticas de seguridad en Colombia desde hace más de 40 años y que es un rezago propio de la ‘guerra fría’ y que, finalmente, eso llevó a una cantidad de persecuciones políticas de parte de la Fuerza Pública, y lo último fueron las ‘chuzadas’ a periodistas, políticos de oposición y líderes de los derechos humanos.
Lo segundo es que refuerza el tema de los derechos humanos como una brújula en las Fuerzas Militares. Históricamente han visto el tema de los derechos humanos como una camisa de fuerza en términos operacionales, pero hoy (las FF.MM.) están en la OTAN y como miembros observadores de la paz. En esta política se deja muy claro que la guía y el norte en términos operacionales tiene que ser la protección y la no violación de los derechos humanos.
Lo tercero es que también aborda un criterio que es histórico a raíz de lo del 11 de septiembre, y en política, que es el concepto de terrorismo. El terrorismo es una categoría política y no una categoría de seguridad. Entonces, esta nueva política desmonta ese concepto y más bien pone lo que siguió en salvaguardar los recursos naturales, la protección de la vida de las comunidades y le da un enfoque como una política de Seguridad Humana.
ENS: ¿Qué dice la nueva Política de Seguridad sobre temas como las fronteras y, en especial, Venezuela?
NR: Hay dos enfoques que son importantes. El primero, hay una exigencia desde hace muchos años al Estado colombiano en su totalidad: que Colombia carece de un plan de fronteras, que sería un plan integral. La única presencia fronteriza mínima colombiana es que de vez en cuando pasa la Infantería de Marina o alguna patrulla militar, pero no hay una presencia robusta de la institucionalidad en términos culturales, de salud, de educación o de infraestructura.
Entonces, las fronteras están abandonadas, y si no hay presencia de autoridad aparece un grupo armado ilegal. Se deben tener más recursos para ese plan fronteras.
De otro lado, la zona de frontera se convirtió en una retaguardia estratégica de todos los grupos armados y en especial en la venezolana por todo lo que pasa ahí. Pero también en la frontera con Ecuador, que había estado alejada de los problemas del narcotráfico en el conflicto; era como una isla, en donde no pasaba nada. Pero ahora Ecuador declaró un estado de emergencia contra el terrorismo, contra ocho bandas y en este momento está en crisis en materia de seguridad. Y cuando mira el tema, encuentra que es el conflicto armado en Colombia que se desbordó, pasó la frontera y se metió en ese país. El 70 % de la cocaína de Colombia, que es el primer productor en el mundo, pasa por esa frontera.
Entonces, el gobierno Petro debe tener un vínculo con Ecuador para trabajar en la seguridad de la frontera. En la protección de la Amazonía, el país que lidera es Brasil y se debe fortalecer ese trabajo.
ENS: ¿El cese al fuego bilateral cómo lo ve?
NR: El comandante de las Fuerzas Militares sacó una cartilla, no la he visto físicamente, sobre términos operacionales en el contexto de “paz total”, que registra una metodología para avanzar en las operaciones. Lo que me dicen es que la cartilla señala cómo accionar con grupos que están dentro del contexto de “paz total” y hay temas articulados con la oficina del alto comisionado de Paz. También sobre cómo actuar frente a grupos del crimen organizado que no se acogieron a la iniciativa de la “paz total” y que siguen delinquiendo. Pero lo interesante es que escuché a unos militares, en una charla, que había que tener cuidado con los grupos que están en los diálogos y no parar contra los grupos que están operando.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evalúa la nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia?
JOSÉ FRANCISCO FORERO MONTEALEGRE: En este momento estamos haciendo un análisis detallado y le puedo adelantar algunas cosas que hemos podido estudiar. Esta política se enmarca dentro de la Seguridad Humana, donde la prioridad que ha dado como línea de acción el presidente Petro es la de garantizar la vida para la paz. Son los principios rectores que siempre se han tenido dentro de las Fuerzas Militares y la Policía para afrontar, en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la amenaza violenta. Obviamente, junto a proteger, diferenciar, priorizar, prevenir y legitimar nuestro actuar en procesos que tienen que ver con la seguridad y defensa del país. Todo está dentro del marco constitucional y es un deber. Analizamos que los cuatro objetivos específicos que ha planteado la nueva política están encaminados a definir la política que él (el presidente) ha querido sembrar.
Dentro de todo lo que nosotros analizamos, hay una estrategia que nos preocupa mucho y es el tema del pie de fuerza.
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ENS: ¿Por qué?
JFFM: El control territorial se recupera y se mantiene con la bota del soldado y la del policía. Realmente ellos son las personas que han sido formadas, capacitadas y con un entrenamiento permanente para hacer esa actividad. Y dentro de esta nueva política está el cambio del servicio militar hacia el servicio social. En ese tema hay una gran preocupación. Vuelvo y repito: si nosotros los oficiales nos demoramos cuatro años en formarnos y permanentemente estamos en capacitación para mantener la relación con la ciudadanía, entonces dónde van a formar y capacitar a esas personas que van a cumplir con el servicio social como un reemplazo del servicio militar.
Claro, la base, que son nuestros soldados, tiene una formación y están bajo la tutela de un oficial y un suboficial que han tenido una formación militar o policial y una capacitación permanente en temas de derechos humanos, DIH, relaciones personales y temas jurídicos, entre otros. Todo eso que hace que uno tenga la capacidad de hacer esa interrelación.
(El cambio al servicio social) es la mayor preocupación que hasta ahora hemos detectado dentro del desarrollo de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia. Por supuesto que hay muchas más preguntas. Nosotros acatamos la Constitución y la Ley, y acatamos todo lo que venga del comandante supremo, que en este caso es el presidente de la República.
ENS: ¿Cómo controlar los ceses al fuego?
JFFM: Una de las estrategias que han querido generar los diálogos a través del asesoramiento de la mesa técnica, es esa. Es decir, darles a los grupos armados ilegales un espacio georreferenciado para que ellos estén ahí y a quien no esté ahí, obviamente aplicarle todo el peso de la ley, a través de las Fuerzas Militares y la Policía.
Pero el señor ministro de Defensa, durante el lanzamiento de la nueva política, dijo que quien no se acoja será reprimido o será atacado por las fuerzas del orden. Ahí es donde uno tiene que interpretar lo que está diciendo el titular de la cartera de Defensa.
ENS: ¿Hay riesgo de pérdida del control territorial?
JFFM:- La pérdida del control territorial hace que la seguridad del país cada vez se debilite más y la tranquilidad de la sociedad, obviamente, se pierda. La zozobra en el campo es muy grande, precisamente porque, si queremos entrar a negociar, hay que saber quiénes están levantados en armas, quiénes están delinquiendo en estos territorios, qué quieren hablar de paz con el Gobierno, por qué no se concentran. Entonces, el actuar de las Fuerzas Armadas va a ser supremamente complicado, porque tener un soldado o un policía en cada metro es muy difícil.
ENS: ¿Qué pasa con el cese al fuego bilateral, si no se sabe dónde están los grupos armados al margen de la ley que están dialogando con el Gobierno?
JFFM: Hoy no tenemos ese documento con el Eln. Si no se pueden concentrar y/o agrupar en una georreferenciación puntual, es supremamente difícil, porque tampoco están todavía los protocolos conocidos para que se pueda realmente llevar a cabo esa actividad.
Creería que las Fuerzas Militares, a través de los diferentes comandos, están trabajando, diseñando y proponiéndole al Gobierno los elementos para que en sus mesas de diálogo se pueda ejecutar ese ejercicio. Considero que el cese al fuego bilateral es no solo sobre las confrontaciones armadas, sino también de las hostilidades que esos grupos armados ilegales pueden generar contra la población. Intimidar también es complicado. No solamente es el uso de las armas, la presencia (ilegal) también genera intimidación. Creería que ese es uno de los factores que deben pactarse (en los ceses al fuego) para generar tranquilidad.
La nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana busca proteger la vida de todas y todos los habitantes del país, mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, y la recuperación del control del territorio para liberar a las sociedades de las violencias.
Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tiene cuatro objetivos:
- Proveer condiciones de seguridad para la vida, la integridad personal y el patrimonio
Se pretende proveer condiciones seguridad y protección para la vida de los ciudadanos y para ello se utilizarán siete estrategias como: aportar a la paz total, desarticular las organizaciones armadas, hacer priorización territorial, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, articulación entre nación y territorio, y fortalecer la seguridad de poblaciones vulnerables.
- Contener la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad
Aquí la nueva política plantea tres estrategias: proteger y preservar la biodiversidad, contribuir a la gestión del cambio climático y a la protección del medio ambiente, y luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.
- Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional
Este objetivo tiene que ver con la integridad territorial y soberanía, por lo que se plantean las siguientes estrategias: lograr una defensa integral del territorio, impulsar una agenda internacional del Sector de Seguridad y Defensa, formular una ley de defensa y seguridad fronteriza, formular una ley de seguridad nacional y actualizar la ley de defensa nacional, y finalmente proteger la infraestructura estratégica-crítica.
- Fortalecer a la Fuerza Pública en su talento humano, su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios
El cuarto objetivo busca el bienestar de todos los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública, a través de una estrategia para fortalecer la legitimidad de las Fuerzas (integridad, transparencia, derechos humanos y género); otra estrategia es avanzar en el proceso de transformación de la Policía Nacional, apoyar los procesos de transformación de los territorios y gestión del riesgo de desastres.