Las versiones encontradas de testigos constituyen el principal reto que enfrenta la Corte Suprema de Justicia para entrar a definir la situación jurídica del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que le adelanta por supuesta manipulación de testigos.
Aunque el Jefe del Centro Democrático ya rindió interrogatorio en octubre del año pasado ante la Sala de Instrucción del alto Tribunal, el proceso ha enfrentado varias dilaciones, como la recusación a la magistrada Cristina Lombana, quien finalmente fue apartada del caso y reemplazada por el togado César Augusto Reyes Medina.
Reyes asumió el proceso el 20 de mayo y el jueves pasado su ponencia comenzó a ser discutida por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y Héctor Javier Alarcón Granobles, presidente de la Sala.
Debido a que se trata de un expediente voluminoso, la Sala decidió aplazar su decisión para el jueves de la semana entrante.
Simultaneo al proceso de Uribe -en el que también está vinculado el representante por el Huila, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático-, en el Juzgado 68 Penal con función de Control de Garantías de Bogotá avanza el proceso en contra de los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz.
A los dos juristas, la Fiscalía los acusa de soborno en actuación penal y fraude procesal, pues dice el ente acusador que intentaron manipular a dos exparamilitares para que cambiaran su testimonio con el fin de favorecer al Expresidente en su proceso ante la Corte Suprema.
Aunque son dos casos penales distintos, pero que implica a los mismos testigos, es claro que ambos procesos tienen “la misma base fáctica” por tanto, la suerte jurídica de Cadena podría incidir en el proceso contra Uribe Vélez. “Mi labor es defender a Cadena, pero si eso favorece a Uribe de rebote, eso es otra cosa”, le aseguró a EL NUEVO SIGLO el abogado Iván Cancino, defensor de Cadena.
Justamente en este proceso, la Fiscalía ya destapó sus cartas argumentando que los abogados Cadena y Salazar ofrecieron beneficios a dos exparamilitares para que beneficiaran con su testimonio a Uribe Vélez.
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A uno de ellos, Carlos Enrique Vélez, los dos abogados le habrían ofrecido $200 millones pero solo alcanzaron a entregarle $48 millones a través de varios familiares.
Cancino, no obstante, asegura que tiene cómo probar que solo se entregaron $7 millones como “ayuda humanitaria”, y que hay recibos con firma y cédula.
Al otro ‘expara’, Juan Guillermo Monsalve, Cadena le habría ofrecido -según la Fiscalía-, la posibilidad de ser admitido en la JEP pues tiene una condena a 40 años de prisión.
El lunes 3 de agosto será la audiencia en la que podrá intervenir la defensa de los dos juristas, mientras que ayer lo hicieron el abogado de las víctimas y el agente de la Procuraduría General de la Nación.
El abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda en su calidad de víctima, después de hacer un amplio recuento de todo el proceso, consideró que Cadena y Salazar “deben ser cobijados con medida de aseguramiento intramural”, pues dijo que “hay peligro de obstrucción, de fuga o de peligro para las víctimas”.
Incluso, le pidió al juez del caso que si les dicta detención domiciliaria, “que sea mientras pasa la pandemia y después los envíe a un centro de reclusión”.
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Por su parte, la delegada del Ministerio Público avaló la solicitud de detención domiciliaria que pidió la Fiscalía, pues consideró que “existe inferencia razonable” en la intención de los dos abogados de manipular a los testigos en favor del Senador y Expresidente.
En la recta final
Planteadas así las cosas, la audiencia del lunes entrante donde la defensa de Diego Cadena mostrará sus cartas para “demostrar la debilidad” de las pruebas de la Fiscalía, será determinante para que el juez tome una decisión de fondo.
Y “de rebote”, como dice Cancino, cualquier decisión en los juzgados del Complejo Judicial de Paloquemao podría incidir en el proceso de Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Allí, la Sala Plena de la Sala Especial de Instrucción tomará la decisión final contra Uribe y Prada.
La Sala puede archivar el proceso o determinar que la investigación debe continuar, caso en el cual tendrá que decir si los dos dirigentes políticos pueden hacerlo en libertad o si, eventualmente, les dicta medida de aseguramiento.
Falsos testigos
Sin embargo, la Sala de Instrucción tendrá que evaluar la veracidad de los testimonios de Vélez y Monsalve, de quienes se dice que en otros procesos han cambiado sus versiones.
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Extraoficialmente se ha dicho que el abogado Iván Cancino, apoderado de Diego Cadena, revelará dos audios en los cuales demostraría que su cliente “fue engañado” por los apoderados de Vélez.
Una versión radial indica que los audios fueron grabados por la esposa de Monsalve en mayo de año 2019. Allí, de acuerdo con la versión periodística, se escucha a Héctor Romero, abogado de Monsalve, decirle a Cadena que nunca se habló de ofrecimiento de dinero a cambio de una versión en favor de Uribe.
Cancino le dijo a este Diario que tiene cómo desvirtuar la oferta que supuestamente le habría hecho su cliente a Monsalve para que cambie su versión en favor de Uribe.
En cualquier caso, el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe Vélez, confió en que la Sala de Instrucción ordene el jueves entrante la preclusión del proceso en favor de los congresistas del Centro Democrático.
Granados dijo ayer en un comunicado que “frente a lo que se ha hecho público en el caso del abogado Diego Cadena ha quedado claro que en nada el Presidente tuvo conocimiento de lo que a él se le ha imputado, ni la autorizó en consecuencia”.