Uno de los mayores dolores de cabeza de los gobernadores y alcaldes electos que comienzan el mandato el próximo 1° de enero son los impactos que se esperan por el fenómeno de El Niño, debido a la escasez de lluvias que les va a tocar atender a ellos de entrada, porque los pronósticos dicen que la parte más fuerte de este patrón climático se sentirá en el primer trimestre.

El primer reto que enfrentarán los nuevos alcaldes distritales y municipales será la atención de la emergencia en lo que tiene que ver con acceso al agua, porque la reducción drástica de lluvias por este fenómeno implicará que el suministro se verá reducido, afectando a la comunidad.

Entonces, las administraciones se verían inevitablemente abocadas a tomar medidas para ahorrar el preciado líquido, como hacer cortes del servicio por horas y prohibir usos no esenciales, como lavar carros y regar jardines. La dureza de las restricciones dependerá de la intensidad del fenómeno y del nivel de los ríos y embalses.

El reto de los alcaldes será hacer rendir lo más que se pueda el agua disponible y que se emplee básicamente para consumo humano. No se descarta la necesidad del suministro en carrotanques en barrios, hospitales, cárceles, colegios y universidades.

También se prevé un impacto importante en el área sanitaria por la falta de lluvias y las altas temperaturas, lo que constituye un caldo de cultivo para la propagación de algunas  enfermedades, como malaria y dengue, así como de tipo respiratorio.

Igualmente, es muy probable la ocurrencia de incendios forestales por la sequía y altas temperaturas, por lo que gobernadores y alcaldes deben velar que los consejos y comités departamentales y municipales de gestión de riesgo estén plenamente activos, y coordinar con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la pronta atención para apagar las conflagraciones.  

En esta materia también hay que hacer un trabajo de estructuración y seguimiento por parte de los nuevos gobernantes territoriales para montar los operativos con los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, las Fuerzas Militares, la Policía, las corporaciones autónomas y la misma comunidad. 

Efectos en la economía

Se prevé que el fenómeno de El Niño impactará el sector agrícola afectando el ciclo de cosechas y la producción. Ello necesariamente encarecerá muchos alimentos y podría disparar la inflación, coincidiendo con que al principio del año la economía de las familias se ve golpeada por las matrículas en colegios y universidades, al igual que por el acostumbrado aumento en el valor de bienes y servicios en esta época. 

Esa situación complicaría mucho el panorama social para los nuevos gobernadores y alcaldes, en un momento en que, si bien la tasa de pobreza se ha reducido después de la pandemia, en cambio la inseguridad alimentaria ha crecido en el país.

El 30 % de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos en un informe que presentó en febrero pasado.

En ese sentido será más complicado para los gobernadores y alcaldes de las regiones más pobres atender una eventual crisis alimentaria provocada por el fenómeno de El Niño, que, por ejemplo, en Bogotá y Antioquia podrían entregar ayudas como kits alimentarios y bonos a las poblaciones más afectadas.

Por ello será necesario también que el Gobierno nacional dé la mano en las distintas regiones para hacer frente a esta situación.

Incluso, el fenómeno de El Niño podría derivar en el incremento de las tarifas en los servicios de acueducto y energía, agravando la situación de la economía familiar. Se esperaría que en esta situación el Gobierno nacional entre a colaborar con subsidios.

Declarar emergencia

Algunos de los mandatarios elegidos el pasado 29 de octubre han manifestado su preocupación, porque piensan que el Gobierno nacional no le ha puesto la suficiente atención a la grave situación que podría traer el fenómeno de El Niño, que comenzó oficialmente a principios de noviembre pasado, pero que su etapa más fuerte se sentiría en el primer semestre de 2024.

Por ello, varios han manifestado que debería pensarse en declarar el estado de emergencia económica, social y ambiental para permitirles a los nuevos mandatarios –que vale señalar entran con la ‘olla raspada’ en materia presupuestal– direccionar recursos de manera urgente y hacer contratación directa para poder asistir a las personas que ya se ven afectadas por este fenómeno climático.

Otra vía que tendrían los entrantes gobernadores y alcaldes para enfrentar de manera expedita las afectaciones que produzca el fenómeno de El Niño es que para contratar se acuda a figuras como la urgencia manifiesta o la calamidad pública.

No obstante, ello implica un alto riesgo de corrupción, porque la contratación bajo esas figuras se puede hacer de manera directa para ganar tiempo en la formalización de los convenios y su ejecución.

Entonces, gobernadores y alcaldes tendrán que mostrar desde el comienzo de sus administraciones el compromiso en la lucha contra la corrupción y que no se presenten contrataciones amañadas, como se vio durante la pandemia del covid-19, cuando varios mandatarios territoriales se aprovecharon de la calamidad pública para la entrega de paquetes de alimentos inflando el costo de los productos, por lo cual han sido investigados y algunos ya están condenados en materia penal y disciplinaria.

Disposición fiscal

Muchos dirigentes han señalado en distintas regiones que se requiere que el Gobierno haga una mayor transferencia de recursos para que gobernadores y alcaldes puedan financiar Umatas, también estrategias locales muy focalizadas en temas agrarios, de riego, de ampliación de servicios públicos, de reconexión de agua, de reciclaje de agua, entre otros.

Crecimiento

Una de las mayores preocupaciones por el fenómeno de El Niño es cómo afectará el crecimiento económico de los departamentos, municipios y distritos, que de por sí viene muy golpeado este año, como lo muestran las cifras del DANE que evidencian que la economía ha crecido el 1 % a nivel nacional, pero en muchas regiones es menor a esta cifra.

Un menor dinamismo de la economía reduce la producción y el consumo, hay menos rendimientos en los hogares, crece el desempleo, entre otras consecuencias.

Por otro lado, la desaceleración de la economía implica un bajón en los ingresos de los fiscos departamentales, distritales y municipales por vía de impuestos como industria y comercio, y como consecuencia los gobernadores y alcaldes contarían con menos recursos para atender la emergencia provocada por el fenómeno climático.