LA POLÍTICA antidrogas del Gobierno sufrió un revés porque ayer el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que votará en contra de la iniciativa en el Consejo Nacional de Política Criminal, debido a que concluye que los objetivos y estrategias de esta no son eficientes para la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

Barbosa Delgado puso de manifiesto que, por primera vez en 30 años, la Fiscalía emitirá voto negativo en el Consejo Nacional de Política Criminal a la política antidrogas de un gobierno.

“Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años, de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que deben tener en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, enfatizó.

El Fiscal General de la Nación indicó que la entidad comparte la idea del Gobierno Nacional de no perseguir a cultivadores o consumidores, pero es consciente que se debe formular estrategias de fondo que permitan impactar el fenómeno del narcotráfico de manera integral.

“Se han entregado 7.000 millones de dólares a la SAE (Sociedad de Activos Especiales), es decir, 28 billones de pesos. Obviamente, esa es una tarea que combina de forma importante todo lo relativo a la persecución penal y, al mismo tiempo, la persecución que debe existir frente a los bienes porque sí le quitamos los bienes a los mafiosos y narcotraficantes, y a los criminales”.

Añadió el Fiscal General que “no habrá resolución alguna que me cambie el lenguaje ni me cambie lo que yo pienso de esas personas. A esos criminales hay que tocarles los bienes porque es la mejor manera de romper lo que yo he llamado los corredores regionales y transnacionales de criminalidad”.

En medio de sus observaciones, el fiscal Barbosa reiteró el compromiso institucional de apoyar los caminos que conduzcan a la paz, siempre en el marco de la Constitución y la ley.

“Somos amigos entonces de una paz total, pero también somos amigos de las víctimas, somos amigos de los derechos humanos, somos amigos de la justicia y somos creyentes de que la verdadera alternativa tiene que ser la de poder equilibrar las políticas de orden público, y de garantía de la seguridad como un factor determinante y principio constitucional”, recalcó Barbosa.

El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos sobre todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de la República, sin embargo, no son vinculantes. Es decir, no son de obligatorio cumplimiento.

Integran este organismo el Ministro de Justicia, quien lo presidirá, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el Ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Director de la Policía, el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Así mismo, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Director General del Departamento Nacional de Planeación, dos senadores y cuatro representantes a las comisiones Primera y Segunda.

Este pronunciamiento de la Fiscalía se da una semana después de que Estados Unidos hubiera anunciado que este año no revelará su reporte anual referente a la extensión de cultivos ilícitos en Colombia. En el estudio que presentó el año pasado, cifró en 234.000 hectáreas, con corte al 2021.

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Luego de conocerse la suspensión del monitoreo por parte de Estados Unidos a los cultivos de coca, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que “trabajamos con todos en la elaboración de la política de drogas que, con toda seguridad, va a ser exitosa y va a lograr cambiar el rostro del país en esa materia. Estamos listos para presentarle la política antidrogas al país a finales de este mes de julio a las primeras semanas de agosto”.

Responde el Gobierno

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, defendió la política antidrogas del Gobierno, dijo que tiene otra visión frente a lo que se ha hecho hasta el momento.

“Hay otra visión de la política antidrogas. Aquí siempre se ha tenido una visión de interdicción, o sea, cómo fumigar a los campesinos, y eso puede ser parte en algún momento, como golpear, digamos, la cadena más débil del eslabón”, señaló el ministro del Interior.

Agregó que “le pido a los colombianos que revisen las incautaciones en Colombia y en el extranjero que con colaboración del Gobierno colombiano se han hecho. Estamos golpeando en la estructura financiera de los grandes carteles. Yo sé que a alguna gente le gustan más unos helicópteros ametrallando cultivos. Nosotros estamos tratando de enfrentarnos a la estructura financiera de estos grandes carteles. Estamos hablando de sustitución, estamos hablando de abrirle otro tipo de posibilidad”.

Añadió que “es probable que esa sea la diferencia de opiniones que tengamos con la Fiscalía. Pues respetamos y haremos el debate, y el ministro de Justicia dará ese debate en el espacio donde el señor fiscal lo proponga”.