Con un foro temático, que se realizará de forma virtual este miércoles, la Comisión Segunda del Senado retomará la discusión del proyecto de ley gubernamental por medio del cual se ratifica el Acuerdo de Escazú que firmó Colombia, que tiene que ver con asuntos ambientales en materia de acceso a la información y a la justicia, así como participación pública en los procesos de toma de decisiones.
El senador Juan Diego Gómez, uno de los coordinadores ponentes de esta iniciativa, anticipó la semana anterior a EL NUEVO SIGLO que "lo único que nos falta es un foro temático que se iba a hacer en la ciudad de Medellín, pero esta ciudad tiene muchas restricciones por la pandemia.
De manera que creo que ese foro será virtual y ahí decidimos qué día, pasado el foro, lo llevamos a la discusión en las comisiones”.
La ratificación por parte de Colombia de este Acuerdo está enredada en el Congreso por la polémica que ha generado el texto del mismo, pues si bien los ambientalistas del país lo reciben con beneplácito porque es una herramienta más a nivel continental para la protección de los recursos naturales y de las personas defensoras de los mismos, algunos sectores industriales y de la producción consideran que puede terminar siendo una talanquera para la realización de proyectos de desarrollo.
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El Tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor a finales de abril pasado al lograr 12 estados parte que lo ratificaron, aunque hay pendiente de hacerlo varios más, entre los cuales se cuenta a Colombia.
En septiembre pasado, durante su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú”, recordando que el país lo suscribió a finales de 2019.
El respectivo proyecto fue radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio de 2020 por los ministerios de Relaciones Exteriores, TIC, Justicia, Ambiente, Interior y Cultura. Cuenta con ponencia positiva para el primer debate desde noviembre pasado.