La operatividad de los consejos de seguridad que funcionan de manera permanente pero que por lo general son convocados por el gobierno Nacional, los departamentales y los municipales después de que se producen graves hechos que afectan el orden público, quedó en entredicho por lo que manifestó en días pasados la procuradora general, Margarita Cabello, quien pidió que en estos escenarios se tomen decisiones y se ejecuten. 

Sin embargo, conocedores del tema en diferentes escenarios consultados por EL NUEVO SIGLO coincidieron en que en la mayoría de casos la efectividad de las medidas que toman las autoridades civiles, militares y policiales en los consejos de seguridad dependen de otros aspectos y que, incluso, algunos factores como la justicia tienen sus propios problemas.

No obstante, las personas consultadas coinciden en destacar que estos escenarios son necesarios para que las diferentes autoridades puedan coordinar acciones en favor de brindar seguridad a los ciudadanos. 

Por medio del Decreto Nacional 2093 de 2003 se reorganizaron los Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital. Además, se crearon los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad, fueron facultados los gobernadores para autorizar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se crearon los Comités de Orden Público.

Durante  una visita institucional que llevó a cabo el pasado 1º de octubre la procuradora Cabello en Cartagena, sostuvo mesas de trabajo con diferentes actores sociales y autoridades locales y regionales para tratar problemáticas de seguridad, ambientales y de infancia, principalmente.

La jefe del Ministerio Público dijo, tras una reunión que sostuvo con las autoridades locales acerca de los más recientes hechos de violencia en esta capital, que se realizan “muchos consejos de seguridad y pocas soluciones efectivas, se necesita que se tomen decisiones, se ejecuten y se cumplan”.

Cabello Blanco pidió hacer mayores esfuerzos para combatir la inseguridad y trabajar en articulación con los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC).

“Observé que todos explican cómo están trabajando en seguridad pero nadie me dice cómo están organizando el plan y si lo están siguiendo. El Piscc se va adecuando a las problemáticas sociales del momento y se trabaja con todas las autoridades de la región respectiva, pero yo no lo veo. En Cartagena está, pero no veo la coordinación de este plan con las estrategias de seguridad ciudadana”, dijo la procuradora.

Enfatizó que “la ciudadanía nos está reclamando soluciones en materia de seguridad y tenemos que estar a la altura de esa necesidad”.

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Algunos aportes

El exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dijo que los consejos de seguridad son instancias en las cuales se coordina un trabajo permanente con la Policía, con la Fiscalía y con las demás instituciones de seguridad y justicia. 

Agregó que de “alguna manera ese es el nivel de coordinación, pero no es la única instancia. Creo que lo más importante de los consejos de seguridad es tener la información que muestre cuáles son los problemas, tomar decisiones para solucionarlos, ejecutar esas acciones de manera coordinada y de manera permanente estar evaluando resultados".

No obstante, Acero considera que un problema que se presenta con los consejos de seguridad es que son más reactivos frente a los hechos y menos preventivos.  

"La gran mayoría de consejos de seguridad que se dan en el país, e inclusive en el Gobierno nacional, se realizan después de sucedidos los hechos", dijo. Por ejemplo, agregó, "los consejos de seguridad del Gobierno nacional (se dan) es cuando la situación está muy grave. Y creo que ahí está el error porque de hecho ya tenemos el problema, ya tenemos la enfermedad, entonces ahora miremos qué hacemos".

Por ello, Acero consideró que los consejos de seguridad deben ser instancias "preventivas, deben ser instancias de análisis y de alertas para tomar medidas antes de los hechos. Los consejos de seguridad no pueden ser instancias de reacción  después de que los hechos sucedieron o ya la situación es muy grave".

Consideró que también estos mecanismos se pueden fortalecer, "respetando la independencia de poderes”, trabajando con los jueces a través del Consejo Superior de la Judicatura para tener una mejor coordinación que permita que "tanto las acciones de seguridad como de la justicia sean efectivas a la hora de controlar los hechos de violencia y delincuencia”, aclaró Acero.

Este Diario también consultó sobre el asunto a Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios.

"Es un tema muy complejo porque la seguridad no depende exclusivamente de los alcaldes; los alcaldes son jefes de policía pero no de la policía. Los alcaldes tienen la responsabilidad del orden público local, pero definitivamente dependen de los organismos de seguridad del Estado, de los organismos de inteligencia del Estado y todo eso además requiere recursos", respondió Toro.

Sobre esto último señaló que los fondos de seguridad de los municipios en su mayoría "tienen recursos muy exiguos porque dependen de la contratación pública, y si no hay una contratación importante, el porcentaje que le corresponde a los fondos de seguridad por consiguiente es muy bajo”.

No obstante, Toro dijo que los consejos de seguridad hay que hacerlos porque es la manera de sentarse todos los responsables de brindarle la seguridad a los colombianos y buscar soluciones. Pero “a veces las soluciones no se pueden implementar con la celeridad y la eficacia que se quisiera porque este es un tema que tiene demasiados actores, y si algún actor no funciona bien pueden por ese lado frustrarse los objetivos que se trazan”, dijo.

Pero, remarcó, los consejos de seguridad son “un buen escenario para la evaluación del orden público en un municipio y para, por lo menos, animar permanentemente a todos los actores a hacer lo que les corresponda para brindar la seguridad que los colombianos necesitamos".

De igual forma, el dirigente dijo que "comparto con la procuradora general el ánimo con que su llamado de atención se hace, porque es para que definitivamente cuando haya un consejo de seguridad, todos los actores entiendan que no es un tema formal, no es un tema simplemente de trámite, sino que hay que buscar soluciones".

En tanto que el coronel (r) John Marulanda, consultor internacional en seguridad y actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), dijo que "la seguridad es responsabilidad del Ejecutivo: alcalde, gobernador y presidente. Esa es una responsabilidad primordial e inmediata del Ejecutivo de acuerdo a la Constitución en la seguridad pública y la defensa nacional.  En ese orden de ideas, sí es necesario que se tomen medidas más ejecutivas. Sin embargo, este como es un país tan legalista, necesariamente hay que consultar sobre todo el aparato legal que avale esas medidas de seguridad que se tomen".

Añadió que "allí es donde vienen los consejos de seguridad, que si bien no pueden legislar, sí tienen representantes de diferentes estamentos de uno y otro lado de los diferentes poderes del Estado para poder sacar medidas que no vayan en contra de la ley y que no vayan a plantear un gobierno autoritario".

Marulanda coincidió en que "entonces lo que dice la procuradora Cabello es el anhelo de todos los colombianos,  que se pare ya la ola de inseguridad  y que se tomen medidas efectivas. Pero ese es el pensamiento, al hecho ya hay mucha distancia".

Agregó que "entonces, por ejemplo, hay que reformar la justicia; ¿cuántos intentos de reforma a la justicia se han hecho? Mientras ese esquema de justicia no se reforme, pues va a haber ahí un caldo de cultivo para que los delincuentes ya no le tengan miedo y la justicia no intimide, no prevenga".