EN EL actual momento los gobernadores y alcaldes trabajan en los planes de desarrollo que presentarán a las asambleas y los concejos, respectivamente. Sin embargo, hay un escenario un poco diferente a lo que usualmente ocurre, debido a que por primera vez en la Casa de Nariño hay un Gobierno de izquierda, lo que podría generar algunos ‘cortocircuitos’ entre su Plan Nacional de Desarrollo y el de mandatarios regionales que se ubiquen en una orilla ideológica distinta a Gustavo Petro.

Esta situación va más allá de las diferencias políticas y algunas tensiones que de hecho ya existen entre el presidente Petro y varios mandatarios regionales que han sido críticos de su gobierno, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que son respaldados por el uribismo, pues tiene más que ver con la forma como conciben gobernar la izquierda y la derecha.

Sin caer en generalizaciones, la izquierda entiende un Estado que sea más asistencialista de la población, omnipresente y con control en varios sectores. En todo caso con la intención puesta en lograr el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

En tanto que la ideología de derecha se enfoca más en generar los espacios y las herramientas para que el propio ciudadano se desarrolle, y ello multiplicado debe llevar al bienestar del conjunto de la sociedad. Por ende, piensa en un Estado menos robusto y que intervenga solo en lo muy necesario.

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Volviendo al tema de los planes de desarrollo regionales en que trabajan los nuevos mandatarios, la Ley 152 de 1994 establece en el artículo 40 que “los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro meses del respectivo periodo del gobernador o alcalde para su aprobación”.

En tanto que el artículo 339 de la Constitución fija que “las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley”.

La concertación de que trata el artículo 339 de la Constitución procederá cuando se trate de programas y proyectos de responsabilidad compartida entre la nación y las entidades territoriales o que deban ser objeto de cofinanciación.

No obstante, la Ley 152 de 1994 indica que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia”.

Sin embargo, en este aspecto se puede decir que es letra muerta porque no existen mecanismos de control para verificar que efectivamente el plan de desarrollo de un departamento o municipio tiene en cuenta las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, o medidas para obligar que así sea.

Basta la aprobación de la asamblea o el concejo para que el plan de desarrollo departamental o municipal para el cuatrienio entre en vigor, el cual está conformado por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo, ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, fue aprobado en mayo del año pasado por el Congreso.

Las cinco grandes transformaciones que propone son ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional.

Algunos planes regionales

Una de las principales preocupaciones del gobernador Andrés Julián Rendón es la difícil situación de seguridad en varias regiones de Antioquia por la presencia de grupos armados de alto impacto y de delincuencia común.

El gobernador en el plan de desarrollo que prepara contempla la recuperación del control territorial y la seguridad con más policía y bases militares. Incluso prevé crear 10.000 frentes de seguridad urbanos y rurales como redes de apoyo a la seguridad.

En tanto que el Plan Nacional de Desarrollo tiene entre sus ejes transversales la paz total para la desarticulación de las guerrillas y grupos multicrimen, preferiblemente por medio del diálogo y la negociación.

Ahí parece presentarse un ‘cortocircuito’ porque mientras que el gobernador pretende recuperar la seguridad con la fuerza legítima del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo primero intenta hacerlo por la vía de la negociación.

Incluso ya se presentó una polémica con el Gobierno nacional por la propuesta de los frentes de seguridad.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “bajo ningún motivo debe pensarse, y creo que así lo ha expresado el señor gobernador de Antioquia, en la posibilidad de armar a los ciudadanos”.

Ante el pronunciamiento, el gobernador Rendón respondió: “El ministro está mal informado. Jamás he hablado de armar ciudadanos”.

En el caso del alcalde de Cali, Alejandro Eder, contempla en el plan de desarrollo el leasing habitacional para la compra de VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Social Prioritaria) como una herramienta para ampliar la oferta y demanda de vivienda social.

El leasing habitacional es el pago mensual, que incluye capital e intereses, que se hace sobre un inmueble a manera de arrendamiento por un tiempo determinado, donde hay la posibilidad de hacer opción de compra al final del contrato o antes.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo contempla que los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para VIS se inviertan en vivienda nueva.

Por otro lado, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, consigna en su plan de desarrollo que la mayor “fuente de ingresos en el presupuesto del departamento son los recursos provenientes de las regalías de los hidrocarburos”. No obstante, dice que esta fuente es finita, por lo cual “es necesario iniciar su sustitución progresiva como fuente de recursos del presupuesto”.

Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias. En ese sentido, el Gobierno busca a corto plazo que el país deje de depender de los recursos que recibe por petróleo y minería, y los reemplace por otras fuentes como el turismo y la agricultura.

Por ello, la administración Petro anunció que en el cuatrienio no entregará licencias para exploración de petróleo.

En contraposición la gobernadora del Meta dice que la transición a energías limpias debe ser progresiva porque hoy esa industria es la principal fuente de recursos del departamento.